Nuevo frente de las 'revolving': un juez admite el primer gran caso contra Santander
Un juzgado madrileño estudia una acción de cesación contra las tarjetas 'revolving' de Santander Consumer Finance. El banco tiene unos 500 millones en estos productos
Nuevo frente judicial por las tarjetas 'revolving'. Banco Santander afronta su primer gran caso con estos polémicos productos ante una demanda colectiva admitida por los tribunales. En este caso, ha sido el Juzgado número 4 de lo Mercantil de Madrid, que el pasado 28 de diciembre abrió un caso presentado por la asociación Asufin para que se anulen las cláusulas 'revolving' de todas las tarjetas de Santander Consumer Finance (SCF). Desde la entidad, no hicieron comentarios.
Hasta ahora, la mayor parte de las demandas se han centrado en financieras como WiZink —Antiguo Bancopopular-e—, Carrefour y Cetelem, que controlan gran parte de este mercado. Pero los bufetes y asociaciones especializadas han dado un giro en los últimos meses para centrarse también en otras entidades que comercializan estos productos. Según un informe del año pasado de Mediobanca, las entidades más expuestas son CaixaBank (con 1.900 millones), Bankinter (670 millones) y Santander (540 millones).
La demanda colectiva de Asufin, liderada por el abogado Fernando Gavín, apunta directamente a una cláusula de las tarjetas 'revolving' de SCF, la 10.2.1: "Modalidad cuota fija 'revolving". Esta impone unas condiciones que, según la demanda, "en ningún caso cumplen con los requisitos de transparencia, claridad, concreción y sencillez, no siendo comprensibles a nivel intelectual ni, en ocasiones, a nivel físico, dejando al adherente en una situación de total desprotección".
La asociación sostiene que las condiciones de esta cláusula no están claras, sino dispersas a lo largo de todo el contrato, incluidos la TAE (tasa anual equivalente), el modo de amortización, los límites temporales y otros factores. "Después de su lectura, un consumidor medio con conocimientos medios y perspicaz, no puede conocer de forma clara cuál es el precio, ni como se aplican los pagos a la deuda e interés, ni en qué circunstancias la flexibilización de las cuotas afecta a la amortización, ni en qué circunstancias la entidad demandada puede modificar el precio del contrato unilateralmente", expone el escrito.
Consecuencias
Los demandantes piden que Santander Consumer Finance retire esta cláusula de todos sus contratos y dé al juzgado un listado de todos sus clientes con una de estas condiciones. Otra posibilidad es que la sentencia, en caso de inclinarse del lado de Asufin, se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en periódicos de difusión nacional, para que cualquier beneficiario pueda exigir que retiren la cláusula.
Este tipo de acciones de cesación es todavía minoritario en España. De las pocas sentencias que ha habido a favor de los demandantes, también la consiguió Asufin contra Santander, por las hipotecas Tranquilidad de Banesto, aunque fue recurrida. En el caso de las 'revolving', ya hay una acción colectiva admitida contra WiZink.
"Esta demanda es muy novedosa en materia 'revolving' porque por primera vez se pone el foco en la transparencia. Tenemos que recordar que aunque hemos ganado sentencias por transparencia en juzgados de primera instancia, nuestro alto tribunal no se ha pronunciado aún sobre este tema, pese a que lo dejó entrever en su sentencia de marzo. Para todos los que sufren las consecuencias de una 'revolving' dramáticamente opaca, es muy importante", señala Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
WiZink, Carrefour, Cetelem, CaixaBank y Santander son los más expuestos a 'revolving'
El frente de las tarjetas 'revolving' se aceleró con una oleada de demandas entre 2017 y 2019, que incluso tumbaron la salida a bolsa de WiZink. Esta situación forzó al Tribunal Supremo a volver a dictar una sentencia el pasado mes de marzo, en la que se dio a entender que los tipos de estas tarjetas no pueden superar el 20% y que han de ser transparentes.
El Gobierno también ha tomado cartas en el asunto, con una orden ministerial dictada antes de verano en la que impone a las entidades evaluar la solvencia de sus clientes antes de vender tarjetas 'revolving' y se fijan nuevos requisitos de transparencia.
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