Chamartín, Berrocales... Ábalos revoluciona el urbanismo madrileño en plenas elecciones

La propuesta que llevó ayer el PSOE a la mesa de negociación con Unidas Podemos sobre la futura ley de vivienda es toda una revolución para el urbanismo madrileño, ya que, tal y como está redactada actualmente, alcanza al grueso de los grandes desarrollos que están en tramitación: Operación Chamartín, Berrocales, Ahijnes, Valdecarros, Los Carriles, Los Cerros, o la futura Operación Campamento, entre otros.

La propuesta socialista establece "un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, tanto en actuaciones de nueva urbanización como en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, que deberá recogerse en la legislación sobre ordenación territorial o urbanística".

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Cada comunidad autónoma tiene ya regulado un porcentaje de suelo que debe destinarse a vivienda con algún tipo de protección en los nuevos desarrollos urbanísticos, marca que como mínimo es del 30%, pero que en la región madrileña, por ejemplo, alcanza el 50%.

Esto significa que, en el conjunto del país, al menos el 15% de las viviendas de todos los nuevos barrios aún por arrancar deberán destinarse al alquiler, porcentaje que en la Comunidad de Madrid llegará al 25%, o lo que es lo mismo, a una de cada cuatro nuevas viviendas.

¿Y cuáles serán esos futuros desarrollos afectados? Todos aquellos que no pongan en juego la seguridad jurídica ya reconocida en la propiedad del suelo, es decir, todos aquellos sectores en los que todavía no haya reparto de suelos, cargas y beneficios entre propietarios, de forma que ese reparto se podrá hacer ya con esa condición. En cambio, no se aplicará a los suelos ya pormenorizados o sobre solares de zonas consolidadas, según explican desde el Ministerio de Transportes.

En el conjunto del país, al menos el 15% de las viviendas de todos los nuevos barrios aún por arrancar deberán destinarse al alquiler

Fuentes consultadas por este medio explican que, con esa redacción, estarían sometidos a esta nueva norma todos aquellos desarrollos que, cuando entrara en vigor la futura ley de viviendas, todavía no contaran con el proyecto de reparcelación económica, que es la figura que recoge cuánto dinero debe poner y qué beneficio prevé sacar con su parcela concreta ya asignada cada propietario de cada suelo.

Sobre esta base, y con todas las reservas y casuísticas que conlleva estar hablando de una propuesta, tal y como se ha llevado a la mesa de negociación, esta norma alcanzaría a Operación Chamartín que todavía no tiene el convenio de gestión, porque está actualmente terminando el convenio marco, y, cuando este se complete, se harán los de las cuatro juntas de compensación que tendrá este megadesarollo y que todavía están pendientes de conformarse.

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Una diferencia de este proyecto, la actuación urbanística más importante de toda España, es que es anterior a la normativa que obliga en Madrid a destinar la mitad de los terrenos a viviendas con algún tipo de proyección. De hecho, originariamente solo estaba obligado a un 10%, pero el anterior ejecutivo de Manuela Carmena obligó a elevarlo al 22%, y el proyecto final contempla que 4.000 de las 11.000 viviendas que tendrá que ser protegidas.

Sobre estos 4.000 hogares, que en su inmensa mayoría serán propiedad de las administraciones públicas, la novedad que introduciría la nueva ley de vivienda que negocian PSOE y Unidas Podemos, con la vista puesta en aprobarla cuanto antes, sería destinar a alquiler asequible el 50%, es decir, que al menos 2.000 viviendas de la futura Operación Chamartín serían de renta protegida.

La otra gran bolsa de suelo en tramitación en la capital son los futuros barrios del sur de la capital como Los Cerros, Valdecarros, Berrocales y Ahijones. Los dos primeros tienen el planeamiento aprobado, pero les falta el convenio de gestión y los proyectos de reparcelación y urbanización, mientras que los otros dos tienen el convenio de gestión, pero les faltaría el resto.

Todos ellos forman parte de la iniciativa conocida como Desarrollos del Sureste, un ambicioso plan que también incluye barrios ya más avanzados como El Cañaveral (que quedaría fuera de esta exigencia de alquiler) y que está llamado a promover más de 100.000 viviendas, de las cuales la mitad tendrá algún tipo de protección, es decir, 50.000 viviendas.

Estos números conllevan que estos futuros barrios podrían convertirse en la gran plataforma para desarrollar rentas asequibles en la capital, al tener que destinar el 50% de las viviendas con protección a alquiler.

Adicional al Plan Vive

La propuesta que negocian PSOE y Podemos es adicional al Plan Vive que ya tiene en marcha la Comunidad de Madrid y que prevé destinar 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público, repartidos en 43 municipios de la región y dirigido a construir 15.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler.

Como publicó este medio, el próximo 13 de abril es la fecha prevista para que las promotoras interesadas presenten sus ofertas al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, cita a la que, previsiblemente, acudirán Neinor, Culmia y Aedas, tres de las mayores inmobiliarias de España.