El TS avala que Calviño tumbara un alza de tarifas de Telefónica por castigar a los más pobres

El Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno frente a Telefónica, que pretendía subir los precios del servicio de telefonía básico (usuarios que solo contratan el teléfono fijo), un coste regulado dentro de lo que se conoce como servicio universal de las telecomunicaciones, que presta fundamentalmente la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete.

Tras varios años con los precios congelados, Telefónica propuso en 2019 un aumento después de que también lo intentara en 2016 sin éxito. Sin embargo, enl marzo de 2020, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, máxima autoridad en materia económica, que preside la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y competente en esta cuestión, decidió tumbar la propuesta.

Según el Ejecutivo, con base en un informe de la CNMC, la subida de costes no estaba suficientemente justificada y, además, tal y como estaba propuesta, perjudicaba a la población más vulnerable: sobre todo personas mayores de 65 años de clase social baja o media baja ubicadas en entornos rurales y municipios de menos de 10.000 habitantes.

Con este panorama, Telefónica, que no ha querido hacer comentarios para este artículo, decidió entonces acudir a los tribunales y lanzar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo para reclamar esa subida de precios que le permita, según su argumentación, cubrir los costes de provisión de este servicio.

Para ello, la operadora presenta un informe pericial elaborado por la consultora RBS en el que trata de demostrar la necesidad de que se suban los costes. Advierte de la subida del IPC en los últimos años y, respecto de la asequibilidad del servicio, considera la mejora macroeconómica de los últimos años hasta la llegada de la pandemia. Y todo ello unido a los aumentos del salario mínimo interprofesional o de las pensiones mínimas durante los años 2018 y 2019, que compensarían, según su criterio, cualquier efecto perjudicial que pudiera tener el aumento de precio de la cuota de abono y de las llamadas desde teléfono fijo.

Pero la sala de lo contencioso-administrativo no ve suficientemente argumentada la propuesta como para variar la decisión del Gobierno. Además, en línea con la propuesta de la CNMC, considera que no se puede hacer un análisis del usuario medio, sino que al discernir por quintiles de renta se ve cómo la propuesta es más perjudicial para aquellos usuarios más vulnerables.

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De hecho, entre sus argumentos está que los más afectados serían la mayoría de hogares que solo usan teléfono fijo, frente a los que contratan paquetes con telefonía móvil, banda ancha y canales de televisión de pago, quienes no sufrirían apenas esta medida.

A lo anterior, añade que existen ciertas características particulares del segmento residencial de estos clientes que dificultan a dichos clientes el cambio a otro operador o a otro tipo de servicio ante la subida de precio notificada. Para el Gobierno y la CNMC, la petición de subida de precios llega cuando el consumo apenas ha retrocedido un 1,4% desde 2011. En este punto, señala que las mejoras de competitividad del mercado han rebajado los costes de la mayoría de servicios de las telecomunicaciones en todos estos años.

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"A pesar de la mejora de la situación macroeconómica, los servicios afectados por la subida de precios corresponden a clientes, con una condición socioeconómica vulnerable, que contratan mayoritariamente los servicios de Telefónica y exhiben escasa propensión a cambiar de servicio, por lo que sufrirían un mayor impacto ante la subida de precios notificada por Telefónica", zanja el Tribunal Supremo.

Por todo lo anterior, los magistrados del alto tribunal concluyen: "No quedando desvirtuada la causa en la que se funda la suspensión acordada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el previsible grave deterioro de la asequibilidad del servicio para un porcentaje relevante de la población, procede considerarla ajustada a derecho".