El CNI investigó si IFM concertó un pacto con CVC y GIP para tomar el control de Naturgy

La batalla por el control de Naturgy entra en la segunda fase después de que la semana pasada se conociera el resultado de la Oferta Pública de Adquisición (opa) lanzada por IFM. El fondo australiano se ha hecho con el 10,83% de la compañía energética, que sumado al 40% en manos de CVC Capital Partners y Global Infrastructure Partners (GIP), da la mayoría del capital a los tres ‘private equity’. Según han confirmado varias fuentes, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha investigado un posible pacto de connivencia entre los tres inversores para hacerse con el control de una compañía que el Gobierno considera estratégica.

Los servicios secretos del Estado han analizado información referente a IFM, cuya intención era alcanzar al menos el 17% del capital en la opa, CVC y GIP. Especialmente porque estos dos últimos se posicionaron oficialmente sobre la oferta del fondo australiano el mismo día que se hizo pública la operación, el pasado mes de enero. Esa rapidez de comunicar que no venderían sus acciones provocó la sospecha de que conocían las pretensiones de sus colegas de Melbourne con bastante anterioridad a que emitiesen el hecho relevante a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que planteó la posibilidad de que tuviesen un pacto a tres bandas para tomar un paquete de control en Naturgy.

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Ni ‘la Caixa’, primer accionista con el 25% del capital en ese momento, ni el consejo de administración respondieron con tanta velocidad. Se tomaron varios días para analizar las condiciones de la opa, de la que presuntamente no tuvieron conocimiento hasta pocas horas antes de hacerse pública. Una maniobra de IFM que derivó en la posterior oposición tanto de Isidro Fainé, presidente de la caja catalana, como de Francisco Reynés, máximo ejecutivo de Naturgy desde marzo de 2018.

Dada la relevancia de la operación, por tratarse de la mayor empresa de gas de España, el CNI entró en juego. El organismo emitió un informe tras analizar toda la información disponible en busca de cualquier prueba sobre este potencial pacto, que los tres fondos han negado oficial y extraoficialmente en varias ocasiones. Según estas fuentes, los servicios secretos, a través de su departamento de Inteligencia Económica, han detectado un flujo significativo de comunicaciones entre Melbourne, Londres y Madrid, pero no han descubierto hasta la fecha ningún indicio de irregularidad.

El Gobierno ha estado al tanto de este informe del CNI, habitual sobre compañías estratégicas para el Estado, como ha sucedido en varias ocasiones con Telefónica cuando algún fondo oportunista ha intentado beneficiarse de la caída de la cotización para comprar una participación relevante. Así sucedió en 2019 con Elliot, un fondo activista y beligerante que suele irrumpir en multinacionales cotizadas para forzar un cambio en el equipo gestor y un troceo de las empresas.

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En Naturgy también han estado especialmente pendientes de una posible concertación de los tres fondos, sobre todo a través de Miguel Marí Puget, responsable de Seguridad Corporativa de la compañía energética. Marí Puget lleva veinte años al servicio de empresas privadas, desde Unión Fenosa, donde protegió las operaciones en el extranjero, como en la antigua Gas Natural, de la que se encargó de sus intereses en Latinoamérica hasta mayo de 2020. En ese momento se hizo cargo de todo lo relacionado con la seguridad del grupo. Pero su origen está precisamente en el CNI, donde estuvo trabajando bastante años y donde todavía conserva buenos contactos.

La preocupación por el futuro de Naturgy es tal que los partidos políticos también han tomado partida en esta batalla. Como adelantó El Confidencial el pasado viernes, Vox se reunió con el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, para indicarle que tomarían medidas judiciales si descubrían indicios sobre un pacto de concertación entre IFM, CVC y GIP que pusiera en riesgo la españolidad de la compañía gasista. El organismo regulador aprobó la opa el pasado mes de septiembre una vez que el Gobierno había autorizado el interés del fondo australiano, si bien le impuso condiciones durante cinco años para proteger determinados activos considerados claves para el país.

Una junta clave

Una vez finalizada ya la oferta de acciones, el próximo capítulo por la gestión de Naturgy se va a dirimir en el consejo de administración y en la próxima junta general de accionistas. IFM va a pedir un puesto en el órgano de control de la sociedad, en el que 'la Caixa' podría tener uno más (ahora cuenta con dos) si continúa comprando títulos y llega al 27% del capital. Los fondos tendrían en total cinco asientos, contra hasta ocho que podrían sumar entre los de la caja catalana y los independientes, que también se opusieron a la opa.

Pero a la hora de votar en la junta tendrían una mayoría del 50,8%, por lo que podrían sacar adelante el nombramiento de un consejero delegado ajeno al presidente --actualmente Reynés ocupa ambos cargos--, como pretende IFM para aplicar las normas de gobierno corporativo más recomendadas por la mayoría de inversores, lo que supondría de hecho quitarle el poder al ejecutivo impuesto por Fainé en 2018. El fondo también quiere reducir las remuneraciones de los consejeros, unos 300.000 euros de media al año, que considera excesivos.