El Corte Inglés paga 122 M a Cataluña, Aragón y Asturias tras años de litigios fiscales

El Corte Inglés tuvo un ejercicio 2020/2021 extraordinariamente malo, castigado por una pandemia histórica, que le obligó a tener sus centros comerciales cerrados durante una gran parte del año. Pero, además, tuvo que hacer frente a una sentencia judicial del Tribunal Supremo por el impuesto que Cataluña, Aragón y Asturias les impusieron a las grandes superficies. Después de más de seis años de pelea en los juzgados, la compañía presidida por Marta Álvarez ha tenido que pagar 122 millones, que también ha incluido en la cuenta de resultados.

El impuesto a los grandes superficies fue un tributo diseñado por estas comunidades autónomas, a medida y a principios de 2010, para que los centros comerciales superiores a 4.000 metros cuadrados —en el caso de Asturias— o de 2.500 metros cuadrados —en Cataluña y Aragón— se hicieran cargo del daño que causaban en el entorno natural por los desplazamientos que, debido a su atractivo para los usuarios, provocaban desde las poblaciones cercanas a sus puntos de venta. Navarra también lo tuvo, pero lo eliminó en 2013, al igual que La Rioja, que lo suprimió en 2015.

Las administraciones de Cataluña, Aragón y Asturias empezaron en 2014 a exigirle el abono de esta tasa, a la que El Corte Inglés se opuso. Pero después de varios recursos en los juzgados locales, el Tribunal Supremo sentenció en 2019 que El Corte Inglés debía pagar este impuesto de grandes establecimientos comerciales. Inicialmente, en 2015, fue la consejería de Economía y Administración Pública del Principado la que decidió aplicar a El Corte Inglés dicho impuesto, decisión que fue recurrida por la compañía.

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El Corte Inglés elevó la causa hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que finalmente consideró que dicho impuesto, que actualmente recaudan Cataluña, Aragón y Cataluña, era compatible con el derecho comunitario. Tras esta decisión, hace ahora dos años, la sala de lo contencioso del Supremo rechazó las alegaciones realizadas por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), patronal del sector que instó a la presentación de dicha cuestión prejudicial. Carrefour, Alcampo, Ikea y Leroy Merlin también se opusieron a tributar por estos conceptos.

La compañía aceptó pagar las costas —8.000 euros—, pero continuó pleiteando en aras de una sentencia favorable que no ha llegado. Tras agotar todas las vías, El Corte Inglés ha decidido apuntarse como pérdidas en las cuentas del ejercicio 2020/2021 los 122 millones. Aparentemente, el grupo de distribución ya había dotado esta cantidad un año antes, pero según la presentación remitida a los inversores, la contabilización se ha hecho en el curso cerrado el pasado 28 de febrero.

A la Generalitat presidida ahora por Pere Aragonès le vendrá muy bien este ingreso, ya que su equipo económico, liderado por Jaume Giró, preveía cerrar el curso con un déficit de 2.560 millones debido al gasto social derivado del covid-19. En septiembre de 2020, la deuda total de la Generalitat era de 78.292 millones de euros, de los que 62.376 millones corresponden a deuda a cargo del sistema de liquidez. Dicho de otra manera, el Tesoro español es el principal acreedor de la deuda de la Generalitat, en concreto, del 79,7%.

Mejoría a la vista

Este coste extraordinario se suma a los 150 millones también considerados excepcionales destinados a pagar el Expediente de Regulación de Empleo aplicado a 3.000 personas, a otros 125 millones de créditos fiscales (futuros beneficios) que se dan por perdidos, a 330 millones de existencias (ropa, fundamentalmente) cuyo valor se ha reducido al no poder ser vendida y a los 1.760 millones de dotaciones por la caída de la tasación de los centros comerciales.

Una factura de imprevistos que llevaron a El Corte Inglés a perder 2.945 millones el pasado año, unos números rojos que El Confidencial ya adelantó en mayo de 2020, en pleno inicio de la pandemia. Sin tener en cuenta esos factores extraordinarios, que limpian la casa para años venideros, el 'holding' acabó el ejercicio con unas minusvalías de 445 millones y un beneficio operativo o Ebitda de 142 millones. Una mejora que el equipo gestor dirigido por Víctor del Pozo considera que se afianzará en 2021/2022 y cuya primera muestra se verá a principios de julio, cuando la compañía adelante, en contra de lo habitual, los resultados del primer trimestre acabado el pasado 31 mayo.