Bruselas aprieta las tuercas a los bancos: pide más capital y quiere dar más poder al BCE
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PROPUESTA LEGISLATIVA DE LA COMISIÓN

Bruselas aprieta las tuercas a los bancos: pide más capital y quiere dar más poder al BCE

La Comisión presenta este miércoles sus propuestas de cambios en la normativa bancaria, que exigirá entre un 6,4% y un 8,4% más de capital y da nuevos poderes al BCE

Foto: Sede de la Comisión Europea. (EFE)
Sede de la Comisión Europea. (EFE)
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La Comisión Europea (CE) apura los últimos detalles de la regulación bancaria más importante de los últimos años. Bruselas presentará este miércoles su propuesta para una nueva batería de medidas que afectan a la solvencia del sector y a los poderes de los supervisores, a una parte de cuyos detalles ha tenido acceso El Confidencial a través de fuentes comunitarias y financieras. El borrador puede sufrir modificaciones antes de ser aprobado por el colegio de comisarios el próximo miércoles.

Esta ofensiva legal cambiará dos directivas y un reglamento, y es conocida en el sector como Basilea IV, aunque realmente es el remate de Basilea III, un paquete de medidas para hacer el sector bancario más resistente y sostenible que se acordaron tras la resaca de la crisis de 2008. Su eje gira en torno a las nuevas exigencias de solvencia para igualar la medición de riesgos en diferentes países, que implicará que se exijan a las entidades entre un 6,4% y un 8,4% más de capital. Esto es por el 'output floor', un baremo que fija un suelo del 72,5% en los activos ponderados por riesgos. Junto a ello, Bruselas planea dar más poderes al Banco Central Europeo (BCE) y los supervisores locales en materias como los riesgos climáticos, la idoneidad de los directivos y consejeros clave y el control de los grandes grupos de terceros países.

Foto: Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

De este modo, la clave de este giro normativo está en el 'output floor', un límite que Bruselas y el BCE quieren fijar para que no haya países que se beneficien de unos baremos más blandos a la hora de medir sus riesgos —modelos internos—. "Los análisis realizados por la EBA [Autoridad Bancaria Europea, por sus siglas en inglés] y el BCE han demostrado que los requisitos de capital calculados por los bancos de la UE utilizando modelos internos demostraron un nivel significativo de variabilidad que no estaba justificado por diferencias en el riesgo relacionado y que, en última instancia, reduce la fiabilidad y comparabilidad de sus ratios de capital", expone el borrador de la directiva, según las fuentes consultadas.

Esta reforma preocupa principalmente a bancos franceses y alemanes, hasta el punto de que el propio presidente galo, Emmanuel Macron, se ha involucrado en las negociaciones. Su presión parece haber servido finalmente para que se apliquen periodos transitorios y se ofrezcan compensaciones: parte del golpe que supone esta medida se suavizará en varios de los requisitos de capital que impone el BCE, el de riesgo sistémico y el de entidades con mayor riesgo.

placeholder El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe. (Reuters)
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe. (Reuters)

La Comisión estima en el borrador de la directiva y el reglamento que todas las medidas propuestas supondrán un incremento de los requisitos de capital de entre el 6,4% y el 8,4% a largo plazo, y del 0,7% y el 2,7% a medio plazo, menos de lo que se esperaba. Según las estimaciones de la EBA, solo 10 de las 99 mayores entidades europeas tendrán que captar capital: 27.000 millones, frente a los 1,4 billones de capital que tienen los 99 grupos y los 100.000 millones que ganaron en 2019. En diciembre de 2020, la EBA calculaba que el colchón extra que debían tener estas entidades para adaptarse era de más de 52.000 millones. El impacto final ha sido casi de la mitad de lo calculado hace un año por la autoridad.

Bruselas ha decidido fijar límites más bajos del 'output floor' en ciertas carteras clave para que no se cierre el grifo del crédito. Como la de empresas, que será del 65%, y el de clientes particulares con bajo riesgo, que será del 45%. Junto a ello, el borrador pone su atención en las pymes: "La mayoría de las empresas de la UE, sin embargo, no buscan calificaciones crediticias externas, por los costes", por lo que "es necesario prever un periodo de transición" y que los bancos apliquen un "tratamiento favorable" a estas compañías.

Poderes para el BCE

Junto a este nuevo requisito, la principal novedad de la reforma son los nuevos poderes que se da a los supervisores. Uno de los que más hincapié hace la norma, según las fuentes consultadas, es el de los riesgos climáticos. Regulador y supervisor han decidido adelantar a 2022 y 2023 determinadas exigencias en este campo. Y, lo que más preocupa a la banca, da poderes al BCE para exigir a determinadas entidades reducir exposición a empresas no sostenibles: "Las autoridades competentes también deben supervisar y estar facultadas para actuar, cuando exista una desalineación de los modelos y estrategias comerciales de las instituciones con los objetivos de la política de la Unión pertinentes y una transición más amplia hacia una economía sostenible, lo que genera riesgos para sus modelos y estrategias comerciales, o para la estabilidad financiera", expone el borrador, según dichas fuentes.

Además, la reforma da a los supervisores más control sobre el nombramiento de directivos y consejeros; operaciones corporativas, ya sea la compra o venta de filiales como fusiones, e intenta homogeneizar el régimen de sanciones.

Foto: Christine Lagarde y Luis de Guindos, presidenta y vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). (Reuters)

Control de las filiales

Otra de las grandes novedades de la directiva es que da más competencias a los supervisores para controlar las entidades de "terceros países", en referencia, principalmente, a China, Reino Unido, Irán, Estados Unidos y Líbano. Algunos bancos de estas geografías usan, según el borrador, "estructuras legales complejas" y aprovechan "zonas ciegas" de la regulación. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha aumentado de forma importante el número de poderosas filiales bancarias de terceros países en los Estados miembros de la Unión Europea, los llamados TCB, que se regulan en un sistema de normas nacionales lleno de parches y soluciones parciales, a las que ahora la Comisión Europea quiere poner remedio y situarlas bajo el radar. Con la puesta en marcha de la directiva que Bruselas publicará este miércoles, todas las filiales tendrán que ser autorizadas de nuevo.

A 31 de diciembre de 2020, había 107 filiales en 17 Estados miembros con activos por valor de unos 510.000 millones de euros. La mayoría de ellas, el 86%, se concentran en cuatro países: Bélgica, Luxemburgo, Francia y Alemania. Quince de estas filiales de países terceros corresponden a bancos del Reino Unido, que abandonó la Unión Europea a finales de enero de 2020, lo que provocó un importante aumento en su número.

El Brexit ha reforzado una clara tendencia a la utilización de filiales para acceder al mercado europeo, aunque también, respecto a 2019, a finales de 2020 el Reino Unido acumulaba 120.000 millones de euros más en activos, un aumento de casi el 31%, y se habían añadido 14 nuevas filiales. Pero el país con más filiales en territorio europeo es China, con 15.

Foto: Feria Urbe de Valencia. (EFE)

Hay un número importante de estas TCB que tienen un tamaño pequeño, con una cartera inferior a los 3.000 millones de euros. Estos no preocupan a la Comisión Europea. Pero hay dos grupos sobre los que sí presta más atención. Por un lado, Bruselas pone el foco en las 14 filiales que tienen una cartera de entre 10.000 y 30.000 millones, y por el otro sobre las tres TCB que tienen más de 30.000 millones en activos.

Sobre el primer grupo, la directiva que publicará el Ejecutivo comunitario este jueves pide una mayor coordinación a nivel europeo para evitar que las normas que las regulan a nivel nacional estén muy fragmentadas. Y sobre el segundo grupo, la Comisión Europea considera que las autoridades competentes tienen que estudiar si estas TCB “suponen un nivel de riesgo para la estabilidad financiera del Estado miembro en cuestión y de la Unión Europea que sea análogo a las instituciones consideradas sistémicas” en las regulaciones, señala el borrador.

En caso de que ese TCB sea considerado sistémico, las autoridades pueden solicitar a la filial que inicie el proceso de autorización como una subsidiaria. Tener filiales en vez de subsidiarias tiene ventajas para los bancos. La diferencia es que la filial no es una entidad legal separada, y su naturaleza libra a estos brazos de los grandes bancos de países terceros de muchos controles y requisitos a los que sí están sujetas las subsidiarias, como, por ejemplo, precisamente los controles de capitales.

Las autoridades tendrían otras opciones. Por ejemplo, pueden solicitar también al TCB que reestructure su actividad para dejar de generar un riesgo sistémico, o reducir sus activos para quedar por debajo del nivel de los 30.000 millones de euros, o aumentar los requisitos de capital sobre las subsidiarias que ese mismo banco tiene en la Unión Europea, para “mitigar riesgos potenciales” de la filial.

placeholder Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros. (Reuters)
Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros. (Reuters)

Batalla política

La Comisión Europea hará esta propuesta el próximo miércoles, y entonces arrancará el proceso legislativo habitual. El texto será enviado al Parlamento Europeo y al Consejo, que representa a los Estados miembros, y cada institución hará sus propias enmiendas y alcanzará un acuerdo interno respecto a un texto final, con el que acudirán a negociar con el resto de instituciones en los conocidos como 'trílogos'.

Normalmente hay posturas muy enfrentadas en estas negociaciones. Tanto, que son muchos los dosieres que sencillamente quedan sin aprobar por las profundas diferencias que existen bien dentro del Consejo o bien entre los Estados miembros y los negociadores de la Eurocámara. Según el acuerdo internacional, estas normas deberían estar en marcha en 2023, aunque hay distintos elementos del paquete en que la Comisión Europea propone un periodo transitorio de adaptación.

Lo que esperan las distintas fuentes consultadas es que el Gobierno francés se muestre muy beligerante en el Consejo. Han sido la banca francesa y la alemana las que han pasado todo el verano haciendo un 'lobby' muy agresivo a la Comisión Europea para intentar que descafeinara la aplicación de estas nuevas reglas y que no hubiera un importante aumento en los requisitos de capital. Fue tanta la presión que los supervisores (entre ellos, el Banco de España, además de otros 25 supervisores) se vieron obligados en septiembre a enviar una carta al Ejecutivo comunitario solicitando que aplicara las reglas de Basilea III de manera "plena, consistente y en plazo".

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Macron, junto a su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. (Reuters)

El Gobierno francés ha peleado mucho para que sus grandes bancos puedan seguir calculando sus riesgos según modelos internos de manera que puedan sortear requisitos más exigentes según la nueva norma del 'output floor' que establece esta directiva. El departamento de Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés, y la Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea seguirán presionando para que el borrador con que trabaje el Consejo en sus 'trílogos' con la Eurocámara dé más manga ancha a los grandes bancos para calcular sus propios requisitos.

Preguntadas extraoficalmente, desde las entidades muestran su descontento, porque defienden que este paquete de normas implicará lo contrario de lo que llevan prometiendo los supervisores desde hace tiempo. Así, prevén tener que asumir nuevos gastos de regulación y tener que captar más capital, en detrimento de la rentabilidad que el BCE quiere que mejoren. En la batalla política que se abrirá a partir de la presentación de la propuesta, los negociadores de la Eurocámara, del Consejo y de la Comisión trabajarán con la presión de bancos y de supervisores tirando de la manta en direcciones contrarias.

La Comisión Europea (CE) apura los últimos detalles de la regulación bancaria más importante de los últimos años. Bruselas presentará este miércoles su propuesta para una nueva batería de medidas que afectan a la solvencia del sector y a los poderes de los supervisores, a una parte de cuyos detalles ha tenido acceso El Confidencial a través de fuentes comunitarias y financieras. El borrador puede sufrir modificaciones antes de ser aprobado por el colegio de comisarios el próximo miércoles.

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