Santander pierde una sentencia clave del Popular: 2 M por acciones y un crédito

Banco Santander tiene miles de demandas abiertas del Popular. Pero entre ellas, siempre hay alguna que destaca sobre el resto. Una es la que acaba de perder parcialmente en un juzgado de Barcelona contra un inversor institucional que le reclamaba varios millones de euros. Se trata de un cliente importante de la antigua entidad presidida por Ángel Ron y que estuvo en el núcleo duro de accionistas.

La sentencia llegó el pasado 27 de octubre. El magistrado un juzgado de Barcelona fijó que se devuelvan en torno a dos millones entre lo que esta empresa invirtió en la ampliación de Popular de junio de 2016 y el crédito que pidió para comprar las acciones.

Sin embargo, el juez no dio la razón al demandante en la segunda parte de su reclamación, por deuda subordinada valorada en casi 4 millones que compró en 2011. Lo hizo al estimar que el cliente invirtió entonces en torno a 8 millones en bonos y vendió parte unos meses antes de la resolución de 2017, con un retorno —contando cupones— superior, con unas plusvalías de medio millón. Aun así, los demandantes, representados por CHR Legal, reclamaban la nulidad de toda la inversión inicial por la presunta falsedad de las cuentas del banco.

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Uno de los aspectos más novedosos de esta sentencia es que se imponga a la entidad devolver el dinero del crédito que Popular dio al cliente. La Audiencia Nacional está intentando determinar cuánto de su propia ampliación financió el banco, tras las primeras estimaciones iniciales de unos 400 millones de euros.

"Esa vinculación [entre el préstamo y la compra de las acciones] entiendo que se da en este caso y ha quedado acreditada. Tanto la coincidencia de la fecha del otorgamiento del préstamo con la de las órdenes de compra, como el importe por el que se concede este, muy próximo a la inversión", expone la sentencia. Por ello, establece que se devuelva al cliente el capital, los intereses, comisiones y gastos cobrados por el crédito, así como los intereses legales.

Informe del BdE

Durante el juicio, Santander defendió que las cuentas del Popular reflejaron siempre la imagen fiel y que su resolución se debió tan solo a la fuga de depósitos de mayo y junio de 2017. "Es infundado que Popular era una entidad insolvente y la información facilitada por la entidad a sus accionistas no reflejaría su verdadera situación económica, toda vez que en el momento de su resolución, tenía un patrimonio neto positivo, cercano a los 10.000 millones de euros y una capacidad de generación de resultados recurrentes próxima a los 1.000 millones anuales", expusieron desde el banco.

Sin embargo, el juez dio por bueno el informe pericial de la Audiencia, elaborado por dos inspectores del Banco de España: "Las cuentas anuales que se reflejan en el folleto de la ampliación de capital no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso, así como la existencia de estimaciones demasiado optimistas, en relación con la evolución de los dudosos, junto con la baja cobertura planificada para los adjudicados que invalidaban las estimaciones de cobertura, pérdidas y solvencia previstas en el folleto", dice la sentencia.

"No puede imputarse todo el proceso de degeneración de la entidad de crédito hasta su resolución por la JUR [Junta Única de Resolución] con base en un problema de liquidez, tal como se afirma por los peritos de la parte demandada en su informe, causado por la retirada masiva de fondos por clientes. Ninguna duda cabe (...) que se produjo dicha fuga de depósitos (...). Ahora bien, lo que debe de analizarse no es tanto esta fuga de depósitos, sino la causa por la que se produce la misma, de manera que hay que concluir que esta retirada masiva de depósitos es la consecuencia de una serie de deficiencias en los estados financieros de Banco Popular", añade.