Telefónica manda a casa a empleados de 54 años en pleno debate por las pensiones

Telefónica ya ha comenzado las conversaciones con los sindicatos para negociar de mutuo acuerdo un nuevo plan de bajas incentivadas para entre 3.000 y 4.000 empleados en España, tal y como adelantó este jueves en exclusiva El Confidencial. Según fuentes próximas a las negociaciones, la compañía presidida por José Maria Álvarez-Pallete quiere que el ajuste de la plantilla se centre en trabajadores a partir de los 54 años. Estos percibirán entre un 60 y un 70% del sueldo anual, incluida la remuneración variable. Una reducción de plantilla con la que el grupo pretende ahorrar unos 200 millones al año y que llega en pleno debate por la reforma de las pensiones.

Aunque oficialmente todavía no se han concretado los criterios a partir de los cuales se ofrecerá a los empleados abandonar la sociedad, Telefónica quiere que el nuevo plan de suspensión temporal (PSI) tenga unas condiciones similares al que se aplicó en 2019. En ese momento, justo antes de anunciar la nueva hoja de ruta estratégica, la compañía abrió la puerta a 5.000 empleados, de los que solo 2.600 aceptaron esta medida por la que podían irse a casa a partir de los 53 años, con cerca del 65% de la retribución completa (tanto el sueldo fijo como el variable) hasta su jubilación.

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Antes, en 2016, Telefónica hizo algo similar para 3.600 personas, a las que se les exigía una antigüedad mínima de 20 años. Ahora la compañía aún debe decidir si ofrece la baja a los empleados que estén en la empresa desde 2006 o desde 2001, con el objetivo final de ahorrar entre 40 y 50 millones de euros al trimestre, un máximo de 200 millones al año. La fecha final dependerá de las negociaciones con UGT y CCOO, las dos principales fuerzas sindicales de la multinacional de telecomunicaciones.

A finales de 2020, Telefónica había provisionado 4.479 millones para cubrir los compromisos con los empleados por los PSI lanzados desde 2015 hasta 2019. Unos planes de bajas que han permitido al grupo reducir la plantilla en España en unos 10.000 trabajadores, desde los 32.000 con que contaba hace seis años a los 22.000 que tenía registrados a finales del pasado ejercicio.

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Los 200 millones de ahorro que pretende conseguir Telefónica coinciden con la reducción de las estimaciones de ingresos y beneficios operativos calculadas por varios de los principales bancos de inversión del mundo tras la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año. Goldman Sachs prevé ahora un ebitda de la matriz en España de 4.771 millones en 2021, frente a los 4.908 millones anteriormente, mientras que para 2022 estima un beneficio operativo de 4.668 millones, contra los 4.882 millones previos.

La decisión de Telefónica, con la que pretende compensar la caída de los ingresos por la dura competencia de los nuevos jugadores, como MásMóvil y Digi, llega en un momento muy delicado socialmente para el Gobierno.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se encuentra ahora en pleno polémica por la reforma de las pensiones. De hecho, la Comisión Europea ha condicionado el desembolso de fondos europeos a alargar la edad de retiro efectivo hasta los 67 años y a una mayor contribución a la Seguridad Social para hacer las pensiones fiscalmente sostenibles a largo plazo. El plan de bajas incentivadas de Telefónica reducirá la aportación de estos empleados a las arcas públicas, tanto vía cotizaciones como IRPF.

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Escrivá ha puesto el acento en la necesidad de una mayor aproximación entre la edad efectiva de jubilación (64,6 años en la actualidad) y la edad legal (65,8 años en 2020), que alcanzará los 67 años en 2027. El espíritu del proyecto es promover una mayor permanencia de los trabajador es en el mercado laboral, lo que, en palabras del ministro, es "alinear la edad efectiva de jubilación a la ordinaria". Entidades como Banco Sabadell, Caixabank o Unicaja, en el sector bancario, y Vodafone y Orange en el de las telecomunicaciones, e incluso El Corte Inglés, también han anunciado despidos masivos.

Otro debate es el de las jubilaciones anticipadas. En sus últimas comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo, el Gobierno ha mostrado su intención de adoptar mecanismos que desincentiven esta práctica, sobre todo para los trabajadores con salarios más altos. Escrivá comunicó la pasada primavera que lo haría de forma gradual, para evitar que el efecto anuncio provocase una reacción perversa, en forma de aluvión de prejubilaciones de trabajadores que busquen escapar de un empeoramiento posterior.