El Congreso bloquea hace seis meses las sanciones a la morosidad contra empresas

El retraso en el pago a los proveedores sigue sin un régimen sancionador aunque se incumpla la ley. La propuesta de reforma que todo el Congreso aprobó tramitar hace casi un año está bloqueada en la Mesa, que cada semana desde hace seis meses alarga el plazo para presentar enmiendas.

La Mesa del Congreso, con mayoría de los partidos que están en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ha ampliado esta semana nuevamente el periodo de enmiendas al articulado de la proposición de ley para modificar la Ley 3/2004 y establecer medidas contra la morosidad en operaciones comerciales. Esta semana, desde el PSC han mostrado su compromiso con tramitar esta ley pero, con esta, son ya 24 prórrogas.

La propuesta se presentó hace más de un año, el 6 de mayo de 2020. En medio de la tensión de liquidez que tenían muchas empresas por el confinamiento, el Grupo Parlamentario Plural presentó una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2004 para establecer un régimen de infracciones y sanciones.

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Dicha ley, con la modificación por la Ley 15/2010 tras la crisis de 2008, fija periodos máximos de pago a los proveedores, pero no castiga a las incumplidoras, una práctica recurrente entre grandes empresas y administraciones públicas. Lo que establece es un periodo máximo de 30 días para pagar las facturas, que se puede ampliar a 60 días cuando haya acuerdo mutuo entre empresas (la Administración tiene que pagar siempre en menos de un mes).

Sin embargo, todos los registros apuntan a periodos mayores. El articulado de la propuesta de ley propone sanciones que van de 3.000 euros al millón de euros. El texto fija multas de hasta 3.000 euros cuando sean infracciones leves, de 3.001 euros a 100.000 euros cuando sean graves, y entre 100.001 euros y un millón cuando sean muy graves.

La propuesta considera infracciones graves casos como cuando se incumpla el plazo legal con una operación superior a 50.000 euros, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo periodos considerados como vacacionales, que la deuda supere en más de 30 días el plazo legal o que se pacten cláusulas en perjuicio del acreedor sobre el comienzo del cómputo del plazo o sobre las consecuencias de la demora. Asimismo, la infracción será muy grave cuando supere los 600.000 euros o cuando haya reincidencia o reiteración en la operación comercial. Por otro lado, serán infracciones leves las que no cumplan requisitos para ser graves o muy graves.

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El Congreso votó en favor de su tramitación con 344 votos a favor y una abstención de los 345 que se emitieron el 22 de septiembre, con lo que pasó a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Y ahí sigue, en periodo de enmiendas. Fuentes socialistas siempre aseguran que es normal que, en ocasiones, se demore la tramitación de una ley para escuchar a todas las partes.

“La Mesa es un rodillo”, asegura un diputado de la oposición que está pendiente de la tramitación de esta ley por contactos con asociaciones que lo han promovido. Desde la oposición, vinculan la falta de actividad con esta y otras leyes a las campañas electorales que se han sucedido en Cataluña y Madrid. También ha ocurrido con el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, que ha estado bloqueado tras el periodo de enmiendas desde diciembre en la Comisión de Economía, y que incluye cambios fiscales en socimis o sicavs. En este caso, el proyecto de ley está previsto que se apruebe la semana que viene.

Sin embargo, para la ley de medidas contra la morosidad empresarial no hay fechas. Y eso que lleva encima de la mesa varios años por petición de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), presidida por Antoni Cañete. La plataforma, que persigue que haya sanciones para evitar el retraso en los pagos a proveedores, está entre las 23 asociaciones que han creado la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) como nueva patronal para las pequeñas y medianas empresas, que hasta ahora estaban representadas por Cepyme. Precisamente, Cañete, que es presidente de Pimec, patronal de pequeñas y medianas empresas catalanas, será vicepresidente de esta nueva patronal.

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Cañete ha sido beligerante con la gran empresa, precisamente, por el pago a proveedores, lucha que ahora llevará a cabo Conpymes. La diputada socialista en el Congreso Montse Mínguez y la diputada en el Parlament catalán Alicia Romero se han comprometido con él a tramitar la ley en el Congreso. Por ahora, las grandes empresas cotizadas están pagando a 50 días de media, con un total de 17 haciéndolo a más de 60 días en promedio, según los informes anuales de 2020. La ley no establece sanciones, pero sí obliga a las empresas a comunicar las cifras de su relación con proveedores. Las 70 mayores cotizadas del país recortaron el año pasado 13.000 millones (un 11%) el pago a proveedores, además de retrasar los plazos y desafiar la ley. El empeoramiento de los pagos es habitual. La plataforma PMcM sitúa la media en 77 días, tanto en administraciones públicas como en empresas, según una encuesta realizada, mientras que la patronal Cepyme estimó en el primer trimestre de 2020, antes del covid, que el promedio estaba en 87 días.

En el caso de las administraciones públicas, las entidades locales tienen un periodo medio de pago de 83,26 días, según las estadísticas de Hacienda en febrero de 2021. Es decir, los ayuntamientos se alejan de media casi dos meses del máximo permitido por la ley. En el caso de las comunidades autónomas, han bajado por primera vez del tope y pagan a 29 días, con Navarra (31 días), Asturias (33 días), Cataluña (45 días) y Aragón (49 días) como las que tardan más en pagar, mientras que la Administración central sigue fuera de plazo en promedio, con 33,83 días.

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La Comisión Europea calculó en 2014 que acabar con la morosidad estructural entre empresas en España, Italia y Portugal evitaría el cierre de entre 124.000 y 248.000 negocios al año, mientras que la PMcM denuncia que 500.000 empresas cerraron tras la crisis de 2008 ahogadas por el retraso en los pagos de las facturas.

El retraso en el pago a los proveedores obliga a las empresas a buscar alternativas de financiación para asegurar su flujo de caja y atender al pasivo circulante o de corto plazo. Empresas afectadas tienen que acudir a la banca y lo han hecho con créditos con aval público a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o firmando contratos de ‘confirming’ y ‘factoring’, por los que el banco adelanta el dinero de las facturas.

Desde la PMcM, critican que los tipos de interés de estas actividades están alcanzando hasta el 7%. La actividad de ‘factoring’ y ‘confirming’ se situó en 182.264 millones en 2020, con 162.000 órdenes. Precisamente, la Asociación Española de Factoring y Confirming (AEF) está hablando con partidos políticos para suavizar el régimen de sanciones propuesto en el Congreso.