El ex CEO de BBVA Ángel Cano se ofrece a declarar al juez que investiga sobre Villarejo

El ex consejero delegado de BBVA Ángel Cano se ha ofrecido a declarar al juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos que hizo la entidad financiera al comisario José Manuel Villarejo por considerar que es "esencial" para su defensa. Cano fue citado como investigado en julio de 2019, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar "por estar en secreto las actuaciones", según recuerda en un escrito fechado este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press.

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A renglón seguido explica que ahora, "tras la lectura de la causa y el estudio de las declaraciones prestadas por investigados y testigos", desea declarar "a fin de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos". Si el Juzgado Central de Instrucción Número 6 da su 'placet', esta comparecencia se añadirá a las ya fijadas para los próximos 24 y 25 de noviembre del ex responsable de Comunicación de BBVA Paul García Tobin -que se encuentra investigado en la causa- y del asesor financiero de la entidad César Béjar.

A ellos se sumará además la de Fernando Alfonso Díaz, que elaboró el informe que BBVA encargó a GMV para "la adquisición de evidencias electrónicas de archivos ubicados en los entornos de almacenamiento del cliente (Google Drive)". Para el 20 de diciembre, el magistrado de refuerzo de dicho juzgado Joaquín Gadea ha citado igualmente como imputado al que fuera jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) Manuel Vázquez.

Pieza separada de Tándem

Asimismo, el juez titular, Manuel García-Castellón, llamó al ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, pero todavía no se ha precisado una fecha para su comparecencia.

En esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', donde tanto BBVA como su ex presidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -buque insignia del grupo empresarial de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.