Vithas demanda a cuatro CCAA por las restricciones del estado de alarma

Las secuelas de la crisis provocada por el coronavirus colean meses después en el sector sanitario. El Grupo Vithas, propiedad de la familia catalana Gallardo, ha iniciado una batalla administrativa contra cuatro comunidades autónomas por el cese de actividad derivado del estado de alarma impuesto por el Gobierno a mediados de marzo de 2020, según han confirmado fuentes oficiales.

En concreto, Vithas ha interpuesto recursos por lo contencioso-administrativo contra las consejerías de Sanidad de Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco después de no alcanzar un acuerdo económico por el lucro cesante provocado por el cierre de su negocio ordinario, situación que sí ha resuelto en Madrid, Cataluña y Canarias, las otras regiones donde cuenta con centros hospitalarios.

La reclamación asciende a varias decenas de millones, ya que Andalucía y Valencia son las comunidades donde cuenta con mayor número de centros. Cada Consejería de Sanidad firmó decretos de medidas extraordinarias que implicaron la plena disposición de los centros y recursos de los establecimientos sanitarios privados, permitiendo solo actividades que no pudieran aplazarse y las urgencias.

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En sus demandas, Vithas sostiene que como consecuencia de las restricciones que buscaban garantizar recursos para atender la lluvia de enfermos de covid no pudo desempeñar su actividad con normalidad en los primeros meses de pandemia, a la vez que tampoco recibió del sistema público suficientes derivaciones de pacientes enfermos del virus (con una tarifa extraordinaria) que compensasen la caída de su negocio.

Por esta razón, el grupo de los Gallardo reclama una compensación económica cuyo montante no ha trascendido, pero que solo en Andalucía es de nueve millones. Ante estos importes, algunas administraciones, como es el caso de la valenciana y la andaluza, tienen previsto alegar contra las pretensiones de Vithas ante su intención de no compensar a las operadores privados por el cierre del cese de actividad.

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Vithas no ha sido el único operador privado que ha reclamado, pero sí el que lo ha hecho en varias comunidades, dada su dimensión. El grupo atiende a más de cinco millones de pacientes en más de 48 centros, con gran implantación en algunas comunidades tras la integración en 2017 de los hospitales Nisa y las clínicas Rincón. En enero de este año, la familia Gallardo controlaba en solitario el grupo después de comprar el 20% de su socio, Criteria.

Esta situación ha sido una de las reclamaciones bandera de la patronal de la sanidad privada, ASPE, que ha comparado la disponibilidad de recursos a los que obligó el decreto del estado de alarma a una especie de expropiación forzosa de servicios. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se ha mantenido ajeno a este asunto y ha remitido a los operadores privados a los gobiernos autonómicos.