Empresas y fondos ya se preparan para amortiguar el golpe fiscal impulsado por el G-7

Decían los economistas jefe y los directores de inversiones de los grandes fondos internacionales hace un año que el covid ha acabado con dinamitar el neoliberalismo, y que hay que prepararse para un capitalismo de Estado. Si en la primera fase de la pandemia los gobiernos se han unido a los bancos centrales para impulsar la recuperación tras una parálisis de la actividad sin precedentes, ahora ya han empezado a imaginar un mundo con más impuestos. O, al menos, con mínimos para las multinacionales tecnológicas.

Es una forma de que Amazon, Google o Facebook entren en el siglo XXI. Aunque también podría argumentarse que será la fiscalidad la que se adaptará a esta nueva era digital. En esencia, el acuerdo del G-7 quiere establecer un mínimo del 15% como tributo sobre beneficios y penalizar a los paraísos fiscales. Las dos cuestiones atacan las estructuras de empresas pensadas para pagar impuestos por debajo del nivel que tiene la mayoría de países desarrollados, donde obtienen una parte relevante de sus ganancias.

Todos estos puntos, de todos modos, son preliminares. Los fiscalistas consultados coinciden unánimemente en que quedan meses de complejas negociaciones entre los gobiernos. Pero mientras, tanto las empresas como sus asesores fiscales están ya en fase de estudio con consultas continuas, con el objetivo de adaptarse y optimizar su estructura. Y también las gestoras internacionales, calculando ganadores y perdedores para la asignación de activos. "Los sectores que hasta ahora se beneficiaban de una fiscalidad más ventajosa, como la tecnología y la salud, son los más vulnerables en este sentido", comenta Catherine Doyle, estratega de BNY Mellon Global Real Return.

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"Es un cambio de paradigma y tendrá un impacto relevante", asevera Joan Hortalá, socio de Cuatrecasas. "La fiscalidad internacional está pensada para un mundo analógico, donde las empresas pagan impuestos en territorios fuera de su sede solo si tienen presencia física, pero la economía digital rompió esto, porque se vende y se prestan servicios, obteniendo beneficios, en diversos países sin necesidad de tener una estructura física en ellos", agrega.

En efecto, hace dos décadas se necesitaba tener presencia física para vender un libro. Ahora una compañía de comercio electrónico puede centralizar en un punto (en países con menor fiscalidad como Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo) su operativa y limitarse a tener la logística en cada país, sin generar beneficios locales por los que tributar. Y lo mismo ocurre con otros servicios digitales.

Sin embargo, no ha sido una sorpresa, ya que en el seno de instituciones como la OCDE o la propia Comisión Europea hay propuestas desde hace tiempo en esta dirección. Pero Estados Unidos debía estar para que una reforma fiscal global tuviera sentido, y la victoria de Joe Biden en la Casa Blanca abrió la puerta para ello.

Las tecnológicas llevan tiempo en el punto de mira. El Gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, aprobó una tasa digital para estas compañías. Pero el acuerdo inicial del G-7 apunta a extender a todo el sector productivo los cambios, incluyendo por ejemplo al sector financiero, donde puede ocurrir lo mismo. Un banco sin estructura en España, por ejemplo, puede vender fondos de inversión, gestionar carteras de altos patrimonios o financiar grandes proyectos.

La OCDE trabaja en dos pilares. El pilar I busca reasignar la tributación de las multinacionales en el ámbito de la economía digital y bienes de consumo a las jurisdicciones de los mercados en los que opera, resume Isabel de Otaola, socia de Baker McKenzie, "por lo que a nivel global no debería existir un aumento significativo de impuestos", sino que "habrá menos incentivos para trasladar las inversiones a países de baja tributación, y por tanto menos planificación fiscal y más transparencia y seguridad". En este pilar, se proponen derechos de imposición a los países sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10%.

De forma paralela, el pilar II está pensado para establecer una tributación mínima en todas las jurisdicciones. De partida, se ha acordado un 15%, y esto sí que "es previsible que provoque un incremento significativo de la tributación", añade De Otaola. Este pilar, continúa la socia de Baker McKenzie, sugiere medidas como excluir jurisdicciones que generen un porcentaje reducido de beneficios, limitar el número de jurisdicciones afectadas, o excluir del grupo de baja tributación durante tres a cinco años a una jurisdicción que supere el umbral mínimo de tributación. "No es descartable que las empresas traten de optimizar su fiscalidad utilizando estas opciones", avisa la experta.

Tributar donde se genera negocio

Este sábado el G-7 vuelve a reunirse para tratar de acercar posturas después del histórico pacto de la semana pasada, antes de las reuniones previstas del G-20 para julio. "Los grandes gigantes tecnológicos multinacionales pagarán su parte justa de impuestos en los países en los que operan", señaló el primer comunicado. Hay varias dudas. La más evidente es si afectará a todos los sectores productivos, ya que en los últimos años se ha trabajado en diversos foros pensando en las tecnológicas, pero el propio Biden quiere que no haya excepciones, lo que sería importante para bancos globales con foco en la actividad menos enfocada en clientes minoristas. Por ahora, se toma de punto de partida la propuesta de la OCDE de que se aplique a empresas que facturen más de 750 millones anuales.

También queda por consolidar el punto de partida en el tipo mínimo que, por ahora, se ha establecido en el 15%. En los últimos años, la Comisión Europea ha apuntado al 25%, aunque hay países como Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo por debajo del 15%. Los fiscalistas también tienen duda sobre si se atacará en mayor medida la base imponible o el beneficio contable, y las deducciones que se permitirán en cada jurisdicción. Asimismo, las bases imponibles negativas generadas de ejercicios con pérdidas (la banca arrastra desde la crisis del euro y ahora habrá muchas empresas por el covid) tienen tratamiento diferente en cada país.

