EEUU cuestiona la mayor inversión de Iberdrola en el país por el caso Villarejo y la gobernanza

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se ha dado de bruces con Estados Unidos, país al que alaba por su "regulación clara e incentivadora", en contra de lo que critica de España. Un informe de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México recomienda rechazar la aprobación de la compra de PNM Resources por parte de Iberdrola, operación que asciende a casi 8.000 millones de dólares (4.200 millones de capitalización bursátil y 3.600 millones de deuda).

El informe de oposición hace énfasis en los problemas de la cúpula directiva con la Justicia española por el caso Villarejo, con menciones expresas a los presuntos delitos de "cohecho, violación de la intimidad y falsedad en documento mercantil"; a la calidad de investigados de varios de sus principales directivos —incluido Sánchez Galán— y al rol que tendrán en PNM si se aprueba la operación. Además, el regulador también cuestiona que el consejo de administración de la compañía no vaya a disponer de una mayoría de miembros independientes para proteger el interés de los clientes.

El documento ha sido elaborado por una figura parecida a un juez de un tribunal administrativo, el llamado 'hearing examiner', y sus opiniones, aunque no son vinculantes, deben ser tenidas en cuenta por la comisión, formada por cinco miembros. Serán ellos quienes finalmente tendrán que decidir si autorizan o no la operación. La aprobación de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México es la última que necesita Iberdrola para sellar la operación.

"La investigación criminal suscita interrogantes sobre uno de los estándares legales para la aprobación de la fusión, las cualificaciones de la compañía que pretende adquirir PNM", concluye el regulador estadounidense, que también añade que el proceso judicial en España "es relevante y muy preocupante, porque afecta a los principales directivos de Iberdrola y de Avangrid, que dirigirán PNM". Además, menciona que la investigación es también relevante porque "puede reflejar la cultura de Iberdrola", para contraponerla inmediatamente con la necesidad de que PNM siga "manteniendo una cultura de respeto a la ley estatal y federal".

Tras un año de discusiones entre Iberdrola y el 'hearing examiner', el funcionario estadounidense concluye que la toma de control de PNM Resources tiene más perjuicios que beneficios para la comunidad de Nuevo México, el último estado que debía pronunciarse sobre la transacción anunciada en noviembre de 2020. La operación se da por hecha, hasta tal punto de que Galán señaló en junio, durante la celebración de la junta general de accionistas, que cuando se cierre la adquisición "hará de su combinación con Avangrid una de las mayores compañías del sector en Estados Unidos, Iberdrola elevará el valor de sus activos en el país por encima de los 40.000 millones de dólares (unos 33.560 millones de euros), un valor muy superior a los de España".

TE PUEDE INTERESAR

El juez del caso Villarejo prevé interrogar a Galán y a la cúpula de Iberdrola en noviembre

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

"Lo hacemos porque el país tiene fuertes necesidades de inversión en infraestructuras energéticas y cuenta con una regulación clara e incentivadora", dijo, añadiendo que con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden existen "unos marcos estables y atractivos para que las inversiones fluyan", a "diferencia de otros países que nos imponen cargas o impuestos en energías limpias", aseveró.

Sin embargo, la operación queda de momento en el congelador. Porque el regulador incide —para justificar su conclusión negativa— en los problemas legales de Iberdrola en España relacionados con el caso Villarejo, sobre todo por la imputación del propio presidente y el que hasta ayer era su número dos, Francisco Martínez Córcoles, así como otros directivos y exejecutivos de la eléctrica española.

TE PUEDE INTERESAR

"Con este no se puede jugar": tres años de investigación sobre Galán-Villarejo

Pablo Gabilondo José María Olmo EC Diseño

Aunque subraya que ninguno de ellos ha sido condenado, el informe indica que determinadas operaciones de la eléctrica serían impensables en Estados Unidos. Uno de los ejemplos que pone es la falsificación de facturas para ocultar los pagos al comisario de Policía a través de Casesa, una empresa pantalla, como admitió en sede judicial el exdirector de Seguridad Antonio Asenjo.

El funcionario explica que contratar empresas de seguridad para investigar y acosar a oponentes de una compañía de servicios públicos podría no ser ilegal en Nuevo México, "pero va más allá de las normas que aquí se consideran apropiadas".

TE PUEDE INTERESAR

El impacto reputacional en Iberdrola del caso Villarejo se extiende a EEUU

Jorge Zuloaga

Para el regulador, "el problema de la falsificación de documentos es aún más significativo". Es, en su opinión, "especialmente preocupante" por ser empresas de servicios públicos, que pueden ocultar alteración de tarifas a los clientes. Su conclusión es que, "al margen de si la actuación de los directivos de Iberdrola SA y sus filiales constituye delito según la ley española, sus acciones parecen representar métodos de hacer negocios que deberían plantear preocupaciones a la comisión".

Además, también hay varias menciones específicas a la condición de investigado de Sánchez Galán, para señalar a continuación que el presidente ejecutivo de Iberdrola, en calidad también de presidente de Avangrid, "tiene la autoridad última de aprobar el nombramiento y el cese de los miembros de los consejos de administración de las filiales de Avangrid" y, en consecuencia, esa prerrogativa "también se aplicará al consejo de administración de PNM si la fusión se aprueba".

Los dividendos, en riesgo

El 'hearing examiner' valora los esfuerzos de Iberdrola por cumplir con determinadas recomendaciones de servicio público a la comunidad, pero los considera insuficientes, por lo que exige que el consejo de administración de la sociedad fusionada tenga una mayoría de consejeros independientes y con origen en Nuevo México.

TE PUEDE INTERESAR

ACS e Iberdrola multiplican su guerra por el testigo clave del caso Villarejo

Agustín Marco José María Olmo

"Hay una clara contradicción entre las intenciones que profesan Avangrid e Iberdrola de permitir un control local [de PNM] y su rechazo a permitir ese control", apunta el informe. Como el órgano de gobierno de PNM contaría con siete miembros, el examinador obliga a Iberdrola a que cuatro sean ajenos a los intereses de la eléctrica española o de sus filiales.

Una condición a la que Pedro Azagra, director general corporativo del grupo energético, se opuso frontalmente en las numerosas reuniones con los funcionarios locales. Incluso llegó a asegurar que, de tener que cumplirla, anularían la adquisición. Porque el consejo tendría poder decisorio sobre la política de dividendos, cuestión clave para Iberdrola, que habitualmente suele transferir los beneficios obtenidos en los mercados en que opera a la matriz en Bilbao. "El consejo de PNM, con el voto afirmativo de los consejeros independientes, tendrá el derecho exclusivo de determinar los dividendos. Cualquier modificación deberá ser aprobada por ellos", señala el documento.

Fuentes de Iberdrola reconocen el traspié en Estados Unidos, que no suele ser habitual en este tipo de operaciones. Pero se acogen a la puerta abierta que deja el regulador al señalar que si cumplen esas condiciones, la transacción podría ser aprobada. Las acciones de PNM cayeron ayer un 2,59%.