Santander no localiza 50.000 tasaciones de inmuebles de Popular pedidas por el juez

Si no existieran los 'pendrives', la nube y otros avances tecnológicos, Banco Santander hubiera tenido que desembarcar este lunes con un camión repleto de documentos en la Audiencia Nacional. Se trata de todas las tasaciones de Banco Popular que reclamó en septiembre el juez José Luis Calama. El banco presidido por Ana Botín ha remitido al tribunal un disco duro con 173.000 documentos que incluyen 276.000 valoraciones inmobiliarias. Aun así, hay unas 50.000 tasaciones que no ha podido localizar en los archivos del antiguo banco presidido por Ángel Ron y Emilio Saracho.

Las pruebas enviadas ahora por Santander son clave para el caso. Parte de la investigación que instruye la Audiencia Nacional gira sobre si Popular infló sus tasaciones para ofrecer una imagen más saneada al mercado. De hecho, una inspección del Banco Central Europeo (BCE) detectó valoraciones sobrevaloradas en un 27%.

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Por ello, el juez Calama, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pidió el inventario de todos los activos adjudicados de Popular entre 2014 y junio de 2017 —fecha de la resolución y venta a Santander—, sus tasaciones y que dos inspectores del Banco de España analicen en un informe pericial si hubo irregularidades.

En su escrito del pasado lunes, Santander destaca que ha tenido involucrado durante los últimos cuatro meses a un equipo "significativo" de profesionales para reunir toda la información, y que incluso ha volcado todos los datos en ficheros Excel para "facilitar notablemente la labor de los peritos judiciales". Fuentes próximas a la entidad destacan el esfuerzo de búsqueda sin precedentes, ya que han tenido que reunir y organizar ficheros de otra entidad muy anteriores a su adquisición por parte de Santander.

Tasaciones desaparecidas

La incógnita pende sobre las 50.000 tasaciones que el primer banco español no ha encontrado, un 16% del total. Santander explica en su escrito que hay 32.777 informes que no ha localizado, por su antigüedad —20.000 eran de 2014— u otras causas.

Las otras 17.000 valoraciones desaparecidas son tasaciones automáticas —conocidas como AVM ('automated valuation model') en el sector— que Sociedad de Tasación hizo de algunos de los peores pisos de Popular. Al tener poco valor, se recurrió a estos informes casi automáticos y 'low cost', pero el banco nunca recibió los certificados al llegar su resolución y la venta de su ladrillo a Blackstone, exponen fuentes del grupo.

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Hay otros 1.356 inmuebles de los que Santander no ha encontrado tasaciones porque se decidió directamente no darles ningún valor. En el caso de los adjudicados de Popular en Portugal, unos 11.000, Santander ha encontrado todos.

Junto al informe del BCE, el último presidente de Popular antes de la resolución, Emilio Saracho, declaró en la Audiencia que se "quedó asombrado" al ver que todas las retasaciones que hizo en la primera mitad de 2017 arrojaban nuevas pérdidas para el banco, a pesar del crecimiento que estaba registrando entonces el mercado inmobiliario.

Esta causa judicial, que arrancó hace ya tres años y medio, está actualmente centrada en la financiación de acciones en la ampliación de capital de 2016 y en las tasaciones. Santander tiene un papel delicado en este caso, ya que llegó a estar imputado como persona jurídica como heredero de Popular, y es uno de los responsables civiles de lo que determine el juzgado.