Un millón de berlineses apoya expropiar pisos a fondos y mete presión al PSOE en su pulso con UP
  1. Empresas
referéndum no vinculante

Un millón de berlineses apoya expropiar pisos a fondos y mete presión al PSOE en su pulso con UP

El fuerte respaldo social que ha tenido el referéndum berlinés es el clímax de la creciente tensión que se vive en toda Europa por los problemas de la población para acceder a la vivienda

Foto: Protesta contra el aumento de los alquileres en Berlín en 2020.
Protesta contra el aumento de los alquileres en Berlín en 2020.

Más de un millón de berlineses votaron este domingo, en paralelo a la intensa jornada electoral que vivió Alemania, a favor de expropiar a los grandes propietarios de viviendas un total de 240.000 pisos para pasarlos a alquiler público. Aunque se trató de una convocatoria no vinculante, el claro triunfo del sí, con más del 56% de las papeletas, la elevada participación (1,8 M sobre una población de 3,6 M) y el momento crítico en que se produce, en pleno cambio de Gobierno germano, cargan de razones a esta iniciativa popular en su país, mientras que en España mete presión al PSOE en su pulso con Unidas Podemos por la futura Ley de Vivienda.

El hecho de que en el corazón de Europa, en la capital de la racional Alemania, haya vencido una propuesta tan radical como la defensa de la expropiación de patrimonio privado, aunque se vista con el eufemismo de 'socializar apartamentos', es una clara muestra de la creciente tensión social que existe en torno al problema del acceso a la vivienda y a la expulsión de los locales del centro de sus ciudades, un debate común a Berlín, Madrid y Barcelona, pero también a París, Dublín, Estocolmo, Helsinki o Ámsterdam, donde ha habido diferentes iniciativas dirigidas a controlar el aumento de precios.

Foto: Una manifestación contra los precios del alquiler en Berlín (Alemania) este septiembre. (Reuters)

Deutsche Whonen & Co., plataforma ciudadana creada en 2018 que ha impulsado este referéndum, defiende promulgar una ley que permita expropiar a propietarios con más de 3.000 pisos en Berlín, listón que pone el foco en los gigantes Deutsche Wohnen, Vonovia y Akelius & Co, que se verían obligados a ceder la gestión de 240.000 pisos a una institución de derecho público que, de este modo, se haría con el 12% del mercado. Con esta medida, el movimiento ciudadano busca "permitir alquileres asequibles a largo plazo. No más grandes dividendos para los accionistas que deben pagarse con nuestras rentas. No más desplazamientos de personas que ya no pueden pagar su apartamento", según dijo oficialmente ayer a través de un comunicado.

En España, las principales asociaciones empresariales de compañías de vivienda en alquiler también reaccionaron al referéndum berlinés. Desde Asipa (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler), se insistió en que “aunque se trata de una votación no vinculante, vuelve a situar el ahorro colectivo como el problema, cuando es justo todo lo contrario: parte de la solución, porque es el único capaz de financiar la creación de las viviendas que se necesitan, en colaboración público-privada", además de subrayar que "si no hay más oferta en Berlín, es porque las administraciones no están haciendo lo necesario para que se puedan crear nuevas viviendas con seguridad y agilidad. Algo parecido podría aplicarse al panorama español. La solución debe pasar por construir nuevas viviendas en suelo público y no amenazar con expropiaciones”.

El referéndum defiende que Deutsche Wohnen, Vonovia y Akelius cedan a una institución pública la gestión de 240.000 pisos, el 12% del mercado

Desde Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), señalan que "las expropiaciones solo desalentarán la inversión privada necesaria para construir esta oferta" y justifican la tensión social existen en Berlín por la falta de vivienda para responder a toda la demanda, un problema que no se solucionará, dicen, con este tipo de iniciativas, sino con "medidas que mejoren y aumenten la oferta de vivienda de alquiler, especialmente la social y asequible". Como dato del origen del problema en la capital alemana, citan el hecho de que "la población de Berlín creció en más de 200.000 personas entre 2015 y 2019, pero solo se construyeron 63.000 nuevas viviendas en ese periodo. Según el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda de Berlín, es necesario construir entre 15.000 y 20.000 viviendas al año hasta 2030 para satisfacer la demanda".

