Baleària aplaza su nueva terminal de Valencia hasta que se aclare el embrollo de Boluda

La decisión de la Autoridad Portuaria de Valencia de tirar para atrás el acuerdo de rescate de una concesión a la empresa Unión Naval de Valencia, del Grupo Boluda, ha tenido como efecto colateral el aplazamiento de la firma del contrato para la construcción de una terminal de pasajeros y cruceros en el recinto portuario valenciano por parte de Baleària en alianza con el gigante mundial Global Ports Holdings (GPH).

El consejo de administración del puerto de Valencia acordó el pasado 30 de junio iniciar un procedimiento de "lesividad" para enmendar una resolución propia de diciembre de 2018, después de que la Intervención y la Abogacía del Estado detectasen "irregularidades" en el proceso de recuperación de terrenos portuarios que desde hace décadas estaban bajo concesión de la empresa propiedad del naviero. Una parte de esas parcelas y sus edificios se incluyeron en la licitación de una nueva estación marítima para pasajeros a la que solo presentó oferta Baleària.

El presidente del 'lobby' de la AVE recibió una nueva concesión (de casi 4 M) para construir y explotar un edificio de oficinas dentro del puerto

A cambio de devolver el suelo y las instalaciones, el presidente del influyente 'lobby' de la Asociación Valenciana de Empresarios recibió una nueva concesión en forma de suelo y metros de edificabilidad (con un valor de casi cuatro millones de euros) para construir y explotar un edificio de oficinas dentro del puerto.

Fue una decisión que ahora indaga el Tribunal de Cuentas tras una denuncia de la asociación contraria a la ampliación portuaria todavía pendiente de completar, la Comissió Ciutat-Port València, respaldada por Compromís y Podemos. Ante el temor a toparse con una reclamación patrimonial tras conocer las conclusiones de la Abogacía y la Intervención, los consejeros han optado por solicitar la nulidad parcial de su propio acuerdo, primero a través de Puertos del Estado, para que finalmente sea un tribunal el que la ratifique si la considera inadecuada.

El toque de atención de los supervisores a la propia nomenclatura del puerto ha enrarecido mucho el ambiente en el consejo portuario, hasta el punto de que en su última reunión acordó reforzar las garantías legales de todos los expedientes ampliando el número de informes técnicos y jurídicos previos y elevando consultas a órganos superiores más allá de lo que opinen el secretario o el abogado del Estado adscritos al organismo.

TE PUEDE INTERESAR

Baleària y Global Ports se alían para la nueva terminal de pasajeros del puerto de Valencia

Víctor Romero. Valencia

Este embrollo administrativo es lo que ha llevado a la compañía de ferris que preside Adolf Utor a retrasar la firma del contrato con la Autoridad Portuaria por una cuestión de prudencia hasta que se despeje el horizonte administrativo y, también, el posible judicial. Boluda, por contra, no contempla por ahora acudir a los tribunales o recurrir el acuerdo de nulidad. Baleària, pese a que ha atravesado por dificultades financieras como consecuencia del covid, ya contaba con recursos necesarios para poner en marcha la construcción de la terminal. La inversión prevista es de 37,5 millones.

Fuentes del entorno de Boluda señalaron a El Confidencial que en ningún momento se mostró dispuesto a aceptar una compensación dineraria por entregar la concesión, pese a que, a su juicio, todavía cumplía parte de los objetivos de la misma a través del mantenimiento y reparación de contenedores, aunque no el de servir de astillero de buques. El contrato, que tiene su origen en la década de los cincuenta del pasado siglo, caducaba en 2027. El puerto decidió rescatarla hace tres años y compensar a Boluda con otra concesión de suelo para levantar su edificio, tomando como referencia valoraciones efectuadas por Alia Tasaciones que cuestiona la Intervención.

Las mismas fuentes indicaron que el naviero accedió a la compensación de recibir una segunda concesión con la intención de levantar una torre que sirviera de nueva base central en Valencia para sus oficinas en Europa. Insistieron en que este era el objetivo del edificio, si bien los términos del contrato, por adjudicación directa, le facultaban para alquilar espacios a terceros. La Intervención y la Abogacía sostienen que esa adjudicación debería haberse realizado siguiendo criterios de concurrencia pública. También señala que la compensación debería haberse realizado, en todo caso, a Unión Naval, como persona jurídica, y no a su matriz, Boluda Corporación Marítima.

Con el nuevo acuerdo del consejo de administración, Boluda pierde los derechos de uso sobre los terrenos que ocupaban los astilleros y talleres, pero no sobre el antiguo inmueble que actualmente alberga oficinas suyas en el recinto marítimo. Su plan era concentrar en la nueva torre a personal disperso por Valencia, pero también en Europa. Boluda ya ha dejado caer a los responsables de la Autoridad Portuaria, que preside Aurelio Martínez, quién sabe si como amenaza para evidenciar su malestar, que no descarta llevarse la sede europea a Róterdam, donde Boluda Towage Europe también presta servicio con sus remolcadores.