El fiasco de El Prat salpica al marco tarifario de Aena y complica su plan inmobiliario
La crisis política desatada con la suspensión del plan de ampliación de El Prat tiene como daños colaterales el obligar a rehacer los números del marco DORA II y el interés por su plan inmobiliario
Los efectos colaterales de la crisis política desatada en torno al aeropuerto de El Prat van más allá de los 1.700 millones de inversión que acaba de perder Barcelona, y alcanzan también al marco tarifario que determinará los ingresos regulados durante los próximos cinco años (el plan DORA II) y al proyecto inmobiliario de la ciudad aeroportuaria diseñada en los terrenos que rodean el aeródromo.
La ampliación de El Prat con una tercera pista era un plan que estaba previsto ejecutar entre 2025 y 2030, por lo que sus primeros años estaban incluidos dentro del plan de inversiones que acompaña al nuevo DORA II. Ahora, este documento deberá ser revisado contrarreloj por Aena, ya que está previsto que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno el próximo 30 de septiembre.
Como recoge un informe de Bankinter, "la clave será ver cómo afectan estas menores inversiones a la tarifa regulada aeroportuaria para el próximo quinquenio (2022-26), que deberíamos conocer en las próximas semanas".
Desde la compañía pública, reconocen que deberán rehacerse los números, pero aseguran que el impacto será de apenas unas centésimas en las tarifas, ya que las inversiones previstas en el DORA II ahora suspendidas se limitan a 120 millones de euros, y otros 12 millones asociados a la ampliación, según explican desde la empresa presidida por Maurici Lucena.
En cambio, se mantienen otras inversiones previstas en el aeropuerto catalán por 250 millones de euros y ajenas a la ampliación, a las que se suman otros 75 millones no regulados, según explican también desde el operador.
Para el Ejecutivo, está siendo de gran importancia dejar clara su apuesta por Cataluña y su compromiso inversor con la región, como demostró el miércoles la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien, en el mismo comunicado en el que anunció la suspensión de la ampliación de El Prat, subrayó la continuidad de todos los planes previstos en los aeródromos de Reus y Girona, así como las inversiones en cercanías, entre otras.
Una estrategia que deja en el tejado de la Generalitat la pelota por la pérdida de inversiones, ya que además del dinero que ya no irá a ampliar El Prat está el menor interés que tendrá ahora esta infraestructura para los inversores inmobiliarios, que estaban pendientes de la inminente presentación de la nueva ciudad aeroportuaria.
Detrás de la ampliación de El Prat estaba el objetivo de convertir el aeródromo en un 'hub' intercontinental, lo que iba a multiplicar el atractivo de la infraestructura tanto para las aerolíneas como para los inversores inmobiliarios, ya que el aeropuerto iba a multiplicar su huella y, con ella, las opciones de atraer tanto hoteles y oficinas como, sobre todo, hangares y naves logísticas.
Detrás de la ampliación estaba el objetivo de convertirlo en 'hub' intercontinental y multiplicar así su atractivo para aerolíneas e inversores
El proyecto actualmente sobre la mesa contempla una inversión de 1.200 millones de euros, para desarrollar 328 hectáreas, donde está previsto desarrollar una plataforma que combine actividades industriales, servicios tecnológicos, I+D+i y una ciudad aeroportuaria con espacio comercial, venta minorista y hoteles.
Todo este plan requerirá dos décadas para completarse, con tres fases bien definidas: una primera de cinco años y dirigida sobre todo a inversiones en logística, otra de la misma duración dirigida a consolidar El Prat como un centro de comercio electrónico y el último decenio, llamado a completar todo el proyecto.
Sin embargo, desde la propia Aena reconocen que la imposibilidad de convertir Barcelona en un gran 'hub' de tráfico internacional, al haberse renunciado a ampliar su capacidad con una tercera pista, conllevará una pérdida de interés por parte de los grandes inversores inmobiliarios. Un daño colateral que, probablemente, también exigirá retrasar la esperada presentación del plan inmobiliario de El Prat.
Los efectos colaterales de la crisis política desatada en torno al aeropuerto de El Prat van más allá de los 1.700 millones de inversión que acaba de perder Barcelona, y alcanzan también al marco tarifario que determinará los ingresos regulados durante los próximos cinco años (el plan DORA II) y al proyecto inmobiliario de la ciudad aeroportuaria diseñada en los terrenos que rodean el aeródromo.