El Supremo da la razón a Serrano Alberca, el rey de las expropiaciones, en la causa por negligencia

¿Están obligados los abogados a ganar sus pleitos? Y no solo eso: ¿se les puede acusar de negligencia profesional cuando, a pesar de ganar la causa, el cliente cree que podrían haber conseguido más? La respuesta a estas preguntas es lo que estaba en juego en el caso que, desde 2016, enfrentaba a la familia Sánchez Baena, propietaria de unos terrenos próximos al madrileño aeropuerto de Barajas, con el bufete Serrano Alberca, especialista en conseguir lucrosos justiprecios a los propietarios de terrenos afectados por expropiaciones.

José Manuel Serrano Alberca, letrado de las Cortes que asesoró a la comisión constitucional que en 1978 alumbró la Carta Magna, fundó el despacho al que da nombre, aunque ahora están al frente sus hijos, y con el que ha hecho fortuna gracias a su profundo conocimiento del derecho urbanístico. Suyo es el mérito de haber hecho calar en los tribunales la idea de que, si se expropia un terreno para construir una infraestructura que crea ciudad, como un aeropuerto, aunque se trate de suelo rústico, su precio se revaloriza.

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Un sistema que encareció la ampliación de Barajas de los 390 millones previstos inicialmente a más de 2.000 millones y que llevó a la quiebra a las autopistas radiales, mientras los propietarios de los terrenos expropiados se hacían de oro gracias a la labor de bufetes como Serrano Alberca, cuyos éxito en los tribunales le valió ser popularmente bautizado como el rey de las expropiaciones.

En el caso de la familia Sánchez Baena, el despacho consiguió 12 millones de euros por la expropiación de 21 fincas ubicadas en los términos municipales de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, millonario cheque que, sin embargo, la familia consideró insuficiente, hasta el punto de que demandó al despacho por negligencia y le reclamó otros 7,2 millones de euros más, intereses aparte. La base de su acusación se basaba en la idea de que Serrano Alberca habría conseguido más si hubiera pedido en plazo la retasación de los terrenos.

Esta fórmula, muy utilizada en los años de la burbuja, permitía elevar el precio del suelo si la Administración no pagaba en dos años, lo cual era habitual, hasta el punto de que esta dejadez llevó a Aena a pagar 400 millones de más solo en retasaciones. En su demanda, los clientes de Serrano Alberca consideraban que sus abogados habían sido negligentes al no aconsejarles reservarse el derecho a la retasación de sus fincas expropiadas cuando cobraron los justiprecios iniciales de la expropiación.

El juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas, en una sentencia de septiembre de 2017, dio la razón a los demandantes y condenó al bufete a pagar los citados 7,2 millones, otros 325.000 euros en intereses y las costas. El fallo fue recurrido en apelación y la sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid, un año después, revocó la resolución de primera instancia, "acordando la desestimación total de la demanda, absolviendo a los demandados de todas las peticiones contenidas en la demanda, con expresa condena en costas de primera instancia a los demandantes".

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Ante este nuevo fallo, los demandantes interpusieron un recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en un fallo del pasado 5 de julio, ha desestimado "con imposición de las costas y pérdida de los depósitos constituidos para recurrir". Se trata, por tanto, de una sentencia que crea doctrina jurisprudencial y contra la que solo cabría recurso de amparo ante el Constitucional.

Este fallo es crucial tanto para los demandados, cuya fortuna y fama como abogados se habría visto seriamente comprometida con un pronunciamiento en su contra, como para la profesión, ya que estaba en juego la consideración de negligencia profesional por cuál sea el resultado de los pleitos. La sentencia señala que los letrados fueron diligentes, porque ponderaron todos los riesgos de suspensión del pago del justiprecio inicial si se hacían reservas al mismo, poniendo así de manifiesto que la obligación de cualquier abogado es una obligación de medios y no de resultado.

Ante las cantidades que iban a cobrar, 12 millones de euros, y ante la incertidumbre que podía generar la aplicación del cambio legislativo de la Ley del Suelo de 2007, la recomendación de los abogados de Serrano Alberca cumplía con la 'lex artis' y con las obligaciones de su profesión, según se desprende del fallo del Supremo.