El Gobierno se lava las manos con Aena y consiente rebajar rentas solo a algunos inquilinos

"En relación con el asunto interesado, se señala que Aena, como las restantes empresas del sector público estatal, cumple voluntariamente con la legalidad vigente, sin perjuicio de que legítimamente plantee ante los distintos órganos jurisdiccionales las acciones que considere más adecuadas en defensa de su interés social".

Esta es la respuesta del Gobierno a la pregunta que el senador Fernando Clavijo Valle, miembro de Coalición Canaria, presentó el pasado octubre, instando al Ejecutivo a aclarar cuándo va a "encomendar a Aena el cumplimiento efectivo de la disposición final séptima, relativa a la modificación de los contratos de arrendamiento o cesión de local de negocio en los aeropuertos", vigente desde su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado), el pasado 2 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR

El Congreso aprueba la norma que obliga a Aena a rebajar sus alquileres

Ruth Ugalde Carla Raffin

Sin embargo, el Gobierno ha preferido esquivar la cuestión y dejar que Aena siga adelante con la estrategia que ha puesto en marcha y que consiste en aplicar la normativa solo a aquellos inquilinos que se avinieron a firmar el acuerdo de ajuste de rentas que les trasladó en enero, y dejar en suspenso al resto.

El propio Gobierno es el accionista de control de Aena, gracias a que el Estado posee el 51% del capital, una posición de poder que los diferentes ejecutivos han puesto en práctica, por ejemplo, con los nombramientos presidenciales cada vez que cambiaba de color el Palacio de la Moncloa. Una posición de poder a la que ha apelado Clavijo, el mismo senador que ya impulsó la enmienda que ha terminado convirtiéndose en ley, en su pregunta al Gobierno, quien ha preferido lavarse las manos y dejar que Aena decida voluntariamente cumplir la norma.

De su respuesta parece deslizarse que el Ejecutivo defiende la ofensiva lanzada por Aena para declarar inconstitucional esta norma. Consultado por este medio, desde el Ministerio de Transportes ha esquivado asegurar que respaldan ajustar las rentas solo a algunos inquilinos y se han limitado a señalar que "Aena aplica la ley y ejerce sus derechos".

La nueva ley de alquileres aprobada por el Congreso el mes pasado recibió el apoyo de todas las formaciones, salvo su socio de gobierno, que se abstuvo, lo que terminó obligando a los socialistas a seguir el mismo paso para evitar quedarse solos en la votación.

Aena está regularizando solo a los inquilinos que aceptaron su oferta de enero y no a los que se defendieron en los tribunales

Desde Aena, aseguran estar cumpliendo la ley, al estar tramitando la devolución a todos aquellos operadores con los que no hay un proceso judicial, a los que procederá a compensar los importes correspondientes, y que como cualquier persona física y jurídica tiene derecho a defenderse, y por eso está solicitando que se plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad.

A pesar del control estatal de la compañía, esta declaración de inconstitucionalidad no ha sido planteada por el propio Gobierno, única figura que puede hacerlo. La alternativa habría sido que 50 diputados respaldaran esta iniciativa, pero como se comprobó en la votación de la nueva ley, el operador aeroportuario carece de este apoyo entre la clase política.

TE PUEDE INTERESAR

Los tribunales empiezan a aplicar la ley que obliga a Aena a rebajar el alquiler a las tiendas

R. Ugalde

La vía, por tanto, que le ha quedado a Aena es intentar que sea un juez quien inste la cuestión de inconstitucionalidad. Y la forma concreta de hacerlo está siendo ir planteando esta opción en las más de 100 causas que tiene abiertas contra la treintena de inquilinos que rechazaron su oferta (otros 90 la aceptaron). Por el momento, ya lleva una decena.

Desde el lado de los comerciantes que están enfrentados a Aena, se sostiene que la empresa está obligada a aplicar la nueva normativa a todos sus inquilinos, y se tacha de "rebeldía" la posición de la empresa negándose a acatar la ley. Además, aseguran que tanto el auditor de la compañía, la firma de servicios profesionales KPMG, como los consejeros podrían incurrir en responsabilidades si la compañía sigue sin ajustar sus contratos a lo que dicta la normativa en vigor.

Respecto a las cuestiones de inconstitucionalidad, afirman que es lícito plantearla, pero que hasta que se resuelva, en el supuesto de que algún juez termine accediendo a plantearla, pasarán años y, mientras tanto, Aena está obligada a cumplir la legislación vigente.