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Florentino y Laporta presentan la demanda civil contra La Liga, Tebas y CVC
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MEDIDAS CAUTELARES

Florentino y Laporta presentan la demanda civil contra La Liga, Tebas y CVC

Los presidentes del Real Madrid y del FC Barcelona cumplen su amenaza de llevar ante la Justicia el pacto con el fondo de capital riesgo aprobado por la mayoría de los clubes

Foto: Joan Laporta y Florentino Pérez. (Reuters/Albert Gea)
Joan Laporta y Florentino Pérez. (Reuters/Albert Gea)

Florentino Pérez y Joan Laporta han iniciado la guerra jurídica contra el acuerdo firmado el viernes pasado por LaLiga y CVC Capital Partners por el que el fondo de capital riesgo inyecta 1.994 millones de euros a 38 de los 42 clubes de la Primera y Segunda División. El presidente del Real Madrid y el del Fútbol Club Barcelona han cumplido su amenaza y han presentado esta mañana la demanda civil contra Javier Tebas, presidente de la patronal futbolística; contra Javier de Jaime, responsable en España del 'private equity', así como contra el propio fondo, lo cual supone elevar el alcance de la imputación de los presuntos hechos irregulares.

Según han confirmado fuentes próximas a los dos principales clubes de la liga española, apoyados por el Athletic de Bilbao, Florentino Pérez y Laporta han presentado la demanda en un juzgado de Madrid por, entre otros presuntos delitos, "apropiación indebida o expropiación" de los derechos audiovisuales de la LFP por un plazo de 50 años. Este es el plazo durante el que CVC ingresará el 11% de los ingresos generados por la televisión a cambio de los citados 1.994 millones.

Para el Real Madrid y el FC Barcelona, asesorados por Clifford Chance, la inclusión del supuesto mecanismo indemnizatorio de compensación a favor de los "clubes no participantes" en forma de “gasto de comercialización adicional” carece de eficacia jurídica en la medida en que un “acuerdo transaccional” a dicho efecto precisa del imprescindible consentimiento expreso e individual de los cuatro (Madrid, Barça, Athletic e Ibiza) que han rechazado el pacto. Una condición que "demuestra su ilegalidad" de la transacción.

Foto: El presidente de LaLiga, Javier Tebas. (Carlos Álvarez/Getty)

Para estos clubes, la operación constituye un "claro fraude de ley" porque el acuerdo se estructura en torno a un original contrato de "cuentas en participación" y un voluntarista concepto de gasto de comercialización, todo ello de modo artificioso, puesto que los derechos audiovisuales pertenecen a los equipos y no a LaLiga, que es una asociación sin ánimo de lucro.

Según su versión, los clubes que han rechazado la oferta de CVC se ven afectados por el denominado Proyecto Impulso propuesto por Tebas porque "se les priva de derechos de los que son propietarios a cambio de una indemnización". "Como miembros de La Liga, se les obliga a ser partícipes de estructuras ilegales y artificiosas, construidas en fraude de ley, en perjuicio de terceros y acreedores, en flagrante vulneración del RD-Ley 5/2015". No obstante, el Consejo Superior de Deportes, al que Florentino y Laporta pidieron amparo, ha rechazado valorar esta última cuestión, al considerar que no debe pronunciarse sobre un acuerdo privado.

Para el Real Madrid y el Barça, "La Liga se situaría fuera del marco legal de sus competencias, excediendo las facultades que le atribuye la Ley del Deporte", por lo que requieren al juez que imponga medidas cautelares antes de que el acuerdo entre en vigor y los primeros 400 millones de euros lleguen a las arcas de los clubes que rubricaron el acuerdo en asamblea extraordinaria el pasado 10 de diciembre.

Florentino Pérez y Joan Laporta han iniciado la guerra jurídica contra el acuerdo firmado el viernes pasado por LaLiga y CVC Capital Partners por el que el fondo de capital riesgo inyecta 1.994 millones de euros a 38 de los 42 clubes de la Primera y Segunda División. El presidente del Real Madrid y el del Fútbol Club Barcelona han cumplido su amenaza y han presentado esta mañana la demanda civil contra Javier Tebas, presidente de la patronal futbolística; contra Javier de Jaime, responsable en España del 'private equity', así como contra el propio fondo, lo cual supone elevar el alcance de la imputación de los presuntos hechos irregulares.

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