El caso Villarejo pone el foco en la actual cúpula de BBVA

El caso BBVA-Villarejo encara su último tramo con varios coletazos que pueden hacer que desfilen por la Audiencia Nacional varios altos directivos del segundo banco español. Fuentes próximas a la Audiencia señalan que la investigación podría concluir en los próximos meses, tras los últimos avances, como la revisión del informe 'forensic' del banco por parte de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía.

El caso está a día de hoy dirigido contra el comisario Villarejo, el banco como persona jurídica, su expresidente Francisco González (FG) y algunos de los directivos de su equipo, algunos de los cuales siguen en la entidad.

En las últimas semanas, una de las acusaciones —el abogado Felipe Izquierdo— ha lanzado una ofensiva para que declare como imputado el director de Auditoría Interna, Joaquín Gortari, antiguo jefe de gabinete de FG.

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El alto ejecutivo de BBVA está ya personado en la causa, con abogados, pero bajo la figura de querellado. Esta acusación pidió que Gortari sea citado como imputado, algo a lo que dio el visto bueno la Fiscalía Anticorrupción, pero que rechazó el juez Manuel García-Castellón por un defecto de forma: "No puede admitirse la diligencia interesada, al no haber resultado solicitada en el escrito de querella (y por lo tanto, no entendiéndose acordada ya de forma explícita), ni tampoco se puede admitir al no haber justificado el querellante las razones por las que interesa la declaración del Sr. Gortari".

Ante ello, Izquierdo ha presentado un recurso de reforma en el que hace referencia al expediente disciplinario que abrió BBVA a Gortari en 2019 —posteriormente archivado—. En este, PwC resaltaba correos que "podrían evidenciar el conocimiento por parte de D. Joaquín Gortari de la colaboración existente entre el Área de Seguridad dirigida por D. Julio Corrochano y miembros de las FFyCC [Fuerzas y Cuerpos] de Seguridad del Estado para la obtención de información no disponible en fuentes públicas".

Gortari esquivó el expediente alegando, entre otras cosas, que “actuó en todo momento siguiendo las instrucciones de su jefe (el anterior presidente, D. Francisco González)”.

Por otro lado, también se ha puesto sobre la mesa la posible declaración como testigo de la directora global de Legal, María Jesús Arribas. En este caso, lo ha pedido otra defensa, la del exdirectivo y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar, por un informe que aportó el banco a la Audiencia en 2019.

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BBVA ha respondido oponiéndose a esta petición alegando que el autor de dicho documento fue PwC y no Arribas, y que al ser la jefa de los Servicios Jurídicos su declaración puede suponer una vulneración de sus derechos. "La responsable de los Servicios Jurídicos, en tanto que abogada interna de BBVA que ha conocido de los hechos que son objeto de la presente instrucción a resultas, precisamente, de dicha condición profesional, tiene la obligación legalmente impuesta de no declarar en relación a ello. Menos aún, respecto de un requerimiento judicial que ha sido respondido por la entidad en el marco del presente procedimiento", expone el banco. Una persona del equipo de Arribas, Adolfo Fraguas, ya declaró durante casi 20 horas a finales de 2019, representando al banco como imputado.

Otra de las declaraciones pendientes 'a priori' admitidas por el juez es la del exdirectivo de Recuperaciones Pedro Bécares, clave en uno de los encargos a Villarejo —para investigar a la inmobiliaria Prasa— de los que el banco podría haberse beneficiado.

¿Torres testigo?

Tras el informe de la UAI y las declaraciones hace dos semanas de algunos de los presuntamente espiados por Villarejo, como Luis del Rivero y Carlos Arenillas, los siguientes frentes están en la revisión del correo interno que pidió Béjar, aprobada por la Audiencia, y que alguna acusación pida alguna revisión adicional del 'forensic'.

Fuentes próximas a la investigación señalan que todavía no se puede descartar que 'desfile' como testigo el presidente de BBVA, Carlos Torres, algo que ya valoró Anticorrupción hace algunos meses. Su nombre ha salido en algunas declaraciones a raíz de un informe que hizo Villarejo para el viaje de un alto directivo a Turquía, y por el hecho de que no se haya revisado su correo y móvil en la investigación interna.