Santander se expone a demandas de hasta 1.000 millones por la sentencia de Bankia
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AMPLIACIÓN DEL POPULAR

Santander se expone a demandas de hasta 1.000 millones por la sentencia de Bankia

El primer banco español podría ser un daño colateral de la sentencia del TJUE, que admite que los inversores institucionales de salidas a bolsa y ampliaciones pueden demandar

placeholder Foto: Ana Botín, presidenta de Santander. (Reuters)
Ana Botín, presidenta de Santander. (Reuters)

La sentencia europea de la salida a bolsa de Bankia podría afectar más a Santander que a CaixaBank. La entidad catalana ha acotado en 30 millones el potencial riesgo de nuevas sentencias en contra por los institucionales que acudieron a la oferta pública de suscripción (OPS) de Bankia en julio de 2011. Mientras, Santander tiene todavía abierto un frente con un potencial riesgo de hasta 1.000 millones, para el que Bankia suponía hasta ahora un cortafuegos.

La ampliación de capital en 2016 de Banco Popular, que ascendió a 2.500 millones, fue cubierta con 1.000 millones de euros procedentes de institucionales —fondos y empresas— que hasta ahora no tenían claro si podrían reclamar en los tribunales, ya que la jurisprudencia española se lo prohibía. La sentencia europea rompe este 'statu quo', aunque desde cada bando hacen una lectura opuesta.

Fuentes bancarias señalan que la letra pequeña de la sentencia no es tan clara y que ambos casos —Bankia y Popular— no son comparables, debido a que la entidad que compraron se hizo en resolución. Además, añaden, para que sea aplicable la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), primero tiene que haber un tribunal español que dictamine que el folleto del Popular fue falso. A esto se suma que hay una cuestión prejudicial elevada a Europa por un juzgado gallego para dilucidar si Santander no tiene por qué responder ante las demandas del banco que compró en 2017.

Foto: Bankia.

El Tribunal Supremo había fijado hasta el momento una distinción entre los inversores particulares y los institucionales en caso de falsedad del folleto de una colocación en el mercado. El alto tribunal lo dictó así a comienzos de 2016, en la sentencia en que anuló la salida a bolsa de Bankia, pero solo para los pequeños inversores. Consideraba que los institucionales tenían más medios que los particulares para saber el estado real de las cuentas de la entidad nacionalizada.

Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher Jausas, explica que esta situación había formado un tapón en posibles demandas contra Santander por la ampliación de Popular, y añade que "los institucionales tienen hasta el 28 de agosto para reclamar por vicio del consentimiento en la compra en el mercado primario".

"El hecho objetivo es que el folleto de salida a bolsa de Bankia era inexacto y, por tanto, da igual qué tipo de inversor eres, puesto que has basado tu decisión en información falsa", expone Patricia Suárez, presidenta de Asufin, asociación que cree que el plazo para reclamar daños prescribe este lunes 7 de junio.

Impacto dispar

Sea como fuere, esta sentencia llega en un momento en que la mayor parte de las posibles demandas se han ido cerrando para Bankia, ahora integrada en CaixaBank. La salida a bolsa de la entidad nacionalizada ascendió a 3.000 millones, de los que 1.800 millones fueron apostados por los pequeños inversores y fueron devueltos tras la sentencia del Supremo de 2016, y 1.200 millones por institucionales como Mapfre, Iberdrola, Grupo Villar Mir y fondos de los grandes bancos, entre otros.

Algunos como Iberdrola y Villar Mir reclamaron en los tribunales sin éxito, y ya no tienen capacidad de dar marcha atrás, ya que no recurrieron las últimas sentencias en su contra. Mientras, compañías como Porcelanosa y Meliá International Hotels dejaron la puerta abierta. En total, el riesgo para CaixaBank ronda los 30 millones.

placeholder El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (d), y el CEO, Gonzalo Gortázar. (EFE)
El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (d), y el CEO, Gonzalo Gortázar. (EFE)

En el caso de Santander, la entidad hasta ahora ha dado pasos para devolver el dinero a clientes particulares, a los que ofreció el bono fidelización a finales de 2017. De los 2.500 millones de la ampliación, 1.075 millones fueron destinados por pequeños inversores, 1.000 millones por institucionales y algo más de 300 millones por antiguos consejeros, que como autores del folleto no pueden reclamar.

Para determinar si el folleto de la ampliación de Popular fue falso, son claves la investigación de la Audiencia Nacional, que está en marcha pendiente de diversas pruebas, y los primeros recursos que lleguen al Supremo. Muchos de ellos se han paralizado en los últimos años, por lo que no hay una fecha pendiente.

La sentencia europea de la salida a bolsa de Bankia podría afectar más a Santander que a CaixaBank. La entidad catalana ha acotado en 30 millones el potencial riesgo de nuevas sentencias en contra por los institucionales que acudieron a la oferta pública de suscripción (OPS) de Bankia en julio de 2011. Mientras, Santander tiene todavía abierto un frente con un potencial riesgo de hasta 1.000 millones, para el que Bankia suponía hasta ahora un cortafuegos.

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