Una foto parecida a la que podría hacerse en las principales capitales españolas, que llevan años conviviendo con promesas de creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler, que nunca termina de llegar a nivel estatal y que apenas está dando sus primeros pasos en el regional, mientras el sector privado dispara las operaciones de nuevas promociones destinadas al alquiler. Del mismo modo, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos de una nueva Ley de Vivienda que controle los precios se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre los rojos y los morados.

placeholder Unidas Podemos presiona para regular el alquiler.
Unidas Podemos presiona para regular el alquiler.

Los socios de la coalición no han logrado consensuar los mecanismos para regular el precio de los alquileres y la norma acumula casi ocho meses de retraso sobre el plazo comprometido para su aprobación en el Consejo de Ministros. Durante las últimas semanas, los morados han aumentado la presión para intentar desbloquearla. Por un lado, la han incluido entre sus exigencias para apoyar los Presupuestos de 2022. Por otro, tienen previsto registrar este jueves en el Congreso un proyecto de ley impulsado por sindicatos y colectivos por el acceso a la vivienda digna que les servirá de plan B si fracasan sus negociaciones con los socialistas. En este contexto, los morados han visto en el referéndum berlinés un empuje a sus reivindicaciones. “Está claro en qué sentido va Europa y en cuál va el PSOE”, afean fuentes del partido.

En no pocas ocasiones, los morados han tildado a sus socios de timoratos con los fondos de inversión. Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió el pasado mes de julio en Nueva York con los representantes de algunos de los principales fondos de inversión, abordando cuestiones como la normativa de desahucios, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se precipitó en advertir de que “los fondos buitre no votan en el Congreso, quienes votan son los diputados y diputadas”.

Foto: Una turista arrastra una maleta por la Barceloneta. (Reuters)

Pero no fue esta la única ocasión. Tras cumplirse el primer plazo marcado para llevar la ley al Consejo de Ministros, los morados justificaron el desacuerdo porque la propuesta del PSOE no recogía “ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre, que podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda”. Unos fondos, según señalaban entonces, que "son quienes han logrado aumentar los precios del alquiler en nuestro país construyendo artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos".

Desde el PSOE, han evitado entrar a valorar el referéndum de Berlín para abrir el foco a las elecciones alemanas y destacar la victoria de los socialdemócratas. La vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, se limitaba este lunes desde Ferraz a defender la necesidad de una ley “que permita a los jóvenes emanciparse y garantizar el derecho a una vivienda digna”, aun reconociendo las dificultades de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos.

El jueves se registrará un proyecto de ley impulsado por CCOO y UGT que servirá a UP de plan B si fracasan las negociaciones con PSOE

Si Podemos siempre ha puesto el foco en los grandes tenedores de vivienda, al igual que el referéndum en la capital alemana, el proyecto de ley que registrarán este jueves también lo hace. El texto incluye medidas para movilizar vivienda vacía de grandes tenedores a fines sociales, mediante la cesión de uso con la suficiente estabilidad en el tiempo. De hecho, se tipifica como infracción grave en materia de calidad del parque inmobiliario que los grandes tenedores de vivienda incumplan “la obligación de comunicar las viviendas desocupadas de que dispongan en el plazo establecido, así como la comunicación de información incorrecta o duplicada, o no acompañar la documentación exigida por la normativa para la comunicación de viviendas desocupadas”. Está previsto que los acompañen en su registro los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, lo que aumenta la presión sobre los socialistas.

La regulación de los alquileres es una de las banderas de Podemos y ya han advertido de que no cederán en su exigencia de limitar los precios del alquiler y facilitar bajadas en las zonas consideradas tensionadas. Una presión para la que se valdrán también de la ola a favor de la regulación en las capitales europeas.

Más de un millón de berlineses votaron este domingo, en paralelo a la intensa jornada electoral que vivió Alemania, a favor de expropiar a los grandes propietarios de viviendas un total de 240.000 pisos para pasarlos a alquiler público. Aunque se trató de una convocatoria no vinculante, el claro triunfo del sí, con más del 56% de las papeletas, la elevada participación (1,8 M sobre una población de 3,6 M) y el momento crítico en que se produce, en pleno cambio de Gobierno germano, cargan de razones a esta iniciativa popular en su país, mientras que en España mete presión al PSOE en su pulso con Unidas Podemos por la futura Ley de Vivienda.

PSOE Fondos de Inversión Berlín Blackstone Unidas Podemos Alquiler precio
El redactor recomienda