Las sanciones de la CNMC a las empresas lácteas amenazan con desmoronar el sector

El sector lácteo se enfrenta un escenario nuevo tras la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las principales industrias por presuntos intercambios de información sobre los precios de la leche que se pagaban a los ganaderos entre los años 2000 y 2013. La consecuencia puede ser el desmoronamiento de todo el negocio, de acuerdo con las estimaciones de expertos conocedores del sector.

La CNMC, a través de una resolución, impone una multa de 80,6 millones de euros a diez empresas. Esto permitiría a los ganaderos afectados reclamar hasta un 10% de lo facturado entre 2000 y 2013 por el presunto perjuicio causado debido a los intercambios de información de la industria, siempre que la Audiencia Nacional confirmase la resolución.

Las peticiones de indemnización ya han sido formalizadas por miles de ganaderos ante la perspectiva de obtener hasta 1.200 millones de euros en reclamaciones, aunque la cifra final a percibir por cada ganadero dependería única y exclusivamente cada juez. Fuentes del sector, tanto de las empresas como de las organizaciones de ganaderos, señalan que este conflicto se produce en un momento en el que la relación entre las empresas lácteas y los ganadores es completamente diferente a la de hace casi una década.

TE PUEDE INTERESAR

Cargando leche por los montes nevados: el temporal pone en jaque al mundo rural

David Brunat

Un proceso judicial con millonarias reclamaciones destrozaría todos los esfuerzos realizados hasta ahora para construir y mantener un marco de relaciones estables y duraderas entre los ganaderos y la industria. En este nuevo escenario, el sector lácteo puede quedar muy alterado y con su viabilidad comprometida si se agudiza la tensión entre industria y ganaderos, aseguran las fuentes consultadas.

El periodo investigado por la CNMC concluye en 2013, pero el panorama actual es muy difente. De un sector no regulado se ha pasado a otro con normas y compromisos. Un cambio destacado es la existencia de contratos tipo oficiales para la compra de leche, normalmente de un año de duración, y con un sistema de inspección en manos de las comunidades autónomas.

La normativa general sobre regulación de la cadena alimentaria impide actuaciones relacionadas con pactos sobre precios para alterar la normal competencia del mercado. Empresas lácteas y ganaderos han establecido relaciones de colaboración mutua para generar un marco estable y duradero de negocio.

La judicialización puede aruinar este escenario de diálogo y provocar un retroceso en todo lo logrado hasta ahora, señalan esas fuentes del sector. Insisten en que una buena parte de los recursos que la industria dedica al fomento ganadero en conjunto puede desparecer si hay que dedicarlos a solventar procesos judiciales.

Las empresas afectadas son Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone España, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva Food), Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña.