Hacienda defiende limitar la ayuda de 1.000€ por guardería y aboca el conflicto al Supremo

El conflicto por la deducción de 1.000 euros sobre los gastos de guardería está abocado a pasar por los tribunales autonómicos y acabar en el Supremo. Miles de madres se quedaron sin una deducción que Hacienda, bajo el mando de Cristóbal Montoro, diseñó para todas las guarderías, y que ya con María Jesús Montero se restringió a las que son centros de educación infantil, vinculando la ayuda a la educación en vez de al cuidado de los niños.

Las madres afectadas comenzaron a reclamar el año pasado a los tribunales económico-administrativo regionales (TEAR). En Cantabria, el TEAR regional dio la primera victoria a una madre considerando que el reglamento que desarrolló la modificación del artículo 81.2 de la Ley del IRPF mediante los presupuestos de 2018 se extralimitó al limitar la ayuda. Pero el TEAR de Asturias ha validado el criterio de Hacienda.

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Ante la confrontación de dos TEAR, se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que ha dado la razón a Hacienda. Así, ahora se espera que el TEAR de Cantabria corrija su posición (aunque sin carácter retroactivo) y que la disputa acabe en la Justicia. Primero en los tribunales superiores de justicia autonómicos y, finalmente, en el Supremo.

En realidad, el proceso está siendo el esperado por las madres que se han organizado para pleitear. Sin embargo, el TEAR de Cantabria había sorprendido al contradecir a Hacienda, y entre medias también ha habido una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados, pese a los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, para instar al Gobierno a modificar el reglamento. También una respuesta del Defensor del Pueblo mostrándose en contra de la restricción y prometiendo a una madre que pedirá a Hacienda un cambio.

La deducción se aprobó con el desarrollo de los presupuestos de 2018, que han estado prorrogados hasta el pasado ejercicio. El texto dice que es una deducción con la que "se incrementa el incentivo fiscal cuando tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos autorizados", y habla de "guarderías y centros de educación infantil".

En realidad, el concepto de guardería no está regulado, que es el que se usa comúnmente. Todos los centros que cuidan niños necesitan una licencia de apertura del ayuntamiento que valora cuestiones de salubridad, entre otras. La ley establece que el primer ciclo educativo es de cero a tres años, regulando los centros de educación infantil, que para serlo necesitan una autorización autonómica, que pone requisitos sobre número de profesores, tamaño de las aulas, comedor, número máximo de niños por aula, etc.

No todos los centros tienen autorización autonómica. La casuística es múltiple: comunidades en las que el registro se vuelve complicado por las exigencias o el procedimiento, centros que son anteriores al establecimiento de las exigencias y no las cumplen, otros que no han tenido necesidad o incentivo para registrarse, y muchos más casos variando en cada región.

Hacienda desarrolló un reglamento restrictivo en el que vinculó la ayuda al ámbito educativo y no a la custodia de los niños, excluyendo a todas las guarderías que no sean centros educativos infantiles. La deducción aparece automáticamente en el borrador, ya que son los centros autorizados los que deben enviar el modelo 233 con los datos de las madres.

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En 2019, primer año con la deducción, la ayuda solo estuvo disponible para estos centros, y muchas madres iniciaron reclamaciones y se organizaron para pleitear contra Hacienda. Una de las afectadas, Elena Manzano, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura, registró la Asociación de Personas Afectadas por la Deducción de Gastos en Guarderías en el IRPF para ayudar a las madres que quieran reclamar esta deducción, con asesoría y modelos para reclamar ante los TEAR, y en una siguiente fase, para negociar precios con abogados y procuradores al acudir a la Justicia.

Manzano, que representó a Extremadura en 2017 en el comité de expertos para consensuar un informe que sirviera de base a la reforma del sistema de financiación autonómica que sigue pendiente, recomienda a las madres que no tienen la deducción, presentar la declaración sin incluirla para evitar el riesgo de sanciones y, después, rectificar la autoliquidación. Cuando llegue la negativa de la Agencia Tributaria, hay un mes para presentar recurso de reposición o ir directamente al siguiente paso, como aconseja, que es la reclamación ante el TEAR que corresponda. Tras la resolución del TEAC, la respuesta de los tribunales regionales será desfavorable, así que tras considerar la negativa (si no llega antes) por silencio administrativo al año, los siguientes pasos son acudir al tribunal de justicia superior de la comunidad autónoma y, en última instancia, al Tribunal Supremo.

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De esta forma, las reclamaciones van a ir llegando a los tribunales de justicia autonómicos. Tanto si ganan las madres como si lo hace Hacienda, el asunto está abocado a llegar al Supremo, que tendrá que crear jurisprudencia. Sin embargo, si no hay cambios desde la propia Hacienda, los plazos que se manejan es una demora hasta entonces de entre tres y cinco años.

La resolución del TEAC explica que "la controversia se concreta en determinar si para gozar del incremento de la deducción por maternidad la custodia del hijo menor de tres años debe tener una finalidad educativa o no. La duda surge por los términos utilizados por la norma: 'guarderías o centros de educación infantil autorizados'. El término guardería, prosigue, "es ajeno al sistema educativo", ya que de hecho no se cita ni una vez en la Ley Orgánica de Educación de 2006.

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El TEAC reconoce que el artículo 81.2 de la LIRPF "no permite concluir inequívocamente que para gozar del incremento de la deducción por maternidad la custodia del hijo menor de tres años deba tener una finalidad educativa". Sin embargo, basa su conclusión en que, como el procedimiento que refleja el artículo 69.9 de la LIRPF consiste en enviar una declaración informativa (modelo 233), solo disponible para los centros de educación infantil, "debemos concluir que dicho incentivo fiscal está vinculado al ámbito educativo". La resolución está en línea con una respuesta vinculante de la Dirección General de Tributos. Meses después de dejar fuera a miles de madres con el criterio establecido en 2019, Tributos formalizó la postura de Hacienda al señalar que la ayuda está "vinculada al ámbito educativo".

Esta semana, la Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado una propuesta no de ley presentada por Ciudadanos para instar al Gobierno a modificar el reglamento y extender la deducción a todas las guarderías. La votación fue ajustada, con 17 votos a favor (Ciudadanos, Partido Popular, Vox, PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria) y 16 votos en contra (PSOE y Unidas Podemos), mientras que PNV y ERC se han abstenido.

La a Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein) ha criticado esta propuesta. "Parece que los señores diputados se olvidan o desconocen que los centros que atienden a niños de forma continua deben contar con una autorización administrativa así viene reflejado en todas las leyes educativas desde 1990", critica la asociación en un comunicado, añadiendo que "esta propuesta perjudica a la atención de los niños de cero a tres años, pretende legalizar situaciones irregulares y apoya a centros que, en la mayoría de los casos, están cometiendo, incluso, irregularidades fiscales".