Operación Chamartín se topa con la guerra política a las puertas de su estación de destino

La guerra política desatada en la Comunidad de Madrid amenaza con paralizar la Administración madrileña en un momento crítico para la economía del país, con miles de compañías al borde de colapso, un millón de personas buscando empleo y un tejido empresarial exhortando a las administraciones diligencia para evitar perder un solo euro de los 140.000 millones que podría recibir España de Europa.

Entre el enorme abanico de proyectos que se ven ahora atrapados por la incertidumbre que se vive en la región, tras el adelanto electoral convocado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y las mociones de censura de PSOE y Más Madrid, figura Operación Chamartín.

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El mayor desarrollo urbanístico de Europa, rebautizado como Madrid Nuevo Norte, contaba las semanas que faltaban para superar su último gran trámite administrativo, la firma del convenio entre todas las partes, cuando este miércoles saltaron por los aires las endebles costuras del Ejecutivo madrileño.

Según las fuentes consultadas, antes de que estallara el maremoto capitalino, todas las partes estaban trabajando con la vista en tener listo el convenio para abril, horizonte que ahora se vislumbra algo más incierto en sus plazos por el impacto que esta guerra política pueda tener en el funcionamiento de la maquinaria administrativa.

El convenio es la formalización de todos los compromisos que ha asumido cada una de las partes: ayuntamiento, comunidad, Adif y el promotor privado DCN. Se trata de un trámite administrativo y, por tanto, 'a priori' está menos expuesto a las consecuencias de un adelanto electoral, que inevitablemente conllevará tener un tiempo un Gobierno en funciones.

Sin embargo, también es cierto que la maquinaria pública, en los periodos electorales, dilata sus plazos y tanto los cuerpos técnicos como los primeros niveles directivos tienden a retrasar las decisiones y las firmas hasta tener claro cuál será el reparto de poderes y la nueva jerarquía.

El arranque definitivo de Chamartín está pendiente ya solo de firmar el convenio entre todas las partes

A este 'modus operandi' se une que Ayuso, tras romper con Ciudadanos, está cesando a todas las personas de confianza de la formación naranja, lo que amenaza con incidir negativamente en el normal funcionamiento de la Administración regional.

Tras el cese fulminante de su exvicepresidente Ignacio Aguado y de los consejeros de Ciudadanos que formaban parte de su equipo de gobierno, se han producido las salidas de los equipos de gabinete y de decenas de cargos de confianza, marchas a las que ha seguido la de un aluvión de altos cargos de las consejerías, a los que se empezó a llamar ayer, movimiento que desde Ciudadanos temen que seguirá hoy.

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Entre las consejerías afectadas, figuran algunas clave, como Transportes, que ha vivido ya la salida del consejero Ángel Garrido, cuyas competencias han sido encomendadas a David Pérez, responsable de Vivienda y Administración Local.

En la formación naranja, se teme que la caza de brujas en cadena que está viviendo pueda llegar a los primeros niveles directivos de esta consejería, lo que jugaría en contra de inyectar diligencia a los pocos trámites que siguen faltando para poder firmar el convenio y, con él, conseguir la aprobación definitiva que habilitará a Distrito Castellana Norte (DCN), empresa controlada por BBVA, Merlin y San José, para comprar los terrenos a Adif, estación de destino de todos estos trabajos.

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Entre los puntos que faltan por firmar, figura un convenio marco con la Comunidad de Madrid y otros parciales de Medio Ambiente, relacionados con el Canal de Isabel II, y Transportes, ligados a obras del metro. “En principio, no debería tener mayor problema, pero es verdad que la situación de interinidad afecta, genera inquietud, hay que ver quién releva, y tampoco se puede olvidar que cuando queda poco tiempo para elecciones, los funcionarios se retraen”, señalan desde la formación naranja.

Aunque estas firmas terminarán retrasándose por la crisis que vive la región, las fuentes consultadas creen que apenas sería cuestión de semanas o, como mucho, de unos pocos meses, lo que en ningún caso pondría en riesgo la adquisición de los terrenos a Adif, operación valorada en 1.000 millones, cheque con el que cuenta la empresa pública para abordar la reforma de la estación.

Sin embargo, cuando se cumplen 17 años de aquel terrorífico 11-M que impidió firmar el plan de Operación Chamartín que había aprobado el por entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y visto el proceder de la clase política española, la prudencia invita a dejar siempre abierta una puerta a la cautela. Al menos, hasta que los hechos hablen por sí solos.