Guerra de denuncias anónimas contra Ron y Saracho por la quiebra de Popular

Guerra por tierra, mar y aire en el caso Banco Popular. La Audiencia Nacional ha recibido en las últimas semanas dos denuncias anónimas en el caso que instruye la resolución del quinto banco español en 2017. Todo apunta a trapos sucios entre exdirectivos de la entidad. La primera se dirigió contra Ángel Ron por la compra del coche de empresa, y fue enviada por parte de la Audiencia a los juzgados de plaza Castilla. La segunda, contra Emilio Saracho, ha sido rechazada por parte del juez José Luis Calama.

Estas dos denuncias reflejan la polarización del caso que investiga la Audiencia desde hace tres años y medio, en el que ha habido una oleada de nuevas imputaciones de exdirectivos durante los últimos meses.

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La primera denuncia en presentarse fue la dirigida contra Ron, por quedarse el coche de empresa que tenía en el banco, valorado en 120.000 euros. Llegó a la Fiscalía Anticorrupción el 27 de agosto, y esta la remitió en enero a la Audiencia para su análisis por parte del juez Calama. A pesar de las alegaciones de Ron, demostrando con facturas que pagó el coche y con correos electrónicos que lo negoció con la entidad, el magistrado decidió enviar la denuncia a los juzgados de plaza Castilla para que decidan si se instruye o se archiva.

Unos días después de entrar esta denuncia en la Audiencia, llegó la dirigida contra Saracho. En un escrito de cuatro páginas, acusan al expresidente de presuntos conflictos de interés por su pasado en JP Morgan, alegando que se le permitió cobrar por adelantado una pensión de 90 millones a cambio de dar un futuro mandato de venta de Popular. Además, los denunciantes anónimos le acusan de cobrar y pagar comisiones para que Santander acabara quedándose la entidad.

Enfado del juez

Esta acumulación de denuncias anónimas, en particular la última, ha irritado aparentemente al juez Calama, que en un auto deja claro que no va a admitir ningún tipo de maniobra similar.

"La denuncia a que se refiere esta resolución, remitida originariamente a la Fiscalía Anticorrupción, hace un relato de hechos sin ningún soporte documental, más allá de referencias a noticias publicadas en prensa financiera. Su precariedad indiciaria hace indefectible su inadmisión a trámite. Si el anónimo denunciante quisiera identificarse y aportar elementos de prueba de los hechos que consigna en su denuncia, este instructor reconsideraría su decisión. Obviamente, las denuncias anónimas que se presenten en el futuro, sin fundamento indiciario, correrán la misma suerte, a saber: su inadmisión a trámite", expone el auto, del pasado lunes.

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Estas denuncias llegan en un momento de especial tensión en el caso Banco Popular, después de las nuevas líneas de investigación impulsadas por el juez y las imputaciones de exdirectivos de la cúpula de Ron.

La Audiencia está pidiendo diversas pruebas sobre la presunta financiación irregular para la compra de acciones en la ampliación de junio de 2017. Junto a ello, otra de las líneas de investigación son las tasaciones inmobiliarias, sobre las que ha pedido un informe pericial. Además, el juez ha pedido nuevas pruebas sobre las sociedades luxemburguesas con las que el banco habría evitado realizar provisiones millonarias.