Santander reclama al Estado 19 millones ante el Tribunal Supremo por la autovía A-40

El Tribunal Supremo estudia una reclamación de Banco Santander contra el Estado de 19 millones, tras haber admitido a trámite un recurso de casación del grupo cántabro. La entidad solicita esta deuda por la autovía A-40 en el tramo Torrijos a Toledo que procede de Corsam Corviam Construcción, del Grupo Isolux, que entró en concurso de acreedores en 2017.

La deuda es anterior, y tiene su origen en un contrato de cesión de Corsam Corviam por un contrato de 'factoring' el 9 de abril de 2013 a Santander Factoring y Confirming EFC que asciende a 18,79 millones. El 'factoring' consiste en que una entidad financiera adelanta el dinero de las facturas y asume su cobro a cambio de una comisión. En este caso, la filial de Banco Santander se quedó el derecho de cobro.

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E.P.

El contrato procede de una certificación en las obras de la mencionada autovía en la provincia de Toledo, cuya factura emitió el Ministerio de Fomento. Tras la reclamación el 13 de junio de 2016 de la deuda, Fomento solicitó un informe a la Abogacía del Estado, que sirvió de fundamento para desestimar el pago. El argumento es que el crédito cedido no existía al tiempo de la comunicación del contrato de 'factoring' y que la notificación se hizo de forma incompleta, “sin ni siquiera aportar al Ministerio de Fomento dicho contrato de 'factoring' ni acreditar la representación del cedente”.

Dicho informe también señala que se omitió el contenido del negocio jurídico entre las filiales de Banco Santander e Isolux, y que tras la aprobación económica de la certificación final, el 30 de diciembre de 2014, por parte de Fomento, “el pago de su importe a la contratista el 20 de enero de 2015 vino a producir efectos liberatorios para la Administración contratante, por lo que la posterior reclamación de la concesionaria frente a la Administración, de 13 de junio de 2016, ha de considerarse improcedente, por contraria a derecho, habiendo de rechazarse, por todo lo expuesto, los motivos de impugnación en que se basa la demanda”.

Santander decidió entonces, tras esta negativa y por considerar nuevamente un rechazo mediante silencio administrativo desde Fomento, acudir al Supremo. La entidad presentó un recurso de casación ante el Supremo argumentando que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, arguyendo que no está previsto ni normativa ni jurisprudencialmente que deba aportarse el contrato de cesión junto con la notificación de la misma.

De este modo, el Supremo ha admitido el recurso y estudiará varias cuestiones, según el fallo al que ha tenido acceso este medio: la interpretación del concepto de 'notificación fehaciente' al transmitir derechos de cobro en contratos administrativos y si es necesario, y las consecuencias jurídicas de ello. Con base en esta decisión, Santander y el Estado se juegan casi 19 millones de euros.