Bruselas investiga en profundidad el arbitraje que obliga a España a compensar a Antin

La Comisión Europea ha iniciado este lunes una investigación en profundidad sobre el laudo arbitral por el que España debe pagar una compensación a Antin, por el caso de los recortes en las renovables, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) le reconociera en 2018 una indemnización de 112 millones de euros.

Las dudas de Bruselas se centran en la conformidad del arbitraje a los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la UE, al entender que el arbitraje entre inversores y Estados, cuando se aplica entre Estados miembros de la UE, socava el sistema de recursos legales previsto en los Tratados de la UE para resolver esos litigios.

El Ejecutivo europeo analizará si el fallo puede generar además discriminación entre los inversores en función de su nacionalidad y su capacidad de recurrir al arbitraje internacional, ya que los inversores españoles no tienen la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal de arbitraje.

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J. C. P.

Igualmente, investigará si el apoyo adicional concedido por el laudo arbitral es conforme con la directiva de apoyo a las directrices comunitarias sobre apoyo a las renovables, al entender que hay que dirimir si es necesario para el desarrollo de una actividad económica, tiene efecto incentivador y es proporcionado. Al tiempo que estudiará si la compensación a Antin puede tener consecuencias en la competencia.

El caso se retrotrae a la indemnización que ganó el fondo con sede en Luxemburgo por el abrupto fin de las ayudas estatales españolas con la modificación de una medida de apoyo a la electricidad procedente de fuentes renovables.