La imputación de las empresas del Ibex 35 agrava el dilema de los inversores

Toque de atención a los accionistas del Ibex 35. Tras la imputación de BBVA en 2019, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el miércoles sentar en el banquillo como personas jurídicas a Iberdrola Renovables, filial al 100% de Iberdrola SA, Repsol y CaixaBank. Este jueves, de hecho, el juez ha imputado ya a la petrolera y el banco, dado que iban en una pieza distinta a la de la energética. Un movimiento que agrava el peso que recae sobre las espaldas de los accionistas, que ven comprometida su posición en estas empresas por el desgaste reputacional, sobre todo en un contexto en que las cuestiones extrafinancieras cada vez tienen más peso.

Tanto las dos energéticas como la financiera tienen entre sus filas a inversores relevantes que a menudo hacen gala de trabajar bajo los parámetros ESG (consideraciones medioambientales, sociales y de buena gobernanza, según sus siglas en inglés). Tanto es así que, cuando Ignacio Sánchez Galán fue imputado el mes pasado, algunos analistas subrayaron el riesgo de que los accionistas reculasen debido al choque con esta filosofía. También varios asesores de cuestiones ESG, como son los 'proxy advisors' o las agencias de 'rating', se encuentran revisando la situación para calificar la gravedad de los desarrollos judiciales.

El caso de Iberdrola es el que más atención ha recibido en este sentido, ya que el directivo imputado resulta ser el primer ejecutivo, al contrario que Isidre Fainé (expresidente de CaixaBank) y Antonio Brufau (presidente no ejecutivo de Repsol). Por eso, la 'utility' ya avanzaba en su situación las consecuencias del caso Villarejo en el estado actual de la compañía. El ejemplo de Iberdrola, además, pone de relieve el caso de una empresa líder en sostenibilidad medioambiental que, sin embargo, se encuentra ahora manchada en términos de gobernanza. De hecho, la propia empresa ha reconocido ante el mercado que lleva tiempo registrando un desgaste reputacional a raíz del caso Villarejo. Una vez hecha pública la imputación de Repsol y CaixaBank, está pendiente de conocerse el veredicto del juez respecto a Iberdrola Renovables.

Entre los principales accionistas del Ibex 35, BlackRock anunció a bombo y platillo en 2020 su nuevo giro verde, pidiendo a sus participadas mayor transparencia acerca de cuestiones extrafinancieras. La gestora es accionista relevante tanto de Iberdrola (con un 5,3%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) como de Repsol (5%) y CaixaBank (3,6%), por lo que el caso Villarejo pone en especial relieve su posición en estas compañías. Como ya informó El Confidencial a finales de 2020, el responsable del fondo neoyorquino en España, Aitor Jauregui, reunió entonces a los grandes líderes del Ibex 35 para recordarles sus preocupaciones sobre la deriva reputacional. Al ser preguntada por El Confidencial, la entidad no ha querido hacer comentarios al respecto.

Otro de los grandes accionistas del Ibex 35 es el fondo soberano de Noruega (Norges), que en este caso apenas tiene una posición relevante en Iberdrola (2,99%, según los registros de la CNMV). Esta entidad cuenta con un Consejo de Ética Independiente, que se rige bajo la batuta del Ministerio de Finanzas del país, que se encarga de realizar evaluaciones éticas de las empresas. El Confidencial ya informó en el verano de 2020, citando actas internas del consejo, que Norges y otros grandes inversores de Iberdrola, como el fondo de Qatar (8,7%), habían preguntado a la empresa por el futuro de Galán.

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Más allá de Iberdrola, el caso Villarejo también pone en un aprieto a los accionistas de Repsol, ya que son muchos los fondos privados con consideraciones ESG con una posición relevante en la petrolera, que recientemente ha revelado un plan estratégico para virar hacia un futuro libre de fósiles, dentro del cual se incluye la posible salida a bolsa de una filial renovable. De nuevo, se trata de un tinte sostenible que no termina de casar con el golpe a la gobernanza que supone el caso Villarejo. Sobre todo porque JP Morgan (6,6% de Repsol, según la CNMV), Amundi (4,5%), Bank of Montreal (3,5%), e Invesco (1%) siguen algún tipo de criterio ESG en sus políticas de inversión. El Confidencial se puso en contacto con los distintos accionistas para recoger sus impresiones al respecto, de entre las que solo Amundi, JP Morgan e Invesco llegó a responder, declinando hacer comentarios.

El caso de CaixaBank, por su parte, es especial. En su capital, acaba de aterrizar el Estado con una participación del 16% tras la fusión con Bankia. El FROB ya ha tenido oportunidad de hacer valer su posición frente al dilema social de los salarios de los directivos en un momento en que la reputación del banco se veía golpeada por los despidos colectivos impulsados por la propia fusión de las dos entidades. Ahora, el Ejecutivo se vuelve a enfrentar a un dilema ESG, esta vez de gobernanza. Estando su posición en el capital supeditada a cuestiones que van más allá de los rendimientos financieros (entró en Bankia durante la crisis), está por ver cómo el FROB hará valer su posición como inversor relevante y público. Preguntada por El Confidencial, la entidad no ha querido hacer comentarios al respecto.

Multas millonarias

Además de la repercusión de la imputación desde el punto de vista inversor, ¿qué implicaciones jurídicas podría tener para las organizaciones una eventual condena? Para empezar, es importante señalar que el Código Penal prevé desde 2010 la opción de que personas jurídicas (empresas) afronten responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus responsables. Y cuando el que comete el delito es uno de los directivos, las posibilidades de condena se disparan, aunque juegan un papel importante factores como la actitud de la compañía durante la investigación (si colabora con la Justicia o si se muestra reticente y oculta pruebas) o las medidas que toma contra los infractores (cesa a los responsables o los mantiene en el cargo).

Al contrario que en las personas físicas, las penas que recoge la ley para las organizaciones son en su mayoría multas. A la hora de fijar la cuantía, los jueces tienen en cuenta la capacidad económica de la empresa, por lo que podría llegar a ser muy elevada, ya que se trata de empresas del Ibex 35. Además, las sanciones suelen estar ligadas al castigo que se imponga al responsable individual. Así, en el caso de que Ignacio Sánchez Galán fuese condenado, la pena de Iberdrola Renovables dependería de la impuesta a su directivo. En general, las condenas a las personas jurídicas van desde el doble hasta el quíntuple del beneficio obtenido por el hecho delictivo, aunque también se pueden imponer sanciones diarias que se alargan durante el tiempo en que el responsable individual es condenado a prisión.