El BCE abre la puerta a que sus inspectores declaren en la Audiencia por Popular

El Banco Central Europeo (BCE) abre la puerta a una de las pruebas clave del caso Banco Popular. El supervisor europeo ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que contempla que los inspectores que siguieron de cerca la caída del banco puedan declarar en la Audiencia Nacional. Todos los trabajadores de esta institución tienen inmunidad y obligación de secreto profesional.

En su escrito, del pasado 11 de noviembre y remitido al tribunal a través del Banco de España, el BCE se ofrece a levantar el secreto de sus empleados en caso de que el juez José Luis Calama justifique las razones de su citación y los motivos por los que les quiere interrogar.

"El juzgado no solo debe solicitar que se renuncie a la inmunidad de las personas que vayan a ser citadas, sino también debe facilitar la información necesaria para valorar si renunciar a la inmunidad y autorizar a facilitar información confidencial supervisora puede ser contrario a los intereses de la Unión, lo que incluye que se explique en qué medida los testimonios requeridos son relevantes para su investigación mencionando, por ejemplo, los específicos hechos relacionados con la supervisión del Banco Popular que se pretenden aclarar", expone el escrito del Banco de España como correa de transmisión del BCE.

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El testimonio de los expertos del BCE es clave por dos inspecciones que llevó a cabo a Banco Popular entre 2015 y 2018 que arrojaron un agujero de alrededor de 3.000 millones de euros. Las conclusiones de ambos trabajos llegaron después de la ampliación de capital de 2016 de 2.500 millones —en la que se quería dejar saneado el grupo— y exigieron provisiones adicionales.

¿Alteración de cuentas?

Estas inspecciones alertaban del "incumplimiento de las normas contables", de refinanciaciones de créditos problemáticos "blandas" y la "alteración de los resultados de la entidad" y de su "solvencia". Se trata de documentos a los que se aferran las acusaciones para defender que Banco Popular falseó sus cuentas. De ahí la importancia de la declaración de sus autores.

En la documentación remitida por el BCE a la Audiencia, figuran detalles técnicos de estas inspecciones y el nombre de todos los profesionales que estuvieron involucrados en ellas y en la supervisión cotidiana del banco. Ambas fueron llevadas a cabo por un equipo de inspectores del Banco de España liderado por Jesús Martínez Usano.

La primera inspección, que tuvo lugar entre noviembre de 2015 y junio de 2016, revisó 100 de las mayores exposiciones crediticias del banco y concluyó que Popular tenía un déficit de provisiones de 1.514 millones.

La segunda examinó los activos adjudicados de la entidad entre diciembre de 2016 y enero de 2018. Su particularidad es que arrancó con el equipo de Ángel Ron, siguió con el de Emilio Saracho y concluyó cuando la entidad ya era de Santander. En este caso, el BCE situó el agujero del banco entre los 1.400 y los 1.600 millones. Las primeras estimaciones de este impacto fueron compartidas por Saracho en el último consejo del banco antes de la resolución en junio de 2017, como uno de los argumentos que explicaban el complejo destino que tenía el banco en solitario.

Propuesta

El escrito del BCE llega tras el 'tirón de orejas' que el juez Calama le dio hace tres semanas, señalando que la tardanza del supervisor en responder a su solicitud estaba "generando un evidente retraso en la instrucción de la presente causa". En ese auto, el magistrado ya adelantaba su solicitud de que se retire la inmunidad a los dos últimos jefes de supervisión que tuvo el BCE para Popular: Ignacio Pardo y Carlo Giorgis —actual responsable en la inspección al Sabadell—.

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Ante ello, el supervisor europeo hace una propuesta distinta: que la Audiencia diga primero a quién quiere interrogar y sobre qué asuntos, y posteriormente elegir el BCE quiénes serían las mejores personas para responder dichas preguntas. "Teniendo en cuenta el número de miembros identificados que ya no son empleados del BCE o del Banco de España y los hechos sobre los que deberían eventualmente testificar, el BCE se ofrece para identificar al juzgado, a la vista de la información que este le facilite, las personas que considera más capacitadas para aclarar los hechos relevantes y también, con el mismo propósito de cooperación leal, para proponer otros miembros distintos de los solicitados".