La AN anula la prórroga de la concesión a la fábrica de Ence, que anuncia acciones legales

La Audiencia Nacional ha anulado la prórroga de la concesión a la fábrica de pasta de celulosa de la empresa Ence, situada entre Pontevedra y Marín, al estimar que la resolución del Gobierno no justificó que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación. La compañía, que se ha desplomado este viernes un 9,09% en bolsa, ha anunciado que recurrirá.

En una sentencia conocida este viernes, la sala de lo contencioso-administrativo estima los recursos de la organización Greenpeace y del Concello de Pontevedra contra la decisión de la Administración central, que acordó la prórroga por un periodo de 60 años. Es decir, la cuestión es si se prorrogaba más allá de 2033.

Según explican los magistrados, la Ley de Costas exige que se justifique que las instalaciones objeto de prórroga no pueden ubicarse en otro enclave.

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Pero Ence no está de acuerdo, y ha anunciado a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "agotará todas las vías jurídicas" para defender la legalidad de la fábrica. La compañía recurrirá ante el Tribunal Supremo, ya que considera que la prórroga tiene plena validez.

Ence recuerda que la planta da empleo a 5.100 familias en Galicia de forma directa o indirecta y que la compañía se comprometió con un programa de inversiones en la comunidad por valor de 47 millones de euros. "La sentencia de la Audiencia Nacional supone un duro golpe para el empleo y la economía de toda Galicia", argumenta.

Además, la empresa recuerda que su actividad "cumple sobradamente con toda la legislación ambiental" y, con su actividad, promueve la utilización de celulosa, que califica de "material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico".

Los argumentos de la Audiencia

Los argumentos de la Audiencia son muy distintos. La Sala destaca que en la fábrica de pasta de celulosa, en la franja de dominio público entre Pontevedra y Marín, la prueba pericial muestra que el agua dulce es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo, como también lo es la proximidad a otros recursos hídricos para evacuar el vertido.

Sin embargo, no está claro que "dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige la Ley de Costas". Por tanto, añade la Sala, la fábrica puede situarse en las proximidades de los ríos o de grandes masas de aguas, pero fuera del dominio público costero.

En este sentido, cita otros casos como los de las fábricas de celulosa BHK, las de Torraspapel en Zaragoza y la Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, las cuales se sitúan junto a ríos en los que evacúa el residuo industrial.

De igual modo, menciona la fábrica de Ence en Navia (Asturias), que según los peritos es comparable a la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del dominio costero.

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Para el tribunal resulta significativo que la compañía no haya podido "aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero".

La sentencia recuerda que "la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, entre otros fines, el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias".

Reacciones políticas

La sentencia ha suscitado ya reacciones políticas. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, considera que la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga concedida a la fábrica de Ence es un "fracaso estrepitoso" para el "cambalache ilegal" orquestado entre el PP y la empresa.

Tras conocer esta resolución judicial, Fernández Lores ha responsabilizado "especialmente" de esta situación al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los responsables del PP de Pontevedra.

Junto con los directivos de la empresa pastera, según el alcalde, "pusieron en peligro" la actividad de la fábrica pontevedresa y sus puestos de trabajo "por no buscar la única solución lógica y legal" que, a su juicio, era el traslado a otra ubicación "como garantía de futuro".

El regidor pontevedrés, que ha recordado que desde el ayuntamiento "siempre consideramos ilegal esa prórroga", ha lamentado que la empresa y el PP hayan intentado "engañar" a la opinión pública y a los trabajadores "mediante un fraude de ley".

A este respecto, el alcalde ha hecho un llamamiento a la dirección de la empresa y a Núñez Feijóo para que "dejen de engañar a todo el mundo". Ambas partes deben comenzar a trabajar, según Fernández Lores en la "única solución posible" que, ha reiterado, pasa por la salida de la fábrica de la ría de Pontevedra.