PWC defiende las tasaciones del Popular y descarta que haya activos sobrevalorados
Los técnicos del Banco de España declararon que aunque la metodología cumplía con la normativa internacional, contravenía la "propia política contable establecida por el Consejo"
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La consultora PwC ha remitido al juez que investiga en la Audiencia Nacional a los dos últimos equipos del Banco Popular la información requerida por éste sobre los trabajos de auditoría de activos adjudicados y sus tasaciones de los estados financieros de 30 de junio de 2017.
El de las tasaciones ha sido un asunto recurrente en la instrucción por parte del titular del juzgado central nº 4, José Luis Calama, sobre todo después de que los peritos del Banco de España pusieran reparos en las tasaciones efectuadas por el banco hasta finales de 2016, cuando estaba al frente de la entidad Ángel Ron.
Los técnicos del Banco de España, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, declararon en sede judicial que aunque la metodología cumplía con la normativa internacional, contravenía la "propia política contable establecida por el Consejo", que rechazaba el uso de compañías que no figurasen en el registro.
Según ellos, se produjeron sobrevaloraciones "de manera sistemática", y han recordado que el Banco de España ya detectó en sus inspecciones una serie de activos que arrastraban tales problemas.
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En la documentación entregada ahora por PwC, la firma relata que ya en 2014 se llevó a cabo la revisión de aproximadamente 10.000 tasaciones, muchas de ellas de activos adjudicados, y solo se identificaron diferencias por un importe de unos 30 millones de euros (un 0,3 % del importe del valor neto contable de los activos adjudicados, considerado irrelevante).
Este examen, realizado a instancias del Banco Central Europeo (BCE) a 123 entidades de la zona del euro, confirma la "razonabilidad" de las cifras y del proceso de activos adjudicados y sus tasaciones a efectos de la auditoría del Banco Popular, añade PwC.
En los ejercicios 2015 y 2016, el banco procedió a actualizar tasaciones y, de acuerdo con la normativa vigente, utilizó las tasaciones actualizadas como valor de referencia para la estimación del deterioro de los activos adjudicados.
Cabe destacar, señala la documentación, que alrededor del 95 % de las tasaciones utilizadas en la estimación de deterioro de los activos adjudicados por el Banco Popular a 31 de diciembre de 2016 estaban realizadas por sociedades de tasación homologadas y supervisadas por el Banco de España.
De este proceso estaban al tanto los organismos reguladores y supervisores, puntualiza.
En octubre de 2016 entró en vigor una circular -con un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2017- para la actualización de las tasaciones, que introdujo numerosos cambios en los criterios.
Tras la primera aplicación de la nueva normativa, la dotación por deterioro de activos adjudicados en el ejercicio 2016 fue de 1.254 millones de euros, y con fecha 31 de diciembre se constató que el 76 % de los activos adjudicados ya con tasaciones actualizadas cumplían con los nuevos requisitos.
No existían, por lo tanto, indicios de la potencial existencia de una infra o sobrevaloración en las tasaciones que pudiera afectar a la valoración de los activos adjudicados, concluye PwC.
Con el cambio de presidente y de parte de la dirección del Popular en febrero de 2017, se intentó adelantar a junio de ese año el proceso de retasación requerido por la normativa, en vez de hacerlo en diciembre, como era lo requerido.
Fruto de este trabajo se constató un incremento de valor en 34.249 activos y un descenso de valor en otros 42.185 entre el cierre de 2916 y el primer semestre de 2017; al cierre del 2016, el 76 % del valor neto contable contaba con tasaciones actualizadas, un porcentaje que se elevaba al 86 % en junio de 2017.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
La consultora PwC ha remitido al juez que investiga en la Audiencia Nacional a los dos últimos equipos del Banco Popular la información requerida por éste sobre los trabajos de auditoría de activos adjudicados y sus tasaciones de los estados financieros de 30 de junio de 2017.