Iberdrola esgrime un informe de Baker McKenzie para negar irregularidades con Villarejo

Iberdrola ha esgrimido una opinión legal de Baker McKenzie que señala que "no ha existido ninguna ilegalidad o irregularidad" por parte de los miembros del consejo de administración o altos directivos del grupo en el proceso de contratación de Cenyt, que ha supuesto la imputación como persona jurídica de Iberdrola Renovables Energía por un presunto delito de cohecho por los encargos a la compañía del excomisario José Manuel Villarejo.

El informe de Baker & McKenzie, incluido en la información enviada este miércoles con las cuentas del semestre, concluye que la compañía "no conocía ni pudo haber conocido que Villarejo era policía en activo al tiempo de su contratación", origen del presunto delito de cohecho.

Se contrató a Cenyt, prosigue el informe, en su calidad de empresa de prestigio en el campo de la inteligencia, y no hay indicios de que se haya obtenido información de forma ilícita con vulneración de derechos fundamentales. Todos los departamentos de Iberdrola cumplieron con los estándares más altos de gobernanza, y su diligencia "excede la media observada en otras empresas cotizadas", añade el documento.

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No obstante, admite que, aunque "en lo que al Grupo Iberdrola se refiere los hechos no pueden considerarse jurídicamente relevantes", sí puede haber un impacto reputacional.

Galán se defiende

Además, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que no hubo ninguna irregularidad en los contratos de la eléctrica con empresas vinculadas a Villarejo. Durante la presentación ante analistas de los resultados semestrales de la compañía, Sánchez Galán ha recordado que en aquel momento una veintena de empresas españolas y algunas administraciones públicas "contrataron a una empresa de seguridad y legal [Cenyt, vinculada a Villarejo]". En el caso de Iberdrola, el encargo realizado por su filial de renovables se centró en investigar a una empresa suiza con la que se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.

A finales de junio Sánchez Galán fue imputado por su relación con el excomisario junto a otras tres personas, el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles; el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.

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Un mes más tarde, a comienzos de julio, el magistrado decidió la imputación como persona jurídica de Iberdrola Renovables por estos mismos hechos.

En ningún momento, ha indicado el presidente de la eléctrica, tuvo Iberdrola conocimiento de que dicha contratación fuera irregular, y cuando en 2018 comenzaron los procesos judiciales contra las empresas del ex comisario, Iberdrola encargó una investigación exhaustiva e independiente, lo que se conoce como 'forensic', a PwC.

En este sentido, Sánchez Galán ha asegurado que Iberdrola emprenderá "todas las acciones legales para defender la reputación de la empresa y defender los intereses de los accionistas".