Fainé reúne los consejos de La Caixa y Criteria tras la opa hostil sobre Naturgy

Isidre Fainé, el gran hombre de La Caixa, recibió la semana pasada la oferta pública de adquisición (opa) de IFM por Naturgy con una diferencia respecto a los otros dos socios de referencia en gasista. Mientras CVC y GIP se comprometieron por escrito a no acudir a la oferta, Fainé decidió guardar sus cartas y no comprometerse a nada. El veterano banquero ha convocado esta semana a su guardia de corps para analizar la operación, en la que la caja catalana tiene un papel esencial.

Según han confirmado fuentes próximas a la transacción, Fainé —presidente de la Fundación Bancaria la Caixa y de Criteria, el brazo inversor de la entidad financiera— ha convocado el próximo 4 de febrero el patronato y el consejo de administración de ambas sociedades para estudiar cómo afecta esta opa al inversor más longevo del grupo gasista. El banquero quiere conocer especialmente, en un acto oficial del órgano de gobierno, los puntos de vista de Isabel Estapé y de Marcelino Armenter, las dos personas que defienden los intereses de la caja en el consejo de administración de Naturgy.

Fuentes próximas a Criteria, que es dueña del 24,4% de Naturgy, indican que tanto la reunión del patronato de La Caixa como la del 'holding' industrial y financiero de la caja ya estaban convocadas con antelación al lanzamiento de la oferta por parte de IFM, por lo que tiene un carácter puramente ordinario, sin que se vaya a adoptar ninguna decisión formal sobre la operación. Agregan que la posición se comunicará cuando la opa sea lanzada oficialmente una vez sea aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Pero, al margen de la posición diplomática, fuentes financieras destacan la relevancia de este encuentro, por ser la primera reunión tanto del patronato de La Caixa como de Criteria tras la irrupción de IFM. El banquero ha encajado muy mal que CVC Capital Partners, que entró en Naturgy en febrero de 2018 tras invertir 3.700 millones, y Global Infraestructura Partners (GIP), que lo hizo en 2016, tuvieran conocimiento antes que él de las intenciones del fondo australiano, cuyos portavoces se han volcado en los últimos días en hacer pública su admiración por el modelo inversor de la caja catalana.

Estos dos fondos de 'private equity' comunicaron el mismo día de la publicación de la opa que no venderían sus participaciones del 20% cada uno en la multinacional energética, por lo que se deduce que ya habían hablado previamente con IFM. Una conversación que no había existido con La Caixa, que se enteró con apenas 72 horas de antelación. Por tanto, las convocatorias del patronato de La Caixa y del consejo de administración de Criteria tienen especial trascendencia, porque se espera que Fainé ponga sobre la mesa sus primeras impresiones.

Pendiente de Moncloa

Según otras fuentes, el banquero ya ha mantenido sus primeras conversaciones con el Gobierno, que tiene que dar su autorización para la compra del 22,7% por parte de IFM, al considerar Naturgy empresa estratégica. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una ley que protege a las compañías calificadas esenciales para el país y que prohíbe la compra de más del 10% por parte de grupos fuera de la Unión Europea.

Por tanto, tiene que dar su visto bueno a esta adquisición, sobre la que el PSOE y Unidas Podemos tienen percepciones distintas. Mientras el Partido Socialista se mantiene neutral, pero ve con buenos ojos la llegada de capital extranjero, la agrupación de Pablo Iglesias mira con recelo la compra de una empresa eléctrica con dinero de fondos con sedes en jurisdicciones fiscales con fama de laxas. Las sociedades últimas desde las que IFM lanza la opa se apoyan en sociedades en las Islas Caimán, un país que hasta octubre del año pasado no cumplía con los requisitos de la Unión Europea para no ser considerado un paraíso fiscal.

Fuentes financieras indican que Fainé no va a adoptar ninguna decisión que sea contraria a la posición final que adopte Moncloa. Especialmente, porque La Caixa ya se ha beneficiado de la fusión con Bankia, entidad que recibió inyecciones públicas de capital por 24.000 millones de euros en 2012 y traspasó activos a la Sareb por un precio 12.000 millones superior a su valor de mercado, según las estimaciones de la Comisión Europea.