El Banco de España 'encarga' a Calviño la revisión de la idoneidad de Braulio Medel

'Déjà vu' en el caso Medel. Como ocurrió hace más de 10 años, el Banco de España vuelve a delegar en un Gobierno socialista el futuro del banquero andaluz más importante de las últimas décadas: Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja.

Así, el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos ha remitido esta semana un escrito al Ministerio de Economía trasladando la petición que hizo el sindicato CIC (Confederación Intersindical de Crédito), de Unicaja Banco, para que se revise la idoneidad de Medel para ejercer su cargo. Uno de los motivos de esta solicitud es la propuesta de expediente sancionador que el Banco de España envió en dos ocasiones a la Junta de Andalucía del PSOE, en 2007 y 2009, y que acabó archivando 10 años después la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En esta ocasión, la encargada de la revisión es el equipo de su compañera de Gobierno, Nadia Calviño.

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El Banco de España justifica este envío al no considerarse competente para revisar la idoneidad de Medel. Aun así, fuentes financieras consultadas por este medio señalan que el supervisor no estaba obligado a remitir el escrito de CIC a Economía, por lo que podría estar enviando una nueva señal al ministerio liderado de Calviño.

Las mismas fuentes añaden que en Economía hay mucha preocupación por el caso Medel, que ya les llegó de forma directa por la CIC. Al equipo de Calviño le preocupa la reciente crisis institucional que ha habido en Andalucía en torno a la Fundación Unicaja, que ya ha generado una denuncia ante Anticorrupción, otra contra la Junta de Andalucía y críticas de casi todos los partidos andaluces, en especial Vox y Adelante Andalucía. Asimismo, se ha creado una plataforma denominada Salvemos Málaga, que exige la salida de Medel y que ya tiene casi 8.000 adscritos.

Polémicas

Los motivos de fondo han sido la posición de la fundación en la fusión de Unicaja Banco con Liberbank, el polémico archivo de la propuesta de expediente de las dietas de Medel y la reciente sentencia de Ausbanc, en la que se da como hechos probados que Unicaja pagó 1 millón de euros a Ausbanc mientras la asociación a la que estaba ligada, Manos Limpias, decidió pedir la desimputación de Medel en el caso de los ERE de Andalucía. Da a entender que los pagos fueron un acuerdo a cambio de liberar a Medel de la pena de banquillo en un momento clave para su futuro.

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La potencial revisión de idoneidad está actualmente sobre la mesa de la subsecretaria de Estado de Economía, Amparo López Senovilla, que fue nombrada a comienzos de 2020. Ella es la encargada de coordinar las acciones del protectorado de las fundaciones bancarias, el máximo órgano competente sobre estas instituciones que controlan entidades como CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja Banco y Unicaja Banco.

Las fuentes consultadas señalan que el protectorado es un organismo que ha pasado muy desapercibido en el sector desde que entró en funcionamiento, "quizá por escasez de recursos dentro del ministerio", exponen.

De este modo, el escrito del Banco de España señala que "corresponde al protectorado velar por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones bancarias". "El Banco de España tan solo ejerce ciertas funciones sobre las fundaciones bancarias limitadas al control del cumplimiento de las normas contenidas en el capítulo IV de la Ley 26/2013, desde el marco de sus competencias como autoridad responsable de la supervisión de la entidad de crédito participada", expone el documento firmado por María Luisa Boronat, jefa de Gobernanza y Transparencia.

Al igual que en 2007 y 2009, la supervisión de las fundaciones —antiguas cajas— escapa del control de los supervisores financieros salvo en lo que afecta a la estabilidad financiera. Hace 14 y 12 años, en caso de detectar irregularidades, el Banco de España delegaba en las comunidades autónomas la decisión de imponer una sanción, algo que las frenó en muchos casos. A pesar de esta experiencia, el Gobierno del PP decidió en 2013 volver a establecer esta separación, quitando de nuevo al supervisor gran parte de las competencias en favor del poder ejecutivo.