Naturgy se enfrenta a un impacto de ingresos por el tope del Gobierno a la tarifa regulada de gas

Naturgy se enfrenta a una potencial disminución de ingresos por la normativa que ha activado el Gobierno que hace que la subida de gas esté limitada al 4,4% para los clientes que se refugien en la tarifa regulada conocida como tarifa de último recurso (TUR), pese a que la materia prima se ha disparado un 500%.

Fuentes del mercado y del sector temen que ante la descomunal subida del gas en los mercados internacionales, que ha pasado de los 20 euros MWh a rondar los 100 euros MWh, muchos clientes opten por aprovechar la falla abierta por el Ejecutivo y cambiar su contrato en mercado libre al mercado regulado para esquivar la escalada de precios.

Este escenario ya está siendo recogido por los analistas de RBC Capital Markets. Los expertos de la firma han decidido rebajar drásticamente el precio objetivo de las acciones de Naturgy desde los 25 a los 20 euros por acción. Además, ha recortado su recomendación sobre la compañía desde comprar (sobreponderar) a vender (infraponderar).

Entre las razones del hachazo, RBC destaca que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de limitar las tarifas de último recurso puede provocar un cambio de clientes al mercado regulado y, por lo tanto, reducir el ebitda del suministro de gas de Naturgy, un problema que podría ser mayor si el Gobierno extiende esta ventaja más allá de marzo de 2022.

La mayoría de contratos de gas se firman de forma anual, explican fuentes del sector, por lo que aquellos que se estén revisando en estos momentos en el mercado libre están recibiendo propuestas de renovación con una situación de precios muy superior a la de hace 12 meses. Esto hace que muchos clientes que tienen que renovar su contrato se encuentren con propuestas que implican fuertes subidas. Por ello, si optan por la tarifa regulada, limitan ese aumento. La medida sirve a todos los clientes domésticos, ya que abarca los consumos de menos de 50.000 kWh año.

El Real Decreto-ley 17/2021 obliga a las comercializadoras de gas a limitar la subida de la TUR al 4,34%, pese a que en octubre esta debería haber subido entre un 30% y un 40%, dado el encarecimiento de este combustible fósil en los mercados internacionales. Ese resguardo solo aplica para los clientes con tarifa de último recurso, que son algo más de 1,5 millones de consumidores, frente a los 6,5 millones de usuarios que están en tarifas a precio libre. De ahí el temor a la fuga hacia el refugio de la regulada.

El Gobierno obliga a las gasistas a limitar la subida de la TUR al 4,34%, pese a que en octubre esta debería haber subido entre un 30% y un 40%

En cualquier caso, las comercializadoras de gas, tal y como está redactada la nueva regulación, podrán trasladar el exceso de costes que soportan ahora en la TUR a partir de marzo. Sin embargo, representantes del sector aseguran que el Ejecutivo no ha especificado de qué forma podrán recuperar los costes extra que tendrán que soportar hasta, por lo menos, marzo de 2022, lo que genera una fuente de incertidumbre.

Las gasistas, contra la norma

La patronal que engloba las empresas gasistas, Sedigas, asegura que "el ministerio no ha proporcionado la información mínima necesaria para valorar adecuadamente el mecanismo de atenuación inmediato del incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso (TUR) y cómo se verá recuperado en las futuras revisiones trimestrales a partir del segundo trimestre de 2022". Aunque por ahora las empresas gasistas no han anunciado que vayan a tomar medidas legales para defender sus intereses, Sedigas sí destaca que dicha normativa "pudiera poner en riesgo la sostenibilidad económico-financiera del sistema gasista y cuestionar el proceso de liberalización del sector emprendido hace ya más de dos décadas".

El problema no es exclusivo de Naturgy, si bien es el operador más afectado. El resto de grandes comercializadoras como Endesa, Repsol, Iberdrola o Cepsa están en la misma situación y se enfrentan también a la fuga de clientes hacia el refugio de la TUR, al igual que las comercializadoras independientes de gas, con la agravante de que estas últimas pierden directamente el cliente al no poder dar la tarifa regulada, tal y como establece la ley.

La patronal del gas advierte de que la medida cuestiona el proceso de liberalización del sector

Fuentes del sector añaden que el problema más intenso es precisamente para las pequeñas firmas de gas, ya que los clientes que pasen a regulado se irían a las grandes, fundamentalmente a Naturgy. De esta forma, la energética presidida por Francisco Reynés atenuaría el golpe a los ingresos con más clientes procedentes de las pequeñas comercializadoras. Aunque en la TUR los ingresos suelen ser inferiores que en mercado libre, su cobro llegará más tarde, pero está asegurado.

En Reino Unido, este mismo lunes ha quebrado la séptima comercializadora de luz y gas, Bulb. La empresa argumentó que el límite impuesto por el Gobierno británico para que las eléctricas transfieran a los clientes el incremento de los precios mayoristas ha llevado a la quiebra a muchas compañías en los últimos meses y amenaza con afectar a "muchas más" durante este invierno, según recoge la agencia EFE.

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El Gobierno ha intentado hace pocas semanas también establecer un refugio de precio para los clientes de la tarifa regulada de electricidad, denominada PVPC (precio de venta al pequeño consumidor). Sin embargo, la asociación representante de las comercializadoras, ACIE, entendía que esto provocaría una fuga masiva de clientes del mercado libre hacia el regulado.

Dicha asociación advirtió al Gobierno de que una medida así podía "alterar de forma perniciosa la libre competencia y liberalización del mercado eléctrico". ACIE amenazó entonces con acudir a instancias europeas si se mantenía una medida así, por entender que atentaba contra el principio de liberalización que rige en las directivas comunitarias. Tras el revuelo, el Gobierno ha metido esta propuesta en un cajón, confirman fuentes del sector, pese a su intención inicial de aprobar esta medida de forma inminente.