González (BBVA) recurre su imputación en el caso Villarejo: "El fiscal no está legitimado"

Francisco González (FG) recurre en apenas unas horas su nueva imputación en el caso BBVA-Villarejo. El ex presidente del tercer banco español ha presentado un escrito pidiendo que el juez Manuel García-Castellón reconsidere su decisión de investigarle por presunta administración deseal, delito que se ha añadido a los de cohecho y revelación de secretos. El magistrado ha tomado esta determinación tras un escrito que presentó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción.

FG y su abogado, Jesús Santos, de Baker McKenzie, exponen en un documento de 17 páginas cinco razones por las que la Audiencia debería reconsiderar su decisión.

La primera es la "falta de motivación". Así, Anticorrupción solicitaba la imputación en apenas un párrafo: "Como se observa, no existe en los razonamientos jurídicos del auto ni exposición —siquiera sucinta— de los hechos que motivan la ampliación de la investigación contra mi representado, ni indicio alguno que la soporte, ni argumento fáctico o jurídico de género alguno".

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El segundo motivo es que la Fiscalía y el juez estarían achacando un delito a FG que no existía en el momento en el que presuntamente se cometieron los delitos. Se trata del artículo 252 del Código Penal, "que no estaba en vigor en el momento de los hechos".

Así, aunque el auto del juez y el escrito de Anticorrupción no explican los hechos por los que se imputa de nuevo a González, su defensa asume que es por el encargo que dio el banco a Cenyt —empresa de Villarejo— de que revisara unas fincas en las que estaba interesado el banquero a título personal, en 2013 y 2014. En esos años, la administración desleal se regulaba por el artículo 295, que prescribía a los cinco años.

Interés reputacional

La tercera razón que expone FG es que él solicitó que se revisara la finca solo por cuestiones reputacionales, y que lo hizo a su jefe de gabinete, el también imputado Joaquín Gortari, sin saber que éste iba a delegar el trabajo y que se iba a pedir un análisis externo. "El hecho de encargar este tipo de averiguaciones a su jefe de gabinete no supone en ningún caso la comisión de un delito de administración desleal. Antes bien, se trataría de una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA".

El cuarto motivo es el testimonio de Gortari, tanto en la investigación interna del banco como en su desclaración como imputado: "El expresidente Francisco González estaba interesado en comprar una finca, en concreto esa, y me pidió averiguar quién era el propietario y su reputación. Pregunté a Antoni Béjar (Unidad Inmobiliaria) si sabía quiénes eran los propietarios (nombre y reputación). Era relevante que el entonces presidente no negociara ni comprara a personas desconocidas o de dudosa reputación, por el propio interés del banco", explicó en el forensic.

Gortari añadió que ni pidió a Béjar que Villarejo se encargara de ello ni lo supo posteriormente, y que el informe elaborado se archivó "adecuadamente".

La quinta razón es que incluso atendiendo al viejo delito de administración desleal —art. 295—, éste solo puede ser solicitado por los perjudicados, salvo excepciones contadas en las que puede hacerlo la Fiscalía. "Atribuye al Ministerio Fiscal un papel meramente secundario, reservado a los supuestos en que los agraviados no puedan defender sus intereses por sí mismos, o en los que resulten afectados los intereses generales o una pluralidad de personas", expone FG.