El Gobierno lleva al Congreso la ley que veta a empresas morosas de los fondos de la UE
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El Gobierno lleva al Congreso la ley que veta a empresas morosas de los fondos de la UE

Se trata de una de las reformas clave comprometidas con la Comisión Europea cuyo cumplimiento desbloqueará el desembolso de los fondos Next Generation EU

Foto: La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. (EFE/Chema Moya)
La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. (EFE/Chema Moya)

El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de Ley Crea y Crece, con el que el Ministerio de Economía pretende facilitar la creación y el crecimiento de las empresas, según ha podido saber El Confidencial. Entre las medidas más relevantes, se encuentra la posibilidad de vetar el acceso a subvenciones públicas de aquellas empresas que incumplan sistemáticamente la ley de pago a proveedores.

Según fuentes conocedoras de los detalles del proyecto, esto incluirá la denegación de acceso a los fondos europeos, de los que España espera ser beneficiaria por un total de 140.000 millones de euros y de los que depende buena parte de la recuperación económica del país tras la recesión provocada por la pandemia de covid-19.

Foto: Un comercio en el centro de Madrid. (Reuters)

Además, se incluyen propuestas para eliminar barreras a la creación de empresas (rebajando el capital social necesario de 3.000 euros a un euro), para reducir el número de actividades que solo se pueden ejercer con licencia y para ampliar el abanico de fuentes de financiación de las empresas, potenciando el ‘crowdfunding’, extendiendo el marco de acción del capital riesgo y facilitando que fondos de deuda participen en la reestructuración de empresas en crisis.

Se trata de una de las reformas clave comprometidas con la Comisión Europea cuyo cumplimiento desbloqueará el desembolso de fondos Next Generation EU. El visto bueno del Consejo de Ministros permitirá llevar el proyecto de ley al Congreso, para así iniciar los trámites parlamentarios correspondientes. El compromiso con Bruselas obliga a que la ley entre en vigor antes de que finalice 2022.

Lucha contra la morosidad

Si el proyecto de ley del ministerio dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño se aprueba en los términos actuales, las empresas que no cumplan con los periodos de pago fijados en la ley de morosidad no podrán acceder a subvenciones públicas ni ejercer de entidades colaboradoras en su gestión. La idea es que esto genere un fuerte incentivo para que las empresas cumplan con los plazos de pago.

Para lograr este objetivo, Economía quiere hacer obligatoria la factura electrónica para las operaciones comerciales entre empresas y autónomos. Esto, confían en el Ejecutivo, permitirá un mayor control por parte de la Administración, para poder certificar quién está cumpliendo con los plazos previstos. El proyecto contempla un periodo de transición de un año para empresas que facturen más de ocho millones de euros y de dos años para las que no superen ese umbral.

Una de las quejas de las pymes que operan con factura electrónica es que hay una gran variedad de plataformas y que no todas las empresas usan la misma, lo que obliga a estar presente en casi todas ellas. Para tratar de corregir esta situación, la legislación obligará a las plataformas de facturas electrónicas a estar interconectadas y ofrecer a sus clientes de forma gratuita la conexión con sus rivales.

La ley de morosidad actual establece que las empresas deben abonar sus facturas a 30 días desde la fecha de recepción del bien o servicio, un plazo que se puede extender hasta un máximo de 60 días si ambas partes están conformes.

Existe la posibilidad de vetar el acceso a subvenciones de aquellos que incumplan sistemáticamente la ley de pago a proveedores

Sin embargo, muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas tienen serios problemas para cobrar en esos periodos que establece la ley, principalmente cuando sus clientes son grandes empresas con una fuerte posición de dominio en su sector o en un determinado territorio.

En este caso, las empresas del Ibex 35 aparecen habitualmente entre los objetivos de las quejas de las asociaciones de pymes y autónomos. Según los registros de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en 2021 las 35 grandes empresas del selectivo español pagan sus facturas a 191 días, esto es, el triple del plazo máximo permitido, y acumulan una deuda comercial que supera los 58.000 millones de euros.

La ley prevé también la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad, que debería estar creado a los seis meses de la entrada en vigor de la legislación, para hacer un seguimiento de la situación de los pagos a proveedores en España.

Creación de empresas con un euro

La reforma del Gobierno pretende también incentivar la creación de empresas reduciendo las barreras. Entre ellas, la eliminación del requisito de disponer de 3.000 euros de capital social para crear una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora bastará con un euro.

Además, Economía pretende agilizar los trámites para crear una sociedad a través de una ventanilla única para constituir telemáticamente empresas a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (Circe) y reducir también los costes notariales y registrales.

Foto: Foto: EFE.

Liberalización de actividades

Otra de las propuestas más significativas que contempla el proyecto de ley es la ampliación del catálogo de actividades económicas que se pueden ejercer sin necesidad de disponer de una licencia. Por ejemplo, en esta modificación se incluirán actividades que hasta ahora requerían licencia, como los servicios de limpieza y el alquiler de aparatos de medida.

Las medidas contempladas establecen que cuando una actividad sea considerada inocua por al menos una comunidad autónoma (lo que permite ejercerla sin licencia) esta se incorpore al listado de la normativa básica estatal. Para ello, se modificará la ley de medidas de liberalización del comercio.

Otra de las propuestas más significativas es la ampliación de las actividades económicas que se pueden ejercer sin necesidad de licencia

Más 'crowdfunding' y capital riesgo

El Ministerio de Economía pretende también diversificar las fuentes de financiación a las que las empresas puedan recurrir, más allá de la financiación bancaria. Para ello, se adaptará la normativa nacional sobre ‘crowdfunding’ al estándar europeo, elevando los umbrales de los importes permitidos por proyecto y por inversor, reforzando la protección de estos mismos inversores y autorizando la creación de vehículos para invertir colectivamente.

También se amplía el tipo de empresas en que puede invertir el capital riesgo para incluir empresas financieras con un elevado componente tecnológico y se autoriza a fondos de deuda a invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, lo que otorgará una vía adicional de financiación a empresas en crisis.

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