El Gobierno se da hasta marzo para tomar el control de Sareb y rehacer su modelo

Marzo. Este es el mes marcado en el calendario de trabajo para la toma de control de Sareb, un desembarco que antes de llevarse a cabo necesita tener resueltos varios frentes que afectan a la operativa diaria del banco malo, lo que ha convencido a todas las partes afectadas de trabajar a varios meses vista, gracias a la ventaja que confiere que el cierre de cuentas del ejercicio deja la puerta abierta hasta primavera.

Un tiempo suficiente durante el cual todas las partes afectadas —Gobierno, bancos y la propia Sareb— pueden ir resolviendo los interrogantes que abre la salida de las entidades financieras, dueñas del 55%, y la toma completa de control por parte del Estado, que actualmente tiene un 45% a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

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Entre los puntos más relevantes que determinarán el futuro modelo operativo de Sareb, según las fuentes consultadas, figura desde decidir de qué ministerio pasará a depender la entidad —Economía, Hacienda o Fomento—, cómo se ejecutará la salida de los bancos —mediante un pago simbólico, una operación acordeón...— y si Sareb deberá someterse a la Ley de Contratos del Estado, al pasar a ser 100% propiedad pública.

Este último punto afecta directamente al proyecto Esparta, estrategia lanzada por Sareb hace dos años, con la vista puesta en renegociar los contratos que le unen a Haya, Altamira, Solvia y Servihabitat, a quienes encomendó la gestión de 50.781 millones de euros en activos tóxicos que le traspasaron las entidades financieras en 2012.

El primero de estos 'servicers', Haya, renegoció su contrato hace un año, porque vencía entonces, pero los acuerdos con los otros tres todavía tienen de plazo hasta principios de 2022, lo que ha puesto en alerta a las empresas interesadas, ya que si la nacionalización de Sareb se lleva a cabo antes, las ofertas podrían verse condicionadas por la Ley de Contratos del Estado.

Conscientes de esta amenaza, las fuentes consultadas aseguran que la entidad presidida por Javier García del Río está trabajando con la idea de tener elegidos a los ganadores de Esparta para septiembre u octubre, de manera que puedan arrancar el próximo ejercicio con todas las plataformas tecnológicas listas para empezar a trabajar.

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Bajo este calendario, si finalmente la nacionalización de Sareb se lleva a cabo en marzo, Esparta podría quedar fuera de la Ley de Contratos del Estado, ya que la adjudicación sería anterior, siempre según las mismas fuentes. Sin embargo, la sola existencia de este riesgo está llevando a las empresas interesadas en pujar por Esparta II a pedir las mayores garantías posibles a Sareb.

El principal impacto que tendría para este proyecto el que Sareb se tuviera que someter ya a la Ley de Contratos del Sector Público es que sus licitaciones deberían contar con rangos de precios tasados, procedimiento que choca directamente con la filosofía hacia la que está girando la sociedad, que ha solicitado libre cotización de servicios a las empresas interesadas en Esparta.

La posibilidad de quedar sometida a la Ley de Contratos del Estado afecta al proyecto Esparta

Como adelantó El Confidencial, la decisión de Eurostat que obliga al Estado a incluir a Sareb dentro del perímetro público, en lo que a déficit y deuda pública se refiere, llevó al Gobierno a barajar la idea de que, si el riesgo de la compañía lo asumía íntegramente el Estado, tenía más sentido que Sareb dejara de tener accionistas privados —Santander, CaixaBank y Sabadell son los principales— y pasara a ser una sociedad pública al 100%.

Esta nacionalización, no obstante, es una decisión de los socios, no algo imperioso, ya que el pronunciamiento de Eurostat no obliga a llevar a cabo esta cambio accionarial, ni tampoco las finanzas de la compañía lo requieren, gracias al real decreto de medidas urgentes aprobado hace un año, que evita tener que realizar nuevas aportaciones de capital para evitar la causa de disolución de Sareb, lo que le permite operar hasta el final de su mandato, en 2027, sin que los bancos accionistas tengan que hacer nuevas aportaciones de capital.