Otro punto importante es saber si casi todos los países se adherirán al acuerdo del G-7 en el futuro, ya que aunque relevante, "es un grupo muy reducido. Habrá que ver qué otros estados se suman al mismo. Aunque es cierto que los mecanismos propuestos por la OCDE, unos para ser implementados en el Estado de la sede central de la empresa y otros en el Estado de la fuente de las rentas, serán aplicables en una mayoría de casos", indica Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

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España podría tener un impacto positivo de 700 millones en su recaudación con un tipo mínimo del 15%, según un estudio reciente del EU Tax Observatory, mientras que con un 25% la ganancia extra para las arcas públicas sería de 12.000 millones. En sentido contrario, "la multinacional española no es agresiva en su estructura y en la gran mayoría de los casos su tributación efectiva, si se tienen en cuenta las pérdidas y los ajustes para evitar dobles imposiciones, tal como se está recogiendo en el trabajo de la OCDE, supera el 20% de tributación efectiva", opina Roberta Poza, socia de PwC Tax and Legal.

Poza cree que la ventaja principal del acuerdo es que pueda conducir a una mayor certeza fiscal. "Habrá una mayor claridad y coordinación de las empresas que prestan servicios digitales, cumpliendo el criterio que ya habían dado algunos organismos internacionales de que la tributación quede en los países en los que se consumen los servicios, y no en los que tengan su residencia. De esta forma, se evitan asimetrías y 'dumplings' fiscales", apostilla en la misma línea Carlos López, socio de BDO. "La carga fiscal podría dejar de ser un elemento decisivo a la hora de estructurar los grupos a nivel internacional, pasando a resultar neutral, al menos en teoría, ya que el nivel impositivo será muy similar en las diferentes jurisdicciones en las que operen los grandes grupos", insiste Constantino Vidal, socio de Écija.

Hacia una mayor presión fiscal

"Los abogados fiscalistas tendrán trabajo. Sin embargo, esta es otra prueba anecdótica de que el régimen neoliberal de varias décadas ha terminado y el capitalismo patrocinado por el Estado es la nueva regla", arguye Yves Bonzon, director de inversiones de Julius Baer. "El acuerdo del G-7 sobre el impuesto de sociedades a nivel mundial es parte de los 'funerales' por el Consenso de Washington, otro golpe a un consenso ya debilitado", añade Gilles Möec, economista jefe de AXA IM.

Bajo esta premisa trabajan las grandes gestoras internacionales, que ven en este paso del G-7 el primero para elevar la presión fiscal de forma sostenida. Y tendrá repercusión en la asignación de activos al construir carteras. "En Estados Unidos, la caída de las tasas impositivas efectivas ha representado hasta el 30% del crecimiento de las ganancias corporativas desde el año 2000. La propuesta del G-7 parece centrada directamente en las multinacionales con elevados márgenes de beneficio y en las multinacionales que generalmente utilizan domicilios fiscales más ventajosos. Si se implementa por completo, esperamos que los sectores multinacionales de tecnología, salud y comunicaciones estén más expuestos a este nuevo régimen fiscal", opina Norman Villamin, director de inversiones de UBP.

En concreto, aporta Jon Maier, CFO de Global X ETFs, "las estimaciones indican que una tasa impositiva mínima global del 15% representaría una desventaja de alrededor del 1% al 2% de las estimaciones de ganancias por acción para 2022". En el caso de las FANG (Facebook, Apple, Netflix y Google), Laurent Deniz, director de inversiones de Oddo BHF, calcula un impacto potencial sobre beneficios de entre el 2% y el 5%.

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Sebastien Galy, responsable de estrategia macro de Nordea AM, considera que el acuerdo del G-7 endurecerá las condiciones financieras del mercado. "El impuesto mínimo y el impuesto basado en el margen de beneficio disminuyen los flujos de caja disponibles y, por tanto, encarecen la financiación. Eso, a su vez, obliga a las empresas a desembolsar un poco menos en dividendos y recompras y a ser más discriminantes en sus inversiones".

Franceso Sedati, jefe de research y carteras de Eurizon, relativiza estos efectos: "Las empresas de todo el mundo están obteniendo unos márgenes históricamente altos, por lo que deberían ser capaces de soportar una mayor presión fiscal sin mayores problemas. Está claro que esto tendrá un impacto en los rendimientos de las inversiones, ya que los accionistas recibirán menores distribuciones de dividendos, pero parte del impacto negativo debería compensarse con un mayor crecimiento económico".

Frente al impacto negativo en beneficios de grandes multinacionales, a efectos de mercados también hay algo positivo. "La buena noticia es que Estados Unidos y la Unión Europea están de acuerdo, lo que sugiere una reducción de las tensiones y los riesgos en torno a aranceles", comenta Esty Dwek, responsable de estrategias globales de Natixis IM. Eso sí, "Biden aún tiene que aprobarla en Washington y se enfrenta al rechazo de los republicanos, lo que pondría a las compañías americanas en desventaja competitiva", advierte Brian O'Reilly, responsable de estrategia de MIFL, gestora de Mediolanum.

Por otro lado, "no embarcarse en una evasión fiscal agresiva forma parte de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). En este contexto, las empresas más rentables que pagan impuestos también podrían ganar reputación", dice Martin Wolburg, economista de Generali Insurance AM. De hecho, el G-7 también se ha comprometido a acabar con la financiación del carbón. De cara a futuro, “la carga fiscal va a verse incrementada a nivel global en los denominados impuestos verdes. La integración de los costes medioambientales y el incremento de los impuestos sobre aquellas actividades más dañinas para el medio ambiente irá claramente en aumento en la próxima década".