Semana negra en Iberdrola: las imputaciones castigan su reputación y dañan la cotización

Semana negra para Iberdrola, que ha sufrido en cuatro días su peor crisis de reputación por las sospechas de presuntos delitos apreciados por la justicia. Una situación que alcanza a la cúpula, empezando por el presidente de la multinacional, Ignacio Sánchez Galán, y que ya planea sobre la propia compañía.

El cóctel ha tenido su reflejo en el valor de la cotizada. Desde que el pasado martes la Fiscalía Anticorrupción pidiera la imputación de los primeros espadas de la empresa, Iberdrola ha perdido casi un 5% en bolsa. Es decir, que vale alrededor de 3.000 millones de euros menos que al inicio de semana.

Pese a que los rumores de que la Fiscalía Anticorrupción tenía muy avanzado su escrito de imputación hace un mes, no fue hasta el pasado martes cuando se confirmó este extremo. La semana empezaba bien para el propio Galán y Francisco Mártínez Córcoles, número dos de la compañía, que esquivaba esta espinosa situación en la junta de accionistas celebrada el pasado viernes, donde se sometía a la reelección como consejero ejecutivo con éxito de voto.

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Sin embargo, el martes trascendía la acusación de los fiscales anticorrupción que instruyen el caso Tándem en el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En un duro escrito al que tuvo acceso este medio, Anticorrupción aseguraba que, de forma indiciaria y tras la aportación de más documentación por parte de la Policía en registros de la casa de José Manuel Villarejo y Rafael Redondo (colaborador del excomisario) la pasada semana, Iberdrola manipuló facturas para ocultar conceptos conocidos solo por Galán.

Como venía publicando desde 2019 este medio, la Justicia apuntaba sobre el presidente de Iberdrola y sus más estrechos colaboradores, un extremo siempre desmentido por la compañía y el propio ejecutivo.

Ese primer día suponía una muy leve caída de Iberdrola en bolsa. En la mañana del miércoles, el juez que investiga el caso, Manuel García Castellón, hacía suyos los argumentos de la Fiscalía e imputaba a Galán, Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo. En su auto de imputación apunta presuntamente y de forma indiciaria que podría haber cohecho, delitos contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

El movimiento del magistrado supuso una bomba no solo para la cotización, que cayó más que nunca desde que en marzo de 2020 se desató la crisis del covid (-3,56%), sino para la imagen de la empresa. La compañía ya había admitido en varias ocasiones que el caso Villarejo le estaba provocando un "significativo desgaste reputacional". Pero el miércoles vio cómo los grandes medios internacionales (Bloomberg, Reuters, 'Financial Times', CNBC, etc.) se hacían eco de la presunta trama de espionaje a rivales empresariales (Florentino Pérez, Manuel Pizarro), políticos o sindicalistas.

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Por si esto fuera poco, la ministra de Economía de España, Nadia Calviño, la responsable del Gobierno con más influencia internacional en el ámbito económico señalaba que noticias como la investigación a Galán por Villarejo "no son buenas" para la imagen de compañías y afectados.

A diferencia de otras empresas, la imputación de Galán es la primera que recae sobre un presidente ejecutivo de una gran empresa del Ibex-35 en activo. Francisco González (BBVA) ya estaba fuera del banco cuando se desató el escándalo. Antonio Brufau (Repsol) es presidente no ejecutivo e Isidro Fainé (Caixa) ejerce su influencia desde la Fundación Bancaria, lejos de la primera línea.

El jueves continuó el foco puesto sobre la empresa. El propio Galán reconocía públicamente que "la situación no es agradable", en el primer sapo que ha tenido que tragar en un acto público tras su imputación. Poco después, la empresa ratificaba ante la CNMV al propio presidente y su número dos, para disipar así las pocas sospechas que quedaban sobre si podría dimitir o el consejo de administración tomaba alguna medida.

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Un jueves, que, por otro lado, tuvo como protagonista a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que desde la tribuna del Consejo de Ministros volvía a reafirmar su voluntad de eliminar la sobrerretribución que reciben algunas empresas eléctricas. Una reforma que golpea a Iberdrola más que a ninguna otra.

La situación, si cabe, se ha complicado sobre manera este viernes. El primer dardo que recibía Iberdrola vino de la CNMV. El presidente del regulador del mercado, Rodrigo Buenaventura, advertía que el desgaste reputacional afecta al resto del Ibex.

La acusación llegaba poco antes de que el juez que investiga el caso diera el primer paso para imputar a Iberdrola como persona jurídica por las irregularidades de su cúpula. La empresa tiene un dilema, ya que una defensa jurídica más sólida podría entrar en colisión con la de sus administradores, algo que fuentes jurídicas ven difícil que ocurra dado el nivel de poder que aglutina Galán dentro de la empresa.

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Nueva caída sustancial de Iberdrola en bolsa, que lideró durante buena parte de la mañana de este viernes las caídas del Ibex. Los analistas empiezan a prever turbulencias en la acción si los grandes fondos internacionales invertidos en la segunda empresa más valiosa del Ibex aplican los autoimpuestos principios ESG (Environmental, Social and Governance, por sus siglas en inglés) de los que hacen gala.

El presidente de la eléctrica ha puesto su caso en manos del abogado que sacó del atolladero a Villar Mir en la trama Púnica. Una opción tan audaz para tratar de salvarse de su responsabilidad penal como dañina —una vez más— para su imagen y la de la compañía. Será en clave de reputación donde la empresa se la juegue a corto plazo, acostumbrada a posicionar a su presidente con los más altos líderes políticos y empresariales a nivel mundial.

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Por si todo lo anterior fuera poco, la Defensora del pueblo de la UE ha abierto una investigación por el fichaje de Emma Navarro por Iberdrola, como desveló 'El Confidencial'. La exvicepresidenta del BEI, que concedió más de 1.200 millones de euros en créditos blandos a la eléctrica vasca mientras estuvo en el cargo, saltó a la multinacional con sede en Bilbao solo tres meses después de que expirara su cargo de responsabilidad en el brazo inversor de la UE. Por su parte el BEI, que hace gala de ser inflexible con la corrupción, se desmarcaba del caso Villarejo y asegura a El Confidencial que ningún proyecto de Iberdrola financiado con dinero del BEI está bajo sospecha.

La suma de factores supone para Iberdrola un daño tanto cualitativo (reputacional) como cuantitativo (alrededor de 3.000 millones menos de valor en bolsa). La cuestión no es baladí. Si se demuestra que la caída en bolsa está motivada por el caso Villarejo podría ser motivo de demandas por daño patrimonial de accionistas contra administradores, algo infrecuente en España pero habitual en el mundo anglosajón.