Las CCAA dejan fuera de la primera oleada de vacunación a cientos de guarderías
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FRENTE A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

Las CCAA dejan fuera de la primera oleada de vacunación a cientos de guarderías

Los profesionales de las guarderías que no son centros de Educación Infantil con licencia autonómica no recibirán vacuna contra el covid en un primer momento

placeholder Foto: Imagen de una guardería. (EFE)
Imagen de una guardería. (EFE)

Indignación y protestas entre miles de padres y trabajadores de guarderías. Los planes autonómicos que se van conociendo para llevar las vacunas contra el coronavirus llegan ya a la educación, incluyendo centros públicos, concertados y privados de enseñanza Secundaria, Primaria e Infantil. Pero en este último punto se quedan fuera cientos de guarderías.

El Gobierno y las comunidades autónomas han trabajado en líneas generales para implementar un sistema de vacunación que ya se ha desplegado en residencias o personal médico en contacto con pacientes de covid. Ahora, los ejecutivos autonómicos están desarrollando en función del volumen de vacunas disponibles y sus prioridades los siguientes pasos, que empiezan a provocar quejas en distintos colectivos.

Foto: Imagen de una guardería en Madrid. (EFE)

Uno de ellos es el de las guarderías privadas que no son centros de Educación Infantil. En ambos casos, son centros que cuentan con licencia municipal para trabajar con niños, pero mientras que los segundos cuentan con autorización autonómica por requisitos del número de docentes y cuidadores, su titulación o el espacio disponible, las guarderías están en un limbo legal. De hecho, en varias comunidades autónomas, pelean por estar en algún listado oficial y ser reguladas e inspeccionadas.

En los dos últimos años, ya ha habido pelea por parte de muchas madres que llevan a sus niños a este tipo de guarderías por la deducción de 1.000 euros para gastos. La redacción de la ley por parte de Hacienda en los Presupuestos de 2018, aún con Cristóbal Montoro, estableció que es para facilitar la conciliación familiar y profesional ayudando con los gastos en el cuidado de los niños, pero en el desarrollo reglamentario se fijó que era para cuestiones educativas.

Ahora, vuelve a haber quejas en estas guarderías con la vacunación. Varias comunidades autónomas ya han anunciado planes para vacunar a docentes del sistema educativo. Se trata de la vacuna AstraZeneca para profesionales con una edad inferior a los 55 años, lo que también ha provocado quejas en los sindicatos por discriminar a los que superan esta edad y que, por la menor efectividad de esta vacuna (70%), no la recibirán.

placeholder La vacunación está en marcha. (EFE)
La vacunación está en marcha. (EFE)

En España, hay 5.000 centros de Educación Infantil, según datos de la Asociación de Centros de Educación Infantil (Aceim), pero no hay registros para saber cuántas guarderías hay con licencia municipal pero no autonómica. Pero en varias comunidades autónomas hay más guarderías que centros de Educación Infantil.

En Aragón, por ejemplo, ya se ha abierto la campaña de vacunación en los centros educativos. El proceso en esta comunidad, como está siendo habitual, es que Educación facilite a Sanidad el listado de centros y sus docentes, sean trabajadores en plantilla o por cuenta propia. Las guarderías se han enterado y, tras ponerse en contacto con ambas consejerías, se han llevado un no por respuesta a la posibilidad de recibir vacunación en la primera oleada.

La asociación de guarderías de Zaragoza Aceinzar representa en la capital aragonesa a casi 50 guarderías con cerca de 200 profesionales, que no serán vacunados. “Hemos contactado con Educación y Sanidad y se limitan a decirnos que no habrá vacunas en nuestros centros porque no tienen el listado, y tampoco dejan que se lo facilitemos. Nos sentimos discriminados”, lamenta su presidenta, Mari Cruz Español.

Lo mismo ocurre en Navarra, donde un grupo de 60 guarderías lleva años peleando por estar en algún listado autonómico

Lo mismo ocurre en Navarra, donde un grupo de 60 guarderías lleva años peleando por estar en algún listado autonómico y, ahora, se han encontrado en la misma situación. No habrá vacunas, al menos en un primer momento. Donde han tenido más suerte es en Cantabria, pero solo para una minoría de guarderías.

En concreto, la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles de Cantabria (Asguesin), que está dentro de la CEOE cántabra, ha conseguido a través de la patronal un compromiso de que se vacunará también en los centros que ha facilitado en un listado. Pero son 12 guarderías y hay muchas más que no están adscritas a la asociación.

Limbo legal

De esta forma, en los intentos autonómicos de reducir el riesgo de contagios del coronavirus en centros educativos, hay una brecha a través de centenares, o miles, de guarderías. De fondo, además, vuelve a verse el limbo legal en el que están estos centros, autorizados por los municipios para operar por salubridad y otros requisitos pero no por las comunidades autónomas, que tienen entre sí diferentes criterios.

Esta situación ha provocado una disputa con Hacienda. Muchas madres se han puesto a reclamar la deducción de 1.000 euros y, de hecho, se ha creado una asociación para facilitar el proceso y prestar asesoramiento, la Asociación de Personas Afectadas por la Deducción de Gastos en Guarderías en el IRPF. Con su argumento, el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Cantabria ya ha fallado a favor de una madre en su reclamación contra Hacienda.

Asimismo, hay una proposición no de ley (PNL) registrada en la Mesa del Congreso por parte del PP para llevar al pleno este asunto, con la petición de que se modifique el reglamento del IRPF para que la deducción se extienda a todas las madres con niños en guarderías. El TEAR de Cantabria aseguró que el reglamento se extralimitó al cambiar el sentido de la ley, que tiene un rango superior.

Por otro lado, algunas patronales critican que estos centros son ilegales. Así lo aseguran la asociación Aceim y también Acade, la Asociación de Centros Autonómicos de Enseñanza Privada. Ambas patronales argumentan que la deducción debe ser solo para los centros de Educación Infantil y aseguran que el resto de guarderías son ilegales.

Foto: Imagen de una guardería. (EFE)

“Cualquier tipo de establecimiento empresarial precisa de la licencia municipal para su funcionamiento, sea un bar, un comercio o un taller. Pero si se trata de un centro de Educación Infantil, precisa obligatoriamente la autorización de la Administración autonómica. Los centros que carecen de tal autorización no son centros educativos, son establecimientos con una autorización municipal para ejercer una actividad distinta a la educativa (ludotecas, parques infantiles, espacios para la realización de fiestas y eventos, etc.), por tanto, estamos hablando de establecimientos con una autorización municipal de uso no educativo y que en ocasiones están ofertando y ejerciendo de forma ilegal como centros educativos, sin tener ningún control para tal actividad”, critica Juan Santiago, presidente de Acade.

“Muchas de nuestras guarderías son anteriores al trasvase de competencias y la imposición de nuevos requisitos. Nos echaron con la nueva legislación”, lamenta por su parte Mari Carmen Español, presidenta de Aceinzar. “El problema es que, cuando se legisló, se copiaron y pegaron los requisitos del segundo ciclo a los del primer ciclo educativo, de cero a tres años, cuando la casuística es diferente. Es verdad que hay ludotecas u otros centros que abren con autorización para cuidar niños en horario de ocio y acaban ofertándose como guarderías, pero en general somos centros con docentes titulados que queremos estar regulados e inspeccionados”, agrega Rosa Angulo, presidenta de la asociación cántabra Asguesin.

¿Y cómo de difícil es tener la autorización autonómica que distingue unos centros de otros? “Esa es la clave de todo. Se quiere presentar esto de la autorización autonómica como una mera cuestión burocrática o de papeleo, pero no es así”, denuncia Juan Santiago, de Acade, que prosigue: “Para obtener la autorización de la autonomía, es preciso ser ‘centro de Educación Infantil’, y para ello hay que cumplir una serie de condiciones que varían según la autonomía, pero que en todo caso son muy estrictas, dado lo vulnerable del colectivo de alumnos que se escolarizan. Estas condiciones establecen, entre otras muchas cuestiones, el número mínimo de docentes por alumnos, medidas en función del uso del espacio, la titulación mínima exigida para cada puesto profesional, el cumplimiento de medidas de higiene y seguridad, y hasta la carencia de antecedentes penales de los empleados en materia de delitos sexuales. Cumplir todo ello, incluyendo el convenio colectivo del sector, es realmente muy costoso, y si hubiera otras empresas que sin esta autorización pueden beneficiarse de deducciones para gastos educativos, estaríamos ante un claro escenario de competencia desleal y de un gran riesgo para sus usuarios, al tratarse de una actividad sin control de las autoridades competentes para el ejercicio de la actividad educativa”.

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