La guerra de informes técnicos atasca 4 años el mega Zara de Valencia, una inversión de 10M

El proyecto con el que Inditex pretende reorientar toda su estrategia de puntos de venta en el centro de Valencia se ha convertido en un quebradero de cabeza para la cotizada de Arteixo y para la inmobiliaria valenciana Ballester Ríos, con la que se ha aliado para sacarlo adelante. Los técnicos municipales del ayuntamiento que encabeza Joan Ribó han incorporado informes contradictorios sobre el encaje urbanístico y legal del plan de reforma del llamado Boulevard Austria, un espacio de más de 6.000 metros cuadrados que llevaba funcionado varios lustros como galería comercial multimarca y multilocal y que Inditex y Ballester pretenden reformar para transformarlo en una 'flagship store', una tienda enseña de Zara que sustituya a varias que ahora tiene desperdigadas por la zona centro de la capital de la Comunidad Valenciana.

La iniciativa nace al menos cuatro años atrás, cuando Inditex acordó con la empresa de los Ballester, Galería Don Juan de Austria S.L., arrendar este espacio y acometer una reforma integral para transformarlo en un establecimiento de 4.946 metros cuadrados de superficie destinados a almacenar ropa de Zara, de los cuales casi 4.000 serán de venta al público. La familia Ballester inició una negociación con sus inquilinos, casi una veintena, para desalojarlos con el fin de vaciar el espacio y que Zara pudiera iniciar las obras, con una inversión estimada de 10 millones de euros y una estimación de personal en plantilla de 80 personas. La previsión es que una vez abierta esta megatienda echen el cierre otros establecimientos de Zara situados en el entorno de la calle Colón, en la milla de oro de la ciudad.

En marzo de 2017, se produjeron las primeras conversaciones a nivel institucional y con los responsables del servicio de Actividades, que se tradujeron en la presentación en febrero de 2018 de la primera solicitud de renovación de la licencia. Ante la ausencia de respuesta por parte de los técnicos y tras más de tres años de reuniones, modificaciones en las solicitudes y una nueva petición de certificado de compatibilidad urbanística, la inmobiliaria valenciana dirigió en abril del año pasado un duro escrito a la concejalía competente, en manos de Lucía Beamud (Compromís). En el documento, la familia Ballester reprochó la pasividad del Servicio de Actividades a la hora de contestar y advertía del "enorme perjuicio" que le generaba la situación. "Seguimos con el local cerrado, sin poderlo dedicar a la actividad comercial y soportando unos costes millonarios que ya son insostenibles".

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Sin embargo, el primer informe elaborado por los técnicos de Actividades no pudo ser más desfavorable para los intereses de Ballester e Inditex. Un documento de 28 páginas, fechado en noviembre del año pasado, firmado por el jefe de servicio de la sección urbanística de la zona sur, Francisco Aguilar, y refrendado en diciembre por Francisco Tamarit, jefe de sección adjunto a la Jefatura del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valencia, niega la compatibilidad urbanística del proyecto. El informe, al que ha accedido El Confidencial, señala que la actividad propuesta se corresponde con lo que burocráticamente se clasifica como terciario comercial 2 (Tco2), un uso prohibido para nuevas instalaciones por el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales de Ciutat Vella-San Francesc, que agrupa a los barrios con mayor densidad comercial de la ciudad, situados en el centro.

En el trasfondo del conflicto están las opiniones encontradas sobre si se trata de un nuevo proyecto o una mera continuidad del que hasta ahora existía en el Boulevard Austria, con licencia de actividad desde 1998. "La modificación sustancial de la actividad que comporta la propuesta y la solicitud de nuevo título habilitante que motiva esta suponen la consideración de la actividad de nueva implantación", escribe Aguilar. Es decir, considera que la entrada de Zara en el Boulevard Austria como operador único otorga una naturaleza distinta a la que existía.

El Plan de Especial Protección de Ciutat Vella limita las nuevas superficies comerciales, dando cobertura al consenso entre la mayor parte de operadores de que la densidad actual es adecuada para garantizar la competencia. En su escrito a la concejala de Actividades, los Ballester insisten de forma reiterada en que su iniciativa comenzó a tramitarse cuando todavía no había sido aprobado de forma definitiva el PEP y que, por tanto, debería darse por buena la licencia existente. "El local cuenta con licencia otorgada por el ayuntamiento para el mismo uso desde 1998 y lo que pretendemos no es más que una adaptación del mismo a las necesidades de un nuevo operador. Lo que se pudo dar en 1998 ¿ahora no se puede, cuando la norma urbanística es la misma?", se escribe en la carta a la que tuvo acceso El Confidencial.

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Pese a la opinión desfavorable del técnico de Actividades, el proyecto podría recibir luz verde gracias a la aparición en escena de un tercer protagonista, el secretario del área de Urbanismo, Manuel Latorre, que ha refrendado un informe paralelo de Marisa Alcántara, técnico de administración general (TAG), quien a su vez ha informado favorablemente. La intervención de Latorre en este tipo de expedientes ligados a licencias de actividad no es habitual y en ámbitos municipales se ha interpretado como una voluntad clara de contrarrestar el bloqueo de Aguilar, un funcionario con fama de inflexible y de eternizar procedimientos.

Aguilar es el mismo jefe de servicio que propició el cese de la actividad de Convent Carmen, un espacio sociocultural ubicado en el barrio del Carmen ahora clausurado. Los promotores de este espacio llegaron a intentar recusar en vano a Aguilar por "íntima amistad" con el arquitecto Roberto Santatecla, de la entidad Amics del Carme, que había denunciado a Covent Carmen. La Concejalía rechazó la recusación, según publicó 'Valencia Plaza'.

Curiosamente, Manuel Latorre ya ha aparecido en otros embrollos burocráticos ligados a los Ballester, en este caso de los primos Ballester Tovar. El secretario del área de Urbanismo es el ideólogo del plan para trasladar a Inmobiiaria Guadalmedina derechos de edificabilidad de una parcela tras el edificio de Tabacalera a otra en el barrio de Penya-Roja, con el fin de librar al Ayuntamiento de Valencia de una millonaria reclamación patrimonial de la misma familia, presentada después de que el Tribunal Supremo anulase una permuta previa en favor de los Ballester durante la etapa de Rita Barberá al frente de la alcaldía.