Fondos y sicavs llevan Santander a los tribunales por la caída del Popular

Banco Santander se encuentra un nuevo enemigo en los tribunales. Fondos y sicavs (sociedades de inversión de capital variable) han acelerado en los últimos meses las demandas para recuperar el dinero perdido en Banco Popular hace cuatro años. Según las fuentes consultadas, los procesos se cuentan por decenas, aunque la mayor parte de estos institucionales prefieren mantenerse en el anonimato.

Uno de ellos es un fondo de un banco internacional que el pasado 5 de octubre logró una sentencia a su favor en un juzgado de Móstoles, donde se están presentando la mayor parte de estos procesos. El caso lo lleva el abogado colaborador de Asufin, Fernando Gavín, esta institución de inversión colectiva ha conseguido que el magistrado ordene a Santander devolver 289.000 euros invertidos en deuda subordinada en febrero de 2017, unos meses antes de la resolución.

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"Difícilmente puede exigirse al demandante otra conducta de comprobación o verificación de la solvencia de cuando resulta que, en primer lugar, poco más de un año después de realizar la adquisición, tuvo lugar la macroampliación de capital de 2016 y la delicada situación económica de la entidad no parece que fuera detectada ni siquiera por los pertinentes organismos de control y reguladores especialmente dedicados a dichas funciones", expone la sentencia. "Si la demandada sostiene que la información semestral y anual que publicaba era exacta y que la entidad fue solvente hasta el momento mismo de la resolución, no se comprende que se afirme que el demandante disponía de una información adicional ('privilegiada') que le permitía conocer que la entidad atravesaba por dificultades tales que abocaron a su resolución", añade. Desde Santander señalan que van a recurrir el fallo.

Esta sentencia y cada vez más están engordando la nueva jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que decretó en el caso de Bankia que los inversores profesionales tienen derecho a recurrir ante los tribunales como los particulares. La sentencia de junio del TJUE hizo que muchos institucionales que dudaban si acudir o no a los tribunales decidieran interponer la demanda.

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Fuentes próximas a estos procesos señalan que el juzgado de Móstoles tiene solo en cuenta una parte de la sentencia del TJUE, ya que al margen de darles la opción de recurrir les reconoce con más capacidad de acceder a información que los particulares. Estas añaden que el tribunal resume que la información de Popular era falsa porque cayó en junio de 2017, sin tener en cuenta que es un proceso abierto en la Audiencia Nacional.

Punto de inflexión

Entre los inversores que se han posicionado más claramente, está la agencia de valores Ursus, que tenía varios fondos con exposición a Popular, entre ellos el Ursus 3C Valor, que vio cómo la caída de Popular le hacía perder unos tres millones de euros, una cuarta parte de su patrimonio. Por ello, esta agencia decidió recurrir la resolución en Luxemburgo e interponer una demanda civil en diciembre del año pasado a través de Rúa Abogados, que está todavía pendiente de vista previa.

Otra de las gestoras que decidió abrir esta vía es Amistra, con origen en Bilbao, como publicó 'El Español'.

Del lado de los bufetes, otro de los más activos es Durán y Durán, que tiene 1.600 procesos abiertos contra Santander por Popular, de los que en torno a un 10% es de institucionales. Su fundador, Miguel Durán, explica que uno de sus clientes perdió 32 millones en Popular y denuncia que esta entidad ofrecía a muchos clientes comprar acciones a crédito y pignorar posteriormente los títulos, con lo que no podían vender luego.

Santander no ha cuantificado nunca lo que están suponiendo estas demandas de Popular para sus cuentas. Solo en el frente institucional, la ampliación de capital en 2016 de Banco Popular fue cubierta con 1.000 millones de euros procedentes de empresas e inversores. A esto se suma el dinero reclamado por la anterior ampliación de 2012, del mercado secundario y por la deuda subordinada.

Al margen de fondos y sicav, la mayor demanda hasta ahora es la de los chilenos Luksic, de 113 millones. Podría quedar otra pendiente de los grandes fondos anglosajones, Pimco y Anchorage, entre otros, que perdieron 850 millones en la resolución y que todavía no han acudido a los tribunales civiles. Sí están en la Audiencia Nacional en el proceso penal, donde defienden que Popular cometió irregularidades contables durante años.