El Gobierno encarga un 'forensic' para frenar una demanda millonaria por otra obra fallida de ACS
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Para evaluar compromisos financieros

El Gobierno encarga un 'forensic' para frenar una demanda millonaria por otra obra fallida de ACS

El Ministerio de Transportes y la Abogacía del Estado buscan expertos en economía y regulación para responder a un arbitraje contra España y Francia en el que TP Ferro (ACS y Eiffage) reclama 700 M

placeholder Foto: El presidente de ACS, Florentino Pérez. (Reuters)
El presidente de ACS, Florentino Pérez. (Reuters)

El Gobierno trata de defenderse de la demanda interpuesta por TP Ferro, sociedad concesional formada por ACS y Eiffage. En otro litigio contra la Administración pública como ya ocurrió con el almacén de gas Castor, el consorcio compuesto por la compañía presidida por Florentino Pérez y el grupo galo reclama a España y Francia 700 millones de euros ante un tribunal arbitral de Suiza por el proyecto fallido de alta velocidad que une Figueras y Perpiñán.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, junto con la Abogacía del Estado, busca por vía de urgencia expertos para la asistencia técnica especializada en servicios de “forensic' financiero”, según consta en documentación oficial.

Concretamente, el departamento dirigido por José Luis Ábalos requiere "asesoramiento especializado y la elaboración de trabajos periciales de soporte a la defensa del Reino de España en el referido procedimiento arbitral" con el fin de "dar contestación a los aspectos económico-financieros y regulatorios recogidos en los documentos presentados por TP Ferro", y añade que tiene "el objetivo de dar contestación a los argumentos recogidos en los documentos aportados por TP Ferro".

placeholder Imagen de archivo de la construcción de un túnel ferroviario. (EFE)
Imagen de archivo de la construcción de un túnel ferroviario. (EFE)

El Gobierno busca depurar responsabilidades: "La tarea principal comprenderá, entre otras actividades, la de analizar las obligaciones financieras establecidas por el contrato de concesión y por el resto de los contratos de financiación firmados por TP Ferro, así como sus actuaciones llevadas a cabo en relación con los concedentes y con los prestamistas, y todo ello con objeto de evaluar el grado de cumplimiento de dichas obligaciones financieras y de los compromisos contractuales firmados", explica la memoria de justificación de este contrato.

Para esta tarea, la Secretaría General de Infraestructuras ha abierto un proceso restringido al que se han presentado varias de las consultoras más expertas en la materia. Accuracy Asesores, Auren Auditores, Duff & Phelps e Intermoney, por ese orden de preferencia, se postulan para llevar a cabo esta tarea en la defensa de España.

Siete profesionales expertos en diferentes materias, dirigidos por un socio de 'forensic' con larga experiencia, darán este servicio, que se licita por más de 725.000 euros. Además de la elaboración de diferentes informes y análisis, este servicio de 'forensic' financiero deberá ser ratificado ante el tribunal arbitral de Ginebra. La Subdirección General de Planificación Ferroviaria prevé que estos trabajos se extiendan de julio de 2021 hasta marzo de 2023, siempre teniendo en cuenta que el devenir del litigio puede modificar plazos y tareas.

Cuatro años ya de litigio

TP Ferro es una sociedad conformada en 2003 por ACS y Eiffage que fue adjudicataria del proyecto de construcción y explotación del tramo ferroviario de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán (44,4 kilómetros —incluidos los 8,3 kilómetros del túnel pirenaico—). Sin embargo, el proyecto fracasó, según los demandantes, por la falta de ingresos dados los retrasos en el corredor mediterráneo, y en 2015 decidieron declarar la quiebra, acuciados por las deudas. Ante el concurso de acreedores, en 2016 se retiró la adjudicación, 40 años antes de lo previsto, que fue asumida por la Administración.

Foto: Plataforma de almacén de gas del Proyecto Castor.

Más tarde, en 2017, el consorcio hispanofrancés presentó un arbitraje en el que reclamaba 450 millones de euros por las inversiones ya realizadas más otros 250 millones de euros en concepto de daños y perjuicios (700 millones en total) por lo que se conoce como responsabilidad patrimonial del Estado (RPA). Si la demanda prospera, el dinero irá a parar al 100% a pagar las deudas, por lo que accionistas y bancos no cobrarán, según explicaba 'La Vanguardia' en 2020. La banca vendió los créditos con fuertes descuentos a fondos internacionales, quienes se beneficiarán del arbitraje en caso de éxito. Por su parte, España y Francia reclaman 75 millones a TP Ferro por liquidar la concesión de forma anticipada.

Esta no es la primera vez que la empresa de Florentino Pérez termina de forma fallida y en los tribunales. El caso más conocido fue el del proyecto del almacén de gas Castor. Tras los temblores de tierra en las costas de Castellón, se decidió paralizar el mismo, por lo que el Estado tuvo que resarcir a la concesionaria con más de 1.300 millones de euros. Los derechos de cobro fueron traspasados a la banca, que recientemente ha logrado cobrar tras denunciar al Estado en el Tribunal Supremo.

El grupo del Ibex 35 que lidera el también presidente del Real Madrid arrastra otros conflictos con la Administración relativos a las concesiones que ha heredado de Abertis, las autopistas quebradas, o el conflicto que mantiene Dragados por el AVE a Granada.

El Gobierno trata de defenderse de la demanda interpuesta por TP Ferro, sociedad concesional formada por ACS y Eiffage. En otro litigio contra la Administración pública como ya ocurrió con el almacén de gas Castor, el consorcio compuesto por la compañía presidida por Florentino Pérez y el grupo galo reclama a España y Francia 700 millones de euros ante un tribunal arbitral de Suiza por el proyecto fallido de alta velocidad que une Figueras y Perpiñán.

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