Hacienda reclama a Repsol más de 100 millones por impuestos en sus beneficios

La Agencia Tributaria arrastra una reclamación a Repsol desde hace años por la que le pide más de 101 millones de euros. Según Hacienda, la compañía pagó menos por el impuesto de sociedades de lo que debía en 2010, por lo que ha generado una deuda tributaria millonaria.

Por su parte, la multinacional energética explica en su memoria anual de 2020 que este caso tiene que ver con una inspección que concluyó en 2017 por los ejercicios 2010-2013. Aunque la mayoría de reclamaciones se cerraron con actas en conformidad y sin pagos significativos, hubo dos cuestiones que fueron motivo de controversia: la deducibilidad de intereses de demora tributarios y la deducción de pérdidas por actividades empresariales en el extranjero.

Por esta razón, Hacienda exigió una liquidación extra hace cuatro años. Sin embargo, la compañía petrolera no estaba de acuerdo con la interpretación que hace el fisco y decidió recurrir a los tribunales. Primero ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). No obstante, este organismo dependiente del propio ministerio que dirige María Jesús Montero desestimó la reclamación el pasado 24 de septiembre.

Ante esta situación, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz decidió acudir a la Justicia ordinaria y recurrir ante la Audiencia Nacional. Un proceso que aún está abierto. El pasado 7 de mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó un auto en el que suspendía la liquidación hasta que se resuelva la cuestión de fondo en este litigio. Eso sí, los magistrados solicitan a la recurrente que deposite una garantía.

En este caso, se trata de un aval bancario expedido por BBVA, que ya fue emitido cuando se llevó el conflicto a la vía administrativa en 2017. Según detalla el auto de la Audiencia Nacional ahora, dicha garantía debe cubrir "la deuda tributaria de 101.440.503,83 euros más los intereses de demora de esa cantidad y recargos, en su caso, correspondientes".

Fuentes jurídicas expertas en fiscalidad señalan que además de los más de 101 millones, los intereses pueden ser importantes. Estos se devengan desde el momento en que se produjo la apertura de las actas para el pago de la deuda con las arcas públicas y hasta que se resuelva la discrepancia, aunque limitada por cuestiones técnicas.

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Juan Cruz Peña

Los intereses a pagar son del 3,75% anual. Según sus cálculos, este tipo de litigios suele acumular intereses sobre el principal por alrededor de los cuatro o cinco años que se extiende el caso. Esto significaría que una desestimación completa y firme para Repsol elevaría la cuantía que tendría que pagar hasta cerca de los 120 millones de euros. Las fuentes consultadas señalan que si no se paga tras un dictamen judicial firme, se recurre a la vía de apremio y los intereses crecen hasta el 20%, además de que se ejecutaría el aval.

Esta no es la primera vez que Repsol se las ve con Hacienda en los tribunales. Tal y como adelantó El Confidencial, en septiembre de 2020, la compañía energética presidida por Antonio Brufau evitó una sanción tributaria de alrededor de 30 millones de euros por el despido de 150 directivos por el que la Agencia Tributaria entendía que habían tributado menos, algo que los jueces no admitieron. Más recientemente, en abril, la propia Audiencia Nacional tumbó una sanción de la CNMC por 22,59 millones de euros.