Ayuso renuncia a pleitear con Goldman por los pisos del Ivima y 'pactará' un justiprecio

No habrá recurso al Constitucional, ni guerra en los tribunales. Tras casi dos años de tiras y aflojas, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido enterrar el hacha de guerra, acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaró nula la venta de 2.935 viviendas sociales a Encasa Cibeles, sociedad participada por Goldman Sachs y Azora, y sentarse a fijar un justiprecio.

Un capítulo que la Comunidad de Madrid está intentando cerrar con todo sigilo, frente al ruido que desde el principio ha caracterizado a esta polémica operación. Fue en agosto de 2013, con Ignacio González al frente del Ejecutivo regional, cuando la entidad estadounidense se hizo con estas viviendas, previa oferta de 201 millones de euros. Seis años después, ya con Ayuso al mando de la Puerta del Sol, la venta fue anulada por los tribunales.

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La noticia fue todo un jarro de agua fría para el Ejecutivo regional, ya que la Justicia puso sobre sus espaldas toda la responsabilidad, al sostener que la venta no fue suficientemente explicada ni motivada en los pliegos del concurso, y que tampoco fue aprobada por el consejo de administración del Ivima (ahora AVS), como era preceptivo.

Entonces, el Gobierno madrileño aseguró que iba a pelear hasta el final la validez de la venta e, incluso, iba a analizar la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, finalmente, ha enterrado el hacha de guerra, ha acatado los pronunciamientos del TSJM y del Supremo, y ha aceptado hacerse cargo de todas las viviendas en bloque, y no poco a poco, conforme fueran reclamando los inquilinos, como intentó en el pasado.

El pasado 28 de septiembre, tras convocar la comunidad una reunión de urgencia con los representantes de Encasa, se produjo la devolución de la propiedad de las 1.721 viviendas que aún tiene la filial de Goldman, que también traspasó entonces la gestión. A efectos prácticos, para los inquilinos, esto significa que desde este mismo mes de octubre deben pagar la renta a la AVS que, a cambio, ha pasado a responsabilizarse de todas las necesidades de estos vecinos.

La otra consecuencia directa es que la Comunidad de Madrid deberá hacer frente a una millonaria indemnización, ya que además de tener que resarcir a Goldman por estas viviendas que acaba de entregarle, y cuyo justiprecio ya superaría los 100 millones, la entidad estadounidense tiene cuantificados otros aspectos como los 9,68 millones en cargas asociadas a las viviendas no recuperables o la subrogación a varios préstamos hipotecarios por un importe total de 19,7 millones.

Si a esto se suman aspectos como las clásicas reclamaciones por daños y perjuicios, estamos hablando de cifras próximas a los mismos 200 millones que pagó Encasa Cibeles en 2013.

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Un millonario pago al que Ayuso se ha resistido hasta el último momento. De hecho, como publicó este medio, hace cuatro meses, Encasa envió por conducto notarial un comunicado a la AVS requiriéndole cumplir las resoluciones de los tribunales y fijando como fecha tope para entregarle las viviendas el pasado 29 de septiembre de 2021. Al filo de que se cumpliera el plazo, el pasado día 28, fue cuando el Ejecutivo madrileño acató el traspaso.

Aunque desde Encasa señalan que la compensación no está vinculada a la entrega de las viviendas, desde la Comunidad de Madrid aseguran que se está viendo ya con Goldman y Azora el pago de un justiprecio, acorde con los fondos públicos y que "se determinará de forma objetiva tras una valoración". Un desembolso que pondrá el punto y final a una de las operaciones más polémicas de los últimos años que, en cambio, se está intentando cerrar con la mayor discreción.