La gestión desleal brinda a BBVA una posible reclamación contra FG

Nuevo dilema para BBVA. La reciente imputación de su expresidente Francisco González (FG) por administración desleal abre la puerta a reclamaciones de la entidad contra el banquero gallego. Fuentes legales próximas al grupo vasco señalan que BBVA podría aprovechar la situación para personarse como perjudicado de FG e incluso reclamar una indemnización en otras instancias. Desde la entidad, no hicieron comentarios.

La Audiencia Nacional tomó la decisión de imputar por este nuevo delito al expresidente de BBVA este martes, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Se suma a los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. FG ya ha recurrido el auto, alegando defectos de forma y fondo.

Este recurso alega que el Ministerio Fiscal le achaca un delito que no existía cuando se cometieron las presuntas irregularidades y explica que los encargos del banco que presuntamente beneficiaron a FG se hicieron para evitar un riesgo reputacional a la entidad. En caso de prosperar este recurso, la vía de la reclamación de BBVA quedaría en punto muerto.

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En el auto, el juez Manuel García-Castellón explica de forma escueta que la imputación se debe "a haber utilizado recursos de la entidad para su uso exclusivamente personal". "En concreto, la utilización de recursos para valorar la adquisición de una finca a título privado", añade.

Este era uno de los presuntos perjuicios enumerados por el banco cuando intentó personarse contra González en 2019: "Trabajos para la búsqueda y adquisición de fincas por parte de don Francisco González Rodríguez, así como informe sobre utilización privada del avión corporativo". Enumeraban diversas fincas en Toledo, Islas Baleares, Marbella y El Escorial. El banquero acabó comprando la de Marbella.

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Junto a ello, BBVA insinuaba que las investigaciones encargadas a Cenyt —empresa de Villarejo— de Ausbanc podrían derivarse "del público enconamiento y manifiesta animadversión existentes entre el Sr. González y el Sr. [Luis] Pineda", presidente de la asociación.

Rechazo inicial del juez

La Fiscalía Anticorrupción y el juez García-Castellón rechazaron en 2019 esta petición, aunque sin cerrar totalmente la puerta: "En el momento procesal en el que nos encontramos, no se encuentran bien perfilados todos y cada uno de los requisitos que antes exponíamos, y ello por cuanto la persona jurídica todavía no ha prestado declaración ni mucho menos ha exhibido su estrategia procesal, que permitiría encuadrarla en una u otra posición. A ello debemos unir una consideración, nada desdeñable, y es que en el momento procesal en el que nos encontramos, y habiendo sido previamente imputada, nada aporta a su estatuto procesal considerarla ahora perjudicada", expuso el magistrado.

El juez también hizo alusión a una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 y una resolución de la Audiencia Nacional de 2016 que fijan los criterios para aceptar la doble condición como perjudicado e investigado: "Con carácter excepcional, cabe la posibilidad de que una misma persona asuma la doble condición de acusador y acusado, en un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso", relataba el alto tribunal en noviembre de 1998.

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Aunque sea más compleja, otra de las opciones que se abren para BBVA es reclamar el bonus a FG. Esta opción, sobre la que ya se especuló en 2019, tendría ahora más visos de salir adelante tras el auto de un juez que ve indicios de la presunta administración desleal.

La entidad presidida por Carlos Torres tendría dos opciones: dejar de pagar el bonus pendiente de cobro —'cláusula malus'— o reclamar lo cobrado en el pasado —'clawback'—. BBVA incluyó estas condiciones en los contratos de sus directivos a finales de 2016, y explicaba que podrían activarse en función de cuatro supuestos: "Incumplimiento grave del código de conducta"; "sanciones regulatorias o condenas judiciales"; "fallos importantes en la gestión de riesgos" por “una conducta dolosa”, o una "reformulación de las cuentas anuales del banco".

Las fuentes legales consultadas por este medio consideran que el consejo de BBVA está obligado a examinar esta posibilidad, ante el posible perjuicio que presuntamente podría haber sufrido el banco en el pasado. Los trabajos hechos por Cenyt para las revisiones examinadas no tienen facturas. Durante esos años —2012-17—, el banco pagó unos cinco millones de euros a la empresa del comisario.