Revuelta empresarial contra la reforma eléctrica de Sánchez por generarles más costes

Preocupación entre diversas confederaciones regionales de empresarios y asociaciones sectoriales por el alza sobrevenida de sus costes energéticos, de la que acusan al Real Decreto-ley 17/2021 aprobado por el Gobierno a mediados de septiembre. Este incluye bajadas de impuestos y un fuerte recorte de ingresos a las eléctricas, pero denuncian que, a la postre, amenaza con incrementar la factura energética de sus clientes.

La principal asociación de empresarios de Andalucía y la de Valencia, dos regiones con alto peso específico en el panorama nacional, han enviado sendas cartas a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que expresan su oposición por la nueva regulación eléctrica que opera desde el pasado mes de septiembre y que, según detallan, encarece sus costes y por tanto lastra su competitividad.

En ambas misivas piden a la titular del ramo, competente en materia energética, que replantee esta reforma

En ambas misivas —firmadas por sus presidentes, a su vez vicepresidentes de CEOE—, piden a la titular del ramo, competente en materia energética, que replantee esta reforma. El real decreto-ley, que tendrá que ser convalidado en las cortes este jueves, incluye una tasa a las instalaciones no emisoras de CO₂ de las grandes eléctricas (hidráulica, nuclear y varias eólicas y fotovoltaicas) correspondiente a la subida del gas que internalizan en la formación de precios en el mercado mayorista. Sin embargo, muchos contratos estaban fijados previamente, por lo que las eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy, fundamentalmente) están advirtiendo a sus clientes de que tendrán que renegociar teniendo en cuenta este coste extra pese a no percibir sobrerretribución precisamente por estar dichos contratos fijados de antemano y por largos periodos (más de un año en muchos casos), sin vincularse al 'pool'.

"La tasa supone por tanto un cambio en las reglas de juego (...) trasladamos nuestra oposición a esta medida y pedimos que se tengan en cuenta los impactos negativos para las empresas", sostiene el vicepresidente de CEOE y presidente de la confederación de empresarios de Valencia, Salvador Navarro Pradas, en una carta a la que ha tenido acceso El Confidencial.

En la misma línea se muestra su homólogo andaluz, Javier González de Lara y Sarriá: "Un cambio regulatorio que, aparte de tener un efecto negativo en los contratos ya firmados a precios inferiores a los del mercado actual, también podría afectar a la futura contratación de electricidad, sujeta a volatilidad de precios y, por tanto, condicionar el futuro de los proyectos de inversión a futuro, y acabar teniendo un impacto no deseado sobre los costes energéticos y, por ende, la competitividad de nuestras empresas".

No son los únicos actores empresariales que han puesto el grito en el cielo por los efectos indeseados de la nueva regulación. La asociación de ganaderos y agricultores de Valencia, AVA-Asaja, ha lanzado otra misiva dirigida al 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en el que pide al mandatario que emprenda las acciones necesarias para excluir de la regulación la gravosa tasa que está cayendo sobre los contratos bilaterales que ya están firmados y no están indexados al mercado mayorista, actualmente en niveles récord (la pasada semana, alcanzó los 288 euros por MWh).

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Según detallan en la carta, contratos firmados a 60 euros el MWh ahora se enfrentan a un sobrecoste de otros 90 euros por MWh correspondiente a la tasa contra las eléctricas que incluye el real decreto-ley.

En línea con lo anterior, Iberdrola ya advirtió por carta a sus clientes de que "muchas instalaciones sin emisiones contaminantes que ya tenían cerrado un precio fijo a largo plazo con clientes, y por lo tanto no ingresan los elevados precios del mercado 'spot', se van a ver afectadas por este nuevo pago" y añadía que, "según las cotizaciones disponibles actualmente, se ha estimado que el nuevo coste regulado aprobado en el real decreto-ley representará entre 70 y hasta 100 euros por MWh, por lo que, considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato, se produce una situación de manifiesto desequilibrio de las prestaciones del contrato por una circunstancia extraordinaria, imprevisible y sobrevenida que hace insostenible su continuidad en las condiciones económicas aplicadas", de ahí que les invita a renegociar.

"La tasa supone un cambio en las reglas de juego (...) trasladamos nuestra oposición y pedimos que se tengan en cuenta los impactos negativos"

Los agraviados no terminan ahí. El Clúster de la Energía del País Vasco, asociación que reúne a 180 empresas de la industria vasca, advierte de que "las medidas propuestas perjudican a los consumidores con contratos a largo plazo, con especial incidencia en los consumidores electrointensivos".

La situación energética es altamente sensible para la industria vasca. Este mismo lunes, el grupo acerero Sidenor, firma de elevado consumo eléctrico para sus hornos, anunciaba que parará 20 días hasta final de año por el alto coste energético. Hace pocos días, Fertiberia también anunció paradas y otros como Ferroatlántica plantean reducir su producción por la misma razón.

Este mismo lunes, el diario 'El Correo', cabecera de más tirada en Euskadi, destacaba que la factura energética de la industria vasca se ha doblado y está lastrando la reactivación. La cuestión está en el primer orden de su agenda política. Este miércoles, el diputado del PNV, Aitor Esteban, preguntará a Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados "cómo piensa el Gobierno solucionar la probable repercusión de los costes de la electricidad en la competitividad de la industria".

Contratos firmados a 60 € el MWh se enfrentan a un sobrecoste de otros 90 € el MWh correspondiente a la tasa contra las eléctricas

La respuesta de Pedro Sánchez llega solo un día antes de que se convalide en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 17/2021. Aunque aún no ha hecho pública su posición, se espera que la formación 'jeltzale', socio preferente del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, no vote en contra, siempre que haga una modificación que pueda paliar la situación de la industria.

La propia vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró a la industria en una reunión la pasada semana que su intención es que no se vea perjudicada por el hachazo a las eléctricas, con el que pretende recuperar hasta marzo 2.600 millones de euros para rebajar el recibo de los ciudadanos. La ministra pidió datos a los grandes consumidores para poder estudiar la exclusión del recorte de los contratos bilaterales afectados, tal y como denuncian los empresarios de Valencia y Andalucía.

No obstante, todos los escenarios están abiertos actualmente, porque de excluirse muchos contratos del recorte, la bajada de la luz podría quedar neutralizada, de ahí que el Gobierno explore otras alternativas a la espera de que pueda llegar una solución de Bruselas.