Los fondos de la trama de la Iglesia intentan echar de su casa a una anciana en plena pandemia

Hace un año, Charo se hizo viral. El 16 de marzo de 2020, en los primeros días del confinamiento nacional decretado para combatir la pandemia del covid-19, sus vecinos de la madrileña calle Churruca se unieron para cantarle 'cumpleaños feliz' a través del patio de luces de su edificio, a la sazón, uno de los 14 inmuebles que la fundación Fusara había vendido meses antes a un entramado societario que llega hasta las Islas Caimán y que enlaza con financieros de renombre, como Álvaro Portanet, cuñado de Alejandro Agag, y grandes fondos internacionales, como Castlelake y Ares.

Hoy, por desgracia, Charo vuelve a ser noticia. Según han denunciado sus vecinos, Roberto de Juan, el hombre que figura como administrador único de las sociedades que adquirieron estos edificios, y al que algunos expertos consultados por este medio consideran un testaferro, ha enviado un burofax a la anciana emplazándola a abandonar su vivienda en el plazo de un mes. Poco importan el 'escudo social' del que tanto habla el Gobierno, la tercera ola de la pandemia o los 81 años que está a punto de cumplir esta vecina de Lavapiés. Para De Juan y los fondos que tiene detrás, Charo deberá entregar las llaves el próximo 28 de febrero porque ha expirado su contrato.

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'A priori', alguien podría pensar que esta historia es una de tantas sobre inquilinos que quieren continuar en su vivienda y caseros interesados en subir rentas o hacer otros negocios más rentables. Pero la realidad va más allá. La historia de Charo se enmarca dentro de otra mucho más amplia y que tiene que ver con la existencia de una presunta trama inmobiliaria que habría expoliado el patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica, causa que ha llevado al propio papa Francisco a respaldar la investigación interna que abrió el año pasado el cardenal Carlos Osoro y llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Esta venta también está siendo investigada por los tribunales desde hace un año y el propio De Juan figura entre los imputados, junto a varios responsables e intermediarios que aprobaron esta operación. ¿Qué pasará si, finalmente, la Justicia anula esta venta?, ¿quién resarcirá entonces a Charo si la anciana termina viéndose obligada a abandonar su vivienda porque los tiempos de la Justicia son más lentos que los de los fondos inmobiliarios?

Por el momento, hace menos de una semana, el pasado 27 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el auto que imputa a todos los investigados, y desestimó el recurso de apelación que interpusieron los querellados, solicitando el archivo de la causa y mandando seguir adelante con la instrucción.

Fusara es el acrónimo de Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio, una entidad civil en la forma, aunque en el fondo ha estado históricamente ligada al Arzobispado de Madrid, al haberse encomendado al mismo la presidencia del patronato. Eso sí, en esta labor de velar por el correcto funcionamiento de la institución, la Iglesia católica ha estado siempre acompañada por el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno, ya que ambos poderes civiles son también patronos.

Este medio se ha puesto en contacto con las tres partes para recabar su opinión sobre este burofax y para saber si van a emprender alguna acción al respecto. El Arzobispado ha respondido, en su figura de patrono presidente de Fusara: "No tenemos constancia oficial del hecho pero, en cualquier caso, y como siempre ha sido la voluntad del patronato, estamos a disposición de una persona en situación de vulnerabilidad para ayudar en lo que sea posible. A través de la defensa de los inquilinos, ya hemos manifestado nuestra preocupación por el caso. La fundación ya está personada para defender sus intereses y no permitirá que se perjudique a terceros inocentes".

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Desde la Delegación del Gobierno en Madrid, han pedido unas horas para poder valorar el caso y hacer una declaración formal del mismo. Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, sobre la que recayó esta fundación, han declinado pronunciarse como patronos, pero, como consistorio, han aclarado que "el ayuntamiento siempre lleva a cabo una valoración de la situación, además de una intermediación con el juzgado y, si se valora como necesario, se ofrecen recursos de alojamiento alternativos".

Este medio también ha intentado recabar la versión tanto de Roberto de Juan como de los fondos financiadores de Tapiamar y del resto de sociedades a través de las cuales se estructuró la compra de las viviendas de Fusara, pero no ha recibido respuesta al momento de publicar esta información.

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Desde el bufete Sevil-Perelló, representante legal de los vecinos afectados por la venta de las viviendas de Fusara, han asegurado a El Confidencial que este tipo de cartas las están recibiendo continuamente y que "están resolviendo todos los contratos a la fecha de su vencimiento, sin ninguna explicación y sin dar a los vecinos ninguna opción de renegociar sus contratos".

La consecuencia directa de la estrategia seguida por Tapiamar es que los edificios se están quedando vacíos y descuidados, ya que, según los vecinos, desde que Tapiamar se hizo con la gestión de estos inmuebles, no se están atendiendo las reparaciones ordinarias, como las goteras.