Santander pierde la primera sentencia de institucionales bajo la doctrina Bankia
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DEMANDAS DEL POPULAR

Santander pierde la primera sentencia de institucionales bajo la doctrina Bankia

Un juzgado de Móstoles da la razón a una sicav que reclamaba 28.600 euros acogiéndose al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los institucionales de Bankia

placeholder Foto: Oficinas del Banco Popular y del Santander. (EFE)
Oficinas del Banco Popular y del Santander. (EFE)

Los tribunales españoles empiezan a hacer suya la doctrina fijada por Europa respecto a las demandas de inversores institucionales. Así, un juzgado de Móstoles ha condenado a Santander a indemnizar a una sicav (sociedad de inversión de capital variable) con 28.600 euros por su inversión en Banco Popular en 2016.

Esta sentencia, lograda por el abogado Fernando Gavín, es pionera, al trasladar los argumentos del reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Bankia. En ella, el juzgado comunitario sentenció que los grandes inversores pueden también demandar a la entidad nacionalizada por su responsabilidad en la información errónea que contenía su folleto de salida a bolsa, enmendando la plana al Tribunal Supremo.

Foto: Ana Botín, presidenta de Santander. (Reuters)

En esta línea, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Móstoles fija que "no cabe excluir de las consecuencias legales derivadas de la publicación formal de determinada información (la que debe integrar el folleto de una ampliación de capital, cuando este efectivamente se publica y mantiene la vigencia prevista por la ley) a las entidades o personas que reúnan la condición de inversores cualificados o profesionales por el mero hecho de serlo".

Junto a ello, el juzgado da la razón a los demandantes debido a que "se ha considerado acreditado (prácticamente como hecho notorio, a tenor de los más recientes pronunciamientos de las audiencias provinciales) que la información contenida en el folleto de la ampliación de capital del año 2016 era inexacta, como se puso de manifiesto pocos meses después y no podían ignorar los órganos societarios que promovieron dicha ampliación de capital".

Exposición

A la espera de que otros tribunales confirmen esta lectura de la sentencia del TJUE, Santander se expone a un riesgo millonario en este frente. La ampliación de capital en 2016 de Banco Popular, que ascendió a 2.500 millones, fue cubierta con 1.000 millones de euros procedentes de institucionales —fondos y empresas— que hasta ahora no tenían claro si podrían reclamar en los tribunales, ya que la jurisprudencia española se lo prohibía.

placeholder Entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (EFE)
Entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (EFE)

"De nuevo, la sentencia del TJUE que avala que los inversores institucionales puedan recuperar su dinero pone de evidencia que desde Europa no hay miramientos que valgan a la hora de defender los principios que guían la defensa del consumo financiero, ya sea este ejercido por un particular o, en este caso, por un inversor cualificado. Si hubo mala praxis, ha de perseguirse de igual forma", explica Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

Fuentes del entorno señalan que la letra pequeña de la sentencia europea no es tan clara y que ambos casos —Bankia y Popular— no son comparables, debido a que la entidad que compraron se hizo en resolución. Además, añaden que, para que sea aplicable la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), primero tiene que haber un tribunal español que dictamine que el folleto del Popular fue falso. A esto se suma que hay una cuestión prejudicial elevada a Europa por un juzgado gallego para dilucidar si Santander tiene que responder ante las demandas del banco que compró en 2017.

Santander Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